La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) exigió al Estado venezolano que tome “medidas urgentes” para resolver la situación de los considerados presos políticos, quienes -agregó- están en centros de detención bajo condiciones “profundamente inhumanas” y que “han empeorado gravemente en los últimos tiempos”, según denuncias que asegura ha recibido.
A través de su cuenta en X, JEP también denunció el “retardo procesal”, lo que consideró “perpetúa la violación del derecho a un debido proceso”.
“Esta falta de transparencia y celeridad en los procedimientos judiciales aumenta la desconfianza en el sistema de justicia y en las garantías fundamentales de protección de los derechos de los detenidos”, indicó JEP el 4 de abril.
Por tanto, hizo un llamado al Estado a “poner fin a estas prácticas, garantizando que las condiciones de detención se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos”.
Exigen atención médica para periodista detenido
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) exigió el 4 de abril una “atención médica especializada” para el periodista José Gregorio Camero, detenido desde hace más de ocho meses en Venezuela, quien padece -según reportaron familiares- “problemas cardíacos”.
A través de X, el OVP compartió un video de la esposa del periodista, Egda Graterol, quien hizo un llamado a Nicolás Maduro y al fiscal general, Tarek William Saab, para que se revise la causa judicial de Camero, a quien considera detenido de forma “arbitraria” desde el 3 de agosto de 2024, en el contexto de la crisis posterior a las elecciones presidenciales de julio de ese año.
“No hemos obtenido ninguna respuesta de los entes a los que hemos acudido”, indicó Graterol, al tiempo que alertó que el estado de salud del periodista “se ha ido deteriorando en los últimos meses”.
Al respecto, el OVP indicó que los “informes forenses” han “confirmado” el “delicado estado” de Camero y agregó que estos documentos “están en manos de su defensor público”.
“Sin embargo, pese a los reiterados pedidos de su familia para que se le conceda una medida humanitaria, las autoridades han hecho caso omiso”, aseguró la organización no gubernamental, que también exigió que se le permita a Camero el acceso a un abogado de confianza, además de su liberación inmediata y sin restricciones.
Piden mecanismos “efectivos” para la liberación de presos políticos
Por otra parte, JEP pidió al Estado “asumir la responsabilidad de poner en marcha mecanismos efectivos que aseguren la liberación inmediata de los presos políticos”, que son 903, según la ONG Foro Penal, de los cuales 815 son hombres y 88 mujeres.
De este grupo, según Foro Penal, la mayoría fueron detenidos tras las presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando se desataron protestas contra la victoria proclamada por el ente electoral a favor de Nicolás Maduro, un resultado que la mayor coalición opositora considera fraudulento.
Tanto Maduro como el fiscal general califican a los detenidos poselectorales como “terroristas” y aseguran que no son presos políticos, sino que cometieron delitos.
Con información de EFE
