Con esposas en las manos, caminando en fila como criminales peligrosos, los migrantes venezolanos detenidos en Estados Unidos ven en el avión que los espera afuera un mensaje claro: ya no son bienvenidos. Desde el regreso a la Casa Blanca del republicano Donald Trump para su segundo gobierno, sus políticas antiinmigración tomaron a los venezolanos como uno de sus principales objetivos.
Algunos guardaban la esperanza de ser deportados de regreso a Venezuela, pero el gobierno estadounidense tuvo un destino diferente para ellos. Sin poder avisarle a sus familias o abogados, fueron enviados a El Salvador, a más de 2.500 kilómetros de casa. Allí permanecen en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel creada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, y que ha estado bajo la lupa internacional por sus reportes de violaciones de derechos humanos.
Se trata de un grupo de migrantes a los que las autoridades estadounidenses señalaron de pertenecer al Tren de Aragua, una banda criminal venezolana que Trump acusa de “invadir” las comunidades de su país. Sin pruebas de su presunta culpabilidad ni un juicio apegado a la ley, muchos hombres han terminado en los lotes de venezolanos enviados al Cecot.
Todas estas imágenes de venezolanos tras las rejas, perseguidos por autoridades que se grabaron junto a ellos como trofeos de caza, forman parte de un aparato represivo articulado entre Estados Unidos y El Salvador. Uno que, basado en informaciones a medias o descontextualizadas, promueve la estigmatización de todo un gentilicio con fines políticos.
A continuación, El Diario presenta un repaso de los principales acontecimientos que han desembocado en la actual persecución contra migrantes venezolanos en Estados Unidos y su envío al Cecot.
Aumento de la migración venezolana a Estados Unidos
De acuerdo con el Pew Research Center, para el momento en el que Trump finalizó su primer gobierno (2017-2021) había alrededor de 640 mil venezolanos en Estados Unidos. En ese entonces, Venezuela vivía uno de los mayores éxodos del mundo, con más de 6 millones de migrantes estimados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la mayoría concentrados en países de Latinoamérica como Colombia, Perú y Chile.
Trump fue sucedido por el demócrata Joe Biden, quien entre otras medidas, otorgó en 2021 el Estatus de Protección Temporal (TPS) a aproximadamente 350 mil venezolanos. Esta cifra se elevó a 600 mil tras una segunda designación en 2023. Igualmente, Biden anunció en 2022 la aplicación del parole humanitario para más de 532 mil migrantes venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses.
Estas medidas le brindaban a los migrantes facilidades para su ingreso a Estados Unidos. También les permitía residir y trabajar de forma legal allí, considerando la situación crítica de sus países de origen.
Así, entre 2022 y 2024, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) reportó que más de 572 mil venezolanos ingresaron a ese país, sin contar el subregistro de migrantes que cruzaron la frontera de forma irregular en México. Es decir, que la población venezolana casi se duplicó en apenas dos años, con muchos llegando tras largas travesías por Centroamérica, y de cruzar pasajes peligrosos como la selva de Darién, entre Colombia y Panamá.
Campaña antiinmigración
Trump volvió a aspirar a la presidencia en 2024. Su discurso, que siempre estuvo en contra de la migración, se volvió más radical, prometiendo retomar las deportaciones inmediatas y cerrar la frontera con México. También cambió su postura sobre Venezuela y sus migrantes.
Para el republicano, los índices delictivos en Venezuela, antes considerado uno de los países más inseguros del mundo, se habían reducido en los últimos años debido a que el gobierno había expulsado a sus criminales a otros países. Usó rumores de redes sociales y fake news para señalar a los venezolanos como responsables del aumento de la delincuencia en ciudades estadounidenses.
En esa línea, prometió que su gobierno realizaría “la mayor deportación de la historia del país”, y que comenzaría con la expulsión de los venezolanos. Pero los ataques no pararon allí. Entre sus promesas de campaña también estuvo la eliminación del parole, así como de la aplicación CBP One, usada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para facilitar las solicitudes de asilo en la frontera.
Primeras medidas
Trump arrasó en las elecciones y tomó posesión para su segundo gobierno el 20 de enero de 2025. Ese mismo día, el mandatario derogó más de 78 decretos emitidos durante la administración de Biden, y firmó 26 órdenes ejecutivas, varias relacionadas al tema migratorio.
Entre las medidas ejecutadas estuvo la suspensión de la aplicación CBP One. También formalizó la revocación del parole humanitario, dejando automáticamente a sus beneficiarios en una situación de vulnerabilidad legal y propensos a deportaciones.
