El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció el sábado 10 de mayo la posible desaparición forzada del abogado Eduardo Torres, miembro del equipo de exigibilidad legal de la organización no gubernamental (ONG).
De acuerdo con la organización, el abogado fue visto por última vez la tarde del viernes 9 de mayo en Parque Central, Caracas, luego de salir de una reunión. Después de comunicarse con su familia, se dirigió de regreso a su residencia, en la avenida Fuerzas Armadas, pero nunca llegó.
“Expresamos nuestra preocupación debido a la alta probabilidad de que nuestro compañero Eduardo Torres se encuentre en condición de detención y desaparición forzada, debido a su labor como activista de DD HH y dadas las constantes amenazas en su contra”, alertó la organización en su cuenta de X.
Sin noticias
Emiselys Núñez, esposa del activista desaparecido, se dirigió el 10 de mayo a El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), acompañada por otros miembros de Provea. Indicó que los funcionarios de guardia negaron que Torres estuviera detenido allí y aseguraron no tener ninguna información sobre su paradero.
Agregó que continuará recorriendo diferentes centros de reclusión en Caracas en busca de Torres. Confirmó que el abogado había sufrido amenazas los días previos, aunque sin dar mayores detalles. Para las 2:20 pm, Provea informó que ya había visitado los comandos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Maripérez, Zona 7 de Boleíta y Petare, así como de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Cabe destacar que organizaciones como las Naciones Unidas, así como la propia Provea, han denunciado que la desaparición forzada de corta duración es una de las prácticas más comunes del gobierno en Venezuela al momento de detener a disidentes políticos.
Informes de la Misión de Determinación de Hechos de la Comisión de Derechos Humanos han documentado cómo organismos como el Sebin, entre otros cuerpos de seguridad, niegan tener a una persona detenida cuando sí está allí, manteniéndola incomunicada hasta su presentación en tribunales, mucho tiempo después del lapso de 48 horas que establece la ley.
Denuncian ola de persecución
La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) alertó el 8 de mayo sobre una “nueva escalada de persecución política en el país”. Esto tras una serie de allanamientos, detenciones y actos de hostigamiento por parte de cuerpos de seguridad del Estado contra activistas, dirigentes políticos y ciudadanos en los últimos días.
Por ejemplo, el 5 de mayo se reportó la detención del secretario de formación del partido Proyecto Venezuela, Rafael Antonio Torres, mientras estaba en su casa en Los Teques, estado Miranda. Ese mismo día, funcionarios armados y encapuchados se llevaron al diseñador y comerciante Raúl Amiel en San Cristóbal, estado Táchira.
Igualmente, el 6 de mayo agentes arrestaron en su casa a Mario Chávez Cohen, periodista y militante del Partido Democrático de Centro (PDC), en Carabobo. En todos los casos, el patrón común es que se trataría de presuntos funcionarios del Sebin, y hasta la fecha se desconoce la ubicación de los detenidos.
El 7 de mayo, el médico Omar Vergel y la abogada Merlina Carrero fueron detenidos en San Cristóbal. Ambos pertenecen respectivamente a las organizaciones Médicos Unidos y Creemos Alianza Ciudadana, este último con persecución contra otros miembros que lograron escapar. Permanecieron recluidos en la sede del Sebin en Táchira, hasta que fueron liberados el 9 de mayo sin haber pasado por tribunales.
