Human Rights Watch (HRW) publicó el 30 de abril su informe Castigados por buscar un cambio: asesinatos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias tras las elecciones de 2024 en Venezuela, en el que señaló la comisión de abusos generalizados en el país por parte de autoridades estatales y los denominados colectivos a partir de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
El documento detalló las denuncias que recibieron sobre violaciones de derechos humanos perpetradas contra manifestantes, transeúntes, líderes de la oposición y voces críticas durante las protestas posteriores al proceso electoral.
De acuerdo con la investigación de HRW, se estableció una conexión entre las autoridades venezolanas y los grupos armados progubernamentales (colectivos) con agresiones en contra de manifestantes, desapariciones forzadas de miembros de la oposición, detenciones, procesos judiciales arbitrarios contra civiles, incluyendo adolescentes, así como también alegaciones de tortura y malos tratos a personas bajo custodia del Estado.
“El gobierno venezolano habría incurrido en asesinatos, torturas, detenciones y desapariciones de personas que manifestaron su apoyo a la democracia en Venezuela. La comunidad internacional debería reafirmar su compromiso por la democracia y los derechos humanos en Venezuela y presionar para que el gobierno de Nicolás Maduro rinda cuentas por las atrocidades que ha cometido”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW en el informe.
¿Cómo fue la elaboración del informe de HRW?
Human Rights Watch realizó 101 entrevistas entre julio de 2024 y abril de 2025, que abarcaron testimonios de víctimas y sus familiares, testigos, defensores de derechos humanos, periodistas y otras fuentes locales, tanto de forma remota como presencial.
Adicionalmente, la organización analizó y verificó 76 videos y 17 fotografías difundidas en redes sociales o proporcionadas directamente a los investigadores, certificados de defunción de personas que murieron durante las protestas y documentación relacionada con detenciones y procesos judiciales.
El informe de HRW documentó la muerte de 24 manifestantes y transeúntes durante las protestas posteriores a las elecciones, que de acuerdo con la evidencia recabada por la organización apunta a la presunta responsabilidad de las fuerzas de seguridad venezolanas en algunos de estos casos, mientras que en otros se señala la posible implicación de los “colectivos”.
“Inicialmente, las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos y efectuaron detenciones durante las manifestaciones, las cuales habrían sido seguidas por agresiones o actos de intimidación por parte de integrantes de los colectivos dirigidos a quienes continuaban protestando”, se lee en el documento de HRW.
La organización también reseñó que desde las elecciones, se registraron más de 2.000 personas detenidas por protestar, criticar al gobierno o apoyar a la oposición, a quienes las autoridades acusaron a cientos de delitos definidos de manera amplia como “incitación al odio” y “terrorismo”, que acarrean penas de hasta 30 años de cárcel.
Desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias
El informe también documentó varios casos de presunta desaparición forzada, lo que habría obligado a familiares de los afectados a realizar búsquedas en diversos centros de detención e incluso morgues. Entre esos casos se incluyen miembros de la oposición y sus familiares, así como ciudadanos extranjeros, de acuerdo con HRW.
Como ejemplos de estos casos mencionaron el del ciudadano colombiano Manuel Tique, de 32 años y trabajador del Consejo Danés para los Refugiados, quien fue detenido el 14 de septiembre de 2024 mientras cruzaba la frontera terrestre colombo-venezolana por motivos laborales.
“Las autoridades venezolanas se han negado a proporcionar información a los familiares sobre el paradero de Tique o los cargos penales que se le imputan. Su familia sospecha que se encuentra en la cárcel Rodeo I, de acuerdo con información obtenida por una persona que estuvo detenida allí”, resaltó la organización.
También indicó el caso de Lucas Hunter, un turista franco-americano de 37 años, quien se comunicó con su hermana para informar sobre su detención por fuerzas de seguridad venezolanas cerca de la frontera con Colombia el 8 de enero de 2025.
HRW destacó que desde entonces su familia no ha tenido noticias de él, y las autoridades han negado información sobre su paradero y el motivo de su detención.
El ente internacional también registró la presunta detención arbitraria de un grupo de personas por parte de las autoridades venezolanas, con alegaciones de flagrante violación del debido proceso. El informe señaló que a muchos se les negó la asistencia de un abogado privado o el acceso a sus expedientes.
Entre estos casos, indicó la detención de Jesús Armas, exconcejal de Caracas, quien fue presuntamente detenido por la fuerza por individuos encapuchados al salir de una cafetería en la ciudad el 10 de diciembre de 2024. Posteriormente, durante casi una semana, las autoridades se negaron a informar sobre su paradero o a aceptar la solicitud de habeas corpus presentada por su familia.
De acuerdo con el documento de HRW, Armas permanece detenido sin acceso a visitas de su familia o abogado.
Esfuerzos internacionales
La investigación de HRW documentó que desde el inicio de la represión, cientos de venezolanos abandonaron el país en busca de protección internacional, de los cuales algunos enfrentan sistemas de asilo con demoras en América Latina y procesos de reasentamiento en Estados Unidos suspendidos por la administración de Donald Trump.
El ente sugiere que la administración Trump estaría priorizando la cooperación en temas migratorios y la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela por encima de esfuerzos más amplios para defender los derechos humanos y el estado de derecho en el país.
“Dado el peso diplomático de Estados Unidos en la región y la preocupación por la migración en América Latina, es probable que otros gobiernos adopten enfoques similares”, señaló el informe.
HRW recomendó que los esfuerzos internacionales se enfoquen en contrarrestar el sistema de incentivos del gobierno de Maduro, con el apoyo a iniciativas que garanticen la rendición de cuentas, incluyendo la imposición de sanciones individuales y el respaldo al trabajo de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y de la Corte Penal Internacional (CPI).
“Con ocho millones de venezolanos en el extranjero, la situación en Venezuela constituye la crisis de derechos humanos con más consecuencias para el hemisferio. Una respuesta internacional sostenida y basada en principios claros es crucial para toda la región”, acotó Goebertus en el documento.
Human Rights Watch también exhortó a los gobiernos extranjeros a ampliar la asistencia dirigida a organizaciones de la sociedad civil venezolana, periodistas independientes y organizaciones que defienden la democracia y los derechos humanos, así como a aumentar la protección para las personas que se ven forzadas a abandonar el país.