En un comunicado de la Casa Blanca, se informó la declaración del Tren de Aragua como organización terrorista, al igual que a la Mara Salvatrucha (MS-13) de El Salvador y dos cárteles de narcotráfico mexicanos. Previamente, Trump había señalado a la banda delictiva venezolana de operar en Estados Unidos bajo las órdenes del gobierno de Maduro.
Un día después, el 21 de enero, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) emprendió una iniciativa de detención masiva de migrantes conocida como la “Operación Safeguard”. El plan ya había comenzado a ser organizado semanas antes por agentes leales a Trump, a espaldas del aún en funciones gobierno de Biden.
Se realizaron redadas en varias ciudades, principalmente en aquellas consideradas como “santuarios” para migrantes, como Chicago, Nueva York y Los Ángeles. Para el 24 de enero, el ICE había concretado 538 arrestos en zonas urbanas, además de emitir 373 órdenes de captura de migrantes con antecedentes penales. La Casa Blanca confirmó luego que solo cinco de esas detenciones correspondieron a integrantes del Tren de Aragua.
Desde enero de 2024, informes de agencias federales comprobaron la presencia del Tren de Aragua en territorio estadounidense, pero por su alcance limitado, inicialmente el CBP solo lo ingresó en su lista de pandillas. No fue hasta el 11 de julio de ese año que el Departamento del Tesoro lo declaró una organización criminal transnacional, aunque más por su impacto en otros países como Perú y Chile.
Acercamiento con Venezuela
El gobierno venezolano siempre negó cualquier vinculación con el Tren de Aragua, asegurando que la banda criminal había sido desarticulada en el país entre 2021 y 2023. Aunque voceros de Washington aclararon que el gobierno de Trump no reconoce a Nicolás Maduro como presidente, de inmediato comenzaron los acercamientos entre ambos países a través del asesor Richard Grenell.
El enviado especial para Venezuela se reunió con Maduro el 31 de enero en el Palacio de Miraflores, en Caracas. La Casa Blanca aclaró luego que la visita tuvo como fin negociar la liberación de presos políticos estadounidenses en Venezuela, así como el envío de migrantes deportados de regreso al país.
Las gestiones de Grenell fueron favorables, pues se logró reanudar el protocolo de deportación con Venezuela, el cual estaba suspendido desde 2023. El 10 de febrero llegaron al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía los primeros vuelos con migrantes deportados. 190 venezolanos regresaron al país en dos aviones de la aerolínea estatal Conviasa, procedentes de Texas.
Entre Guantánamo y Maiquetía
Mientras se reanudaban los vuelos de repatriación, la administración de Trump inició un plan de reclusión de migrantes vinculados a pandillas criminales en la base naval de Guantánamo, ubicada en Cuba. El 4 de febrero se envió un primer grupo de 10 hombres señalados como miembros del Tren de Aragua. El proyecto se mantuvo las semanas posteriores hasta llegar a más de 200 venezolanos, la mayoría alojados en los campamentos 6 y 51 del Centro de Operaciones para Migrantes.
El 20 de febrero, un grupo de 177 venezolanos recluidos en Guantánamo fue enviado en un avión del ICE a Honduras, donde abordaron un avión de Conviasa a Venezuela. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, confirmó que ocho de los repatriados estaban solicitados en el país por homicidio.
Días después, el 23 de febrero, llegaría un tercer grupo con 272 venezolanos desde México, donde fueron dejados por el ICE. Cabello informó que este era el primero que incluía a mujeres y niños. El proceso se interrumpió cuando, el 4 de marzo, el gobierno estadounidense revocó la licencia a la empresa petrolera Chevron para operar en Venezuela. En represalia, el gobierno anunció el 9 de marzo la suspensión de los vuelos de repatriación.
Grenell afirmó que Washington y Caracas habían llegado a un nuevo acuerdo el 13 de marzo, pero los vuelos no se reanudaron de inmediato debido a complicaciones climáticas. No fue sino hasta el 24 de marzo que un grupo de 199 venezolanos llegó a Maiquetía desde Honduras. De acuerdo con cifras del gobierno de Maduro, para el 4 de julio alrededor de 6.972 venezolanos han regresado al país en diferentes vuelos.
Acuerdo con Bukele
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, visitó El Salvador a principios de febrero como parte de su gira por Centroamérica. Allí se reunió con el presidente Nayib Bukele, quien ofreció las cárceles de su país para alojar a migrantes de otras nacionalidades.
De acuerdo con el diario salvadoreño El Faro, El Salvador posee un 130 % de hacinamiento en sus cárceles, por lo que su plan se consideraba inviable. Sin embargo, los equipos de la Casa Blanca estudiaron la legalidad de la propuesta, que finalmente se aprobó.
