La Casa Blanca anunció que apelará la decisión de la jueza de Indira Talwani, quien bloqueó la revocación del parole humanitario para ciudadanos venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses, también conocido como programa CHNV.
“Otra jueza distrital rebelde está tratando de bloquear los esfuerzos de deportación masiva del gobierno. Lucharemos en contra en los tribunales”, dijo Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, en una rueda de prensa el martes 15 de abril.
Leavitt aseguró que estuvo hablando con los abogados del Ejecutivo. Sin embargo, no ofreció más detalles sobre la apelación que presentarán ante el tribunal.
Talwani dictaminó que el gobierno de Donald Trump no podía revocar masivamente un programa de protección sin que se cumplan sus plazos naturales. El fallo determinó que cada beneficio tiene una duración de dos años desde el momento en el que fue otorgado, por lo que ese tiempo debe cumplirse antes de ser eliminado.
Asimismo, señala que el gobierno estadounidense intenta eliminar otros programas de protección, deberá revisar cada caso individualmente.
“El gobierno debe respetar el período autorizado para cada beneficiario, tal como fue aprobado en el marco del programa migratorio establecido”, indicó la jueza en su resolución.
El parole humanitario permite a personas de esos cuatro países solicitar desde sus naciones de origen un permiso para ingresar legalmente a EE UU, siempre que cuenten con un patrocinador con residencia legal en el país. Los beneficiarios pueden residir y trabajar legalmente en el país hasta por dos años.
Los argumentos de la jueza
El argumento de la funcionaria fue que el gobierno de Trump no actuó dentro de los límites regulatorios establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo al pretender reducir el plazo de dos años para el fin del programa.
“Los demandados no han ofrecido ninguna razón sustancial ni interés público que justifique obligar a las personas a quienes se les concedió el permiso de permanencia temporal en Estados Unidos por un periodo específico a salir (o a obtener un estatus indocumentado) antes de la fecha original de vencimiento de su libertad condicional”, escribió Talwani en su sentencia publicada el 14 de abril.
Agregó que tampoco es de interés público que cientos de miles de personas “ya no se consideren legalmente presentes en el país, de modo que no pueden trabajar legalmente en sus comunidades ni mantenerse a sí mismos y a sus familias”.
La demanda contra esta medida de Trump fue presentada por un grupo de migrantes con libertad condicional y sus patrocinadores en EE UU. Estos demandantes argumentaron que la eliminación masiva del programa generaría grandes daños a miles de personas.
La sentencia, reseñada por el portal CNN en Español, reveló que el Departamento de Justicia de EE UU no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios sobre el fallo.
Tras la decisión, los abogados de la parte demandante expresaron su alivio y sostuvieron que la decisión de quitar un beneficio de este tipo masivamente tendrá graves consecuencias para los afectados.
“En nombre de todos aquellos que llegaron a Estados Unidos a través del programa CHNV, hicieron todo lo que el gobierno les pidió y han estado viviendo con el temor de que su estatus legal y sus permisos de trabajo les fueran retirados el 24 de abril, nos sentimos aliviados por la decisión del tribunal, que se basa tanto en el daño que estas personas sufrirían como en su probabilidad de ganar este caso”, declaró Anwen Hughes, abogada y directora de estrategia legal para los programas de refugiados de Human Rights First.
