Un grupo de venezolanos, en torno probablemente a 250, podrían estar en una situación de desaparición forzada en El Salvador en vista de la «completa incertidumbre» sobre su paradero y la situación en la que se encuentran tras ser deportados de Estados Unidos a ese país, dijo este martes 13 de mayo la ONU.
«Hasta la fecha, ni las autoridades estadounidenses ni las salvadoreñas han publicado listas oficiales de los detenidos, y su situación legal en El Salvador sigue sin estar clara», señaló a la prensa la portavoz de este organismo, Liz Throsell.
Comentó que «muchos de los familiares entrevistados por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU expresaron su profunda angustia por no saber dónde y en qué circunstancias están sus seres queridos».
En respuesta a varias preguntas de periodistas, la portavoz dijo que -en vista de que no se sabe lo ocurrido a esas personas y con las violaciones de los derechos humanos que se teme pueden estar ocurriendo en el centro de detención salvadoreño al que son enviados los deportados- se justifican la inquietud de que pueda tratarse de desapariciones forzadas, de acuerdo a lo que estipula el derecho humanitario internacional.

Según datos oficiales estadounidenses, citados por la portavoz, del 20 de enero al 29 de abril, 142.000 personas fueron deportadas desde Estados Unidos a distintas partes del mundo, pero «la suerte y el paradero de al menos 245 venezolanos y unos 30 salvadoreños expulsados a El Salvador siguen sin esclarecerse».
Muchos de ellos fueron deportados en virtud del Alien Enemies Act (Ley de Enemigos Extranjeros) como presuntos miembros de grupos criminales y se supone que están detenidos en el centro de máxima seguridad Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo).
En esas instalaciones los detenidos reciben un «trato particularmente duro, sin acceso a representación legal o a sus familiares y sin otro contacto con el mundo exterior», sostuvo Throssell.
La ONU se comunicó con los familiares
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU también indicó que ha obtenido información, a través de familiares y abogados, sobre más de 100 venezolanos que estarían detenidos en el Cecot.
«Esta información indica que muchos de los detenidos no fueron informados de la intención del gobierno de Estados Unidos de deportarlos para ser detenidos en un tercer país, que muchos no tuvieron acceso a un abogado y que no pudieron recurrir la legalidad de su deportación antes de ser expulsados», explicó.
En tal situación, varios derechos fundamentales están en cuestión, incluidos los derechos a las garantías procesales, a la protección frente a la detención arbitraria, a la igualdad ante la ley y a la protección contra la tortura.
«La forma en que algunos fueron detenidos y deportados, incluso encadenados, así como la retórica degradante contra las personas migrantes, también ha sido extremadamente preocupante», recalcó el organismo de la ONU.
Denuncia ante la CIDH
El pronunciamiento de la ONU surge tan solo días después de que un grupo de más de 12 familias de migrantes venezolanos encarcelados en El Salvador presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidiendo su libertad.
El documento, que fue entregado por una coalición de cuatro organizaciones estadounidenses, solicita a la CIDH que emita una medida de emergencia en contra del gobierno salvadoreño de Nayib Bukele por la “detención ilegal de cientos de individuos transferidos de manera forzosa e irregular” al país centroamericano.

La demanda revela que los migrantes llevan más de dos meses incomunicados y pide que la CIDH obligue a El Salvador a “cumplir con sus obligaciones legales internacionales” y coopere con EE UU para poner en libertad a los detenidos.
“Esto es un fracaso moral y legal de dos gobiernos y una emergencia de derechos humanos que exige atención global,” dijo Bella Mosselmans, directora del Consejo Global de Litigio Estratégico (GSLC), una de las organizaciones demandantes, en un comunicado.
Mosselmans acusó además a EE UU de estar conspirando para “despojar” a cientos de personas de “sus derechos y su libertad”.
“Estados Unidos y El Salvador han coludido para despojar a cientos de personas, incluyendo a muchos individuos con solicitudes de asilo pendientes en EE UU, de sus derechos y su libertad”.
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