Bukele apuntó con su oferta al Cecot. Inaugurada el 31 de enero de 2023, es actualmente la cárcel más grande de Latinoamérica y la tercera del mundo, en 23 hectáreas de instalaciones y hasta 140 hectáreas de terrenos altamente vigilados. Originalmente estaba destinada para miembros de pandillas como la MS-13 y Barrio 18, considerados terroristas por el gobierno salvadoreño.
El acuerdo con Estados Unidos permitía arrendar sus espacios a cambio de un pago anual de 20 mil dólares por cada detenido para el mantenimiento de la cárcel. Más adelante, Rubio reveló durante una entrevista el 11 de abril en el podcast de Donald Trump Jr. (hijo del presidente) que enviar a presuntos miembros del Tren de Aragua al Cecot costaba apenas “una fracción” del presupuesto necesario para albergarlos en cárceles estadounidenses.
Deportaciones a El Salvador
El 14 de marzo, Donald Trump firmó la proclamación presidencial 10903, que autorizó la detención y expulsión inmediata de cualquier miembro del Tren de Aragua en territorio estadounidense. Invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que otorga estas facultades al presidente, aunque solo en situaciones de guerra, “invasión o incursión depredadora».
En el caso del Tren de Aragua, el decreto señala que la pandilla ejecuta una “guerra irregular” contra Estados Unidos, auspiciada por el gobierno venezolano. Establece que “todos los ciudadanos venezolanos de 14 años de edad o más que sean miembros de Tren de Aragua, se encuentren en los Estados Unidos y no estén realmente naturalizados o sean residentes permanentes legales de los Estados Unidos están sujetos a ser aprehendidos, encerrados, asegurados y expulsados
Fue entonces cuando entró en vigor el acuerdo entre Marco Rubio y Nayib Bukele. El 15 de marzo, un avión partió de Texas con 261 migrantes detenidos. 23 eran salvadoreños, y los 238 restantes venezolanos a los que el gobierno estadounidense había calificado como miembros del Tren de Aragua. Fueron enviados a El Salvador y trasladados al Cecot.
Apenas unas horas antes, el juez del Distrito de Columbia (Washington), James Boasberg, emitió la orden de paralizar por 14 días la medida de Trump, argumentando que la Ley de Enemigos Extranjeros no era aplicable en ese caso. Tras enterarse de que el primer avión ya había partido, exigió su regreso inmediato, pero fue ignorado por las autoridades, a las que consideró en desacato.
Más envíos
«¡Uy!… demasiado tarde», escribió en redes sociales el presidente Bukele, burlándose de la sentencia de Boasberg. Indicó que los migrantes estarán detenidos en el Cecot por un año, mientras el gobierno estadounidense define su destino final. Aunque también reconoció que el plazo podía ser “renovable”.
La llegada de los presos al Cecot fue cubierta ampliamente tanto por el gobierno salvadoreño como por la prensa internacional. Así, las imágenes de los hombres esposados bajando del avión pronto se hicieron virales. Encorvados y con la cabeza agachada, fueron conducidos por soldados a la mega cárcel, ubicada en una zona aislada, donde los arrodillaron y les raparon el cabello delante de las cámaras.
No había información sobre quiénes eran los detenidos ni se notificó a sus familias. No se difundieron sus nombres ni quiénes eran venezolanos o salvadoreños. Fue en los días siguientes, en la medida que sus rostros recorrieron el mundo, que algunos comenzaron a ser identificados por sus conocidos a través de las imágenes promocionadas por el propio Bukele.
Una Corte de Apelaciones de Washington DC ratificó la orden del juez Boasberg de suspender los envíos de detenidos a El Salvador, pero la Casa Blanca continuó haciendo caso omiso. El 31 de marzo, Rubio informó que un segundo grupo de 17 “violentos criminales del Tren de Aragua y la MS-13” había sido trasladado al Cecot. De acuerdo con la cadena Fox News, siete de los reos serían venezolanos.
Posteriormente, el 13 de abril, el secretario de Estado anunció que otro grupo de 10 detenidos había sido enviado al Cecot. Tras meses de disputas legales entre la Casa Blanca y los tribunales federales, el 23 de junio la Corte Suprema de Justicia permitió al gobierno continuar con las expulsiones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, aunque con la condición de garantizar a los procesados el derecho de ser notificados y de apelar su deportación.
Sin antecedentes penales
A pesar de la opacidad oficial, el programa de televisión 60 minutos, emitido por la cadena estadounidense CBS, reveló el 6 de abril que tuvo acceso a documentos internos del gobierno que les permitieron identificar a los 238 venezolanos detenidos en el Cecot. Después de cotejar sus nombres con expedientes judiciales nacionales e internacionales, informes de prensa y registros de arrestos, encontraron que el 75 % de los deportados no poseía ningún tipo de antecedente penal en Estados Unidos o en otro país.
