Representantes del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) acudieron el 11 de mayo al Palacio de Justicia de Caracas para presentar un recurso de habeas corpus para su activista Eduardo Torres. Esto luego de que pasaran más de 48 horas sin conocerse su paradero, lo que consideraron un caso de desaparición forzada.
Acompañados por la esposa de Torres, Emiselys Núñez, solicitaron a las autoridades judiciales exigir a los diferentes cuerpos policiales y militares dar información sobre la ubicación del abogado. La organización contó en su cuenta de X que la última vez que se tuvo comunicación con Torres fue la tarde del 9 de mayo, cuando salió de una reunión en Parque Central y se dirigía de regreso a su casa. Aseguró además tener fuertes sospechas de que pudo ser detenido por algún organismo de seguridad.
“De confirmarse su detención por parte de agentes de seguridad del Estado, estaríamos ante un nuevo caso de desaparición forzada y en tal sentido exigimos pleno cumplimiento del artículo 44 de la Constitución y del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, que establecen el derecho a la defensa y la obligación de presentación ante tribunales dentro de las 48 horas”, acotó.
Sin rastro
Desde el 10 de mayo, Núñez y el equipo de Provea han recorrido varios centros policiales y militares en busca de Torres. Desde El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), hasta comandos en los que normalmente se suele recluir a detenidos por razones políticas, como la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en Boleíta, o la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
En ninguno de los recintos visitados dieron información sobre Torres. Provea recordó que una de las prácticas de estos organismos de seguridad ha sido la incomunicación de los detenidos por varios días, violando el derecho al debido proceso al impedirles contactar a sus abogados. Igualmente, en muchos casos los funcionarios han negado tener detenidos a desaparecidos, revelándose luego que sí estaban allí al momento de ser presentados en tribunales.
“Recordamos que la desaparición forzada es una estrategia dirigida a generar terror en las víctimas, extendiendo esta sensación a su círculo de familiares y amigos”, indicó en X.
Medidas cautelares
Ante la posibilidad de que Torres sea víctima de una detención forzada, Provea señaló que el abogado está protegido por las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió a favor de la organización en abril de 2024. Esta resolución a su vez es una extensión de medidas similares emitidas en 2015 y 2019 ante la persecución sistemática que sus activistas han sufrido.
Así, la CIDH ha instado al Estado venezolano a garantizar la vida e integridad física de los miembros de Provea, así como de permitir que puedan desarrollar sus actividades sin ser objeto de violencia, amenazas u hostigamiento.
“Pese a las acciones adoptadas para lograr una respuesta por parte del Estado, no se recibió información reciente que indique que viene adoptando medidas de protección a favor de las actuales personas beneficiarias. Por el contrario, la información disponible indica que agentes estatales, entre ellas, altas autoridades, vienen tomando acciones en contra de estas personas, lo que ha intensificado la situación de riesgo”, lamentó la CIDH en su última resolución sobre Provea.
Esto incluye el acoso y difamación a la organización y sus miembros desde medios de comunicación estatales, órdenes de obstaculizar su trabajo de defensa de derechos humanos en instituciones públicas o actos de coacción.
Un ejemplo de esto fue la citación del director de Provea, Óscar Murillo, a comparecer ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) el 20 de noviembre de 2024, en una investigación por “incitación al odio”. Esto luego de que la ONG exigiera esclarecer la muerte del dirigente político Edwin Santos en Barinas.
