En lo que va de mayo de 2025, el presidente de Argentina, Javier Milei, mencionó varias veces que llevaría a cabo una reforma migratoria enfocada principalmente en los servicios públicos de salud y educación superior, así como el endurecimiento de las deportaciones. Estas modificaciones se volvieron oficiales el jueves 29 de mayo y llevan por nombre Decreto de Necesidad y Urgencia.
El Decreto 366/2025 fue publicado en el Boletín Oficial e introduce una actualización de la Ley de Migraciones N° 25.871, la Ley de Educación Superior N° 24.521, la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y la Ley de Ciudadanía N° 346.
“Por las crisis políticas y sociales que sufren diversos países se desencadenan movimientos migratorios con mayor frecuencia que en tiempos anteriores, lo que ha llevado a que nuestro país experimente la afluencia masiva de migrantes», se lee en la norma.
Asimismo, el gobierno de Milei argumentó que la medida derivó de las políticas de deportación que ha implementado Estados Unidos en los últimos meses. En ese sentido, señalaron que Argentina “necesita” reforzar la capacidad del Estado para gestionar posibles flujos migratorios.
Declaraciones del gobierno argentino
El 14 de mayo, Manuel Adorni, secretario de Comunicación y Medios, ofreció declaraciones a la prensa en las que explicó que la reforma migratoria incluye “severas restricciones”, como la eliminación de la atención médica gratuita en hospitales públicos para extranjeros no residentes, así como la implementación de aranceles para estudiantes no residentes y el endurecimiento de las deportaciones.
De acuerdo con el vocero de la Casa Rosada, los ajustes en el Decreto de Necesidad y Urgencia tienen como propósito impulsar el “orden en las fronteras” y cuidar la integridad de los ciudadanos argentinos.
“Queremos seguir recibiendo a aquellos que vienen a construir un país más libre y más próspero, pero tenemos que saber recibir a quienes estén dispuestos a colaborar dentro del marco de la ley y tener la firmeza para expulsar a quienes incumplen las normas de nuestro territorio”, se lee en la página web de gobierno argentino.
Deportación de migrantes
La reforma migratoria endurece los motivos que permite a los migrantes el ingreso a ese país, así como deportaciones y la cancelación de la residencia permanente en los casos que apliquen.
Algunas de las causas son: omisión de información de antecedentes penales o condena, realizar acciones ilegales para obtener beneficios migratorios, tener prohibido el ingreso a Argentina, tener antecedentes por delitos con penas de tres o más años.
Sumado a esto, también califican las personas que incurran en genocidio, crímenes de guerra, terrorismo o lesa humanidad, o que hayan participado en actividades terroristas o contrarias al sistema democrático; haber sido condenado por promover o facilitar ingreso ilegal; intentar ingresar eludiendo controles o haber egresado en cumplimiento de extradición. Tampoco permitirá el ingreso a migrantes condenados por penas por delito doloso contra la vida, integridad sexual o poderes públicos y orden constitucional.
No obstante, el Decreto de Necesidad y Urgencia admite a extranjeros con impedimentos por razones humanitarias, reunificación familiar o afectación grave de derechos de menores.
En el caso de la cancelación de residencia y posterior deportación ocurrirá si el migrante obtener beneficios migratorios con por medio de fraude o falsificación de documentos, haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de libertad con condena de cinco o más años y por permanecer fuera del país más de un año en el caso de tener residencia permanente sin justificación o autorización.
Dicha ley establece que la expulsión motivada en la participación o comisión de un delito doloso implica una prohibición de reingreso permanente. Mientras que la expulsión no fundada en delito implica una prohibición de reingreso por un mínimo de cinco años.
Ciudadanía argentina
El Decreto de Necesidad y Urgencia también estableció que la obtención de la ciudadanía solo podrá otorgarse a quienes hayan residido en Argentina durante al menos dos años consecutivos o hayan realizado una inversión significativa en el país.
Para recibir la residencia permanente, las personas que la soliciten están obligadas a comprobar sus ingresos y no tener antecedentes penales.
El representante del gobierno de Javier Milei señaló que aproximadamente 1,7 millones de migrantes de distintas nacionalidades ingresaron a Argentina en los últimos 20 años.
En el caso de los turistas que deseen viajar a territorio argentino, deberán presentar un seguro médico de viajes.
Sumado a esto, el Ejecutivo argentino transfirió la competencia del otorgamiento de la ciudadanía, que antes correspondía al Poder Judicial, pasó a estar bajo la tutela de la Dirección Nacional de Migrantes.
Entre los requisitos para solicitar la residencia para migrantes mayores de edad (18 años), se mantiene la presentación de la acreditación por haber vivido en Argentina de forma continua y legal durante dos años.
Salud y educación para extranjeros
El Decreto de Necesidad y Urgencia también oficializó cambios en los sectores de salud y educación para la población migrante en Argentina.
De acuerdo con lo establecido, los extranjeros tendrán derecho a la asistencia social o atención sanitaria únicamente en casos de emergencia, cualquiera sea su situación migratoria.
En caso de que no se trate de una emergencia, se dará atención médica o sanitaria solo si el paciente presenta un seguro de salud o la previa cancelación del servicio. Esto solo aplica para extranjeros que no vivan de modo permanente en Argentina.
En el caso de la educación, la reforma migratoria mantiene las condiciones para el acceso a la educación en los niveles inicial, primaria y secundaria. Esto refiere a que
la irregularidad migratoria de un extranjero no impedirá su admisión como alumno en establecimientos educativos públicos o privados.
Pese a esto, la reforma de la ley sí afecta a la educación superior, debido a que establece que los estudios de grado serán gratuitos únicamente para los ciudadanos argentinos (nativos o por opción) y para los extranjeros que cuenten con residencia permanente en el país.