Es decir, que 179 hombres estaban presos en la cárcel de máxima seguridad de El Salvador sin que hubiera pruebas concretas de su vinculación con pandillas. En el caso del 22 % que sí tenía antecedentes penales, indicó que la mayoría eran por delitos no violentos como robos, hurtos en tiendas o allanamiento. Solo una docena estaría verdaderamente involucrada en crímenes graves como secuestros, violación o asesinato, mientras que del 3 % no se encontró información concluyente.
Al respecto, una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional insistió a los investigadores que se trataba de “terroristas, violadores de derechos humanos y gánsteres”. Tom Homan, designado “zar fronterizo” de la Casa Blanca, aseguró que su equipo realiza “controles muy rigurosos” para determinar qué migrantes pertenecen al Tren de Aragua, y que las deportaciones a El Salvador se reservan a individuos que atenten contra la seguridad de Estados Unidos.
Una investigación independiente realizada por los medios estadounidenses ProPublica y The Texas Tribune, en conjunto con los venezolanos Cazadores de Fake News y la Alianza Rebelde Investiga (ARI) corroboró las discrepancias entre las declaraciones de los voceros de la Casa Blanca y los registros judiciales de los detenidos. Encontró que las autoridades se basaron principalmente en criterios como publicaciones en redes sociales y tatuajes para determinar si los procesados debían ser enviados al Cecot.
Pruebas delebles
El programa 60 minutos presentó casos como el de Andry Hernández, un estilista de 31 años de edad que había intentado solicitar asilo tras huir de la persecución en Venezuela por sus ideas políticas y orientación sexual. Hernández fue señalado por el ICE como integrante del Tren de Aragua por los tatuajes en sus brazos, donde tenía dos coronas junto a las palabras “Mom” (mamá) y “Dad” (papá).
La abogada de Hernández, Lindsay Toczylowski, declaró a la BBC que durante su entrevista de solicitud de asilo, el tachirense fue sometido a un interrogatorio con un sistema de puntos para determinar si era una amenaza para la seguridad nacional. La prueba consideraba a los individuos sospechosos a partir de nueve puntos, y Hernández solo obtuvo cinco por sus tatuajes. Aun así, el entrevistador anotó en el formulario que dichas coronas podían ser indicador de pertenecer al Tren de Aragua. La abogada aseguró que hasta ahora esa era la única evidencia en su contra.
También se mostró el caso de Jerce Reyes Barrios, un futbolista venezolano enviado a El Salvador también por el tatuaje de una corona. 60 minutos reveló que el símbolo en cuestión era el emblema del club de fútbol español Real Madrid, del que Reyes es fanático. Las autoridades aseguraron que se basaron además en sus publicaciones y fotos en redes sociales, pero usaron como presunta evidencia una foto de hace 14 años de Reyes simplemente haciendo un gesto de “rock and roll” con la mano.
El Departamento de Seguridad Nacional publicó un documento de los tatuajes que, a su juicio, identifican a los miembros del Tren de Aragua. Coronas, fusiles, relojes, trenes y hasta frases como “Real hasta la muerte” (usada por el cantante Anuel) figuran en el catálogo. No obstante, el 11 de abril, un ciudadano británico de nombre Pete Belton denunció a BBC que las autoridades usaron una foto de su tatuaje, sacada de la cuenta de Instagram del tatuador Justin Burnout, como ejemplo en el documento.
Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), explicó a 60 minutos que los tatuajes no son indicadores confiables de pertenencia a una pandilla, debido a su subjetividad. En algunos casos, como el de las maras salvadoreñas, los tatuajes sí reflejan información sobre el grupo o el rango del integrante. Sin embargo, Gelernt acotó que en el caso del Tren de Aragua esto no se aplica al venir de una cultura distinta, donde expertos han coincidido en que los tatuajes no forman parte de su lenguaje.
Reclamo internacional
Hasta el momento, la única lista con los nombres de los detenidos en el Cecot es la que filtró CBS tras el reportaje de 60 minutos. La ausencia de información oficial por parte de los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador ha sido motivo de preocupación para organizaciones internacionales. De hecho, la ONG salvadoreña Socorro Jurídico Humanitario calificó las detenciones como desapariciones forzadas, al no cumplir con el debido proceso ni notificación a los abogados y familiares sobre el paradero de los presos.
Otras organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional también advirtieron que las deportaciones violan el derecho internacional. Activistas de la ACLU reclamaron la imposibilidad de los detenidos de apelar sus casos estando incomunicados en una cárcel extranjera, y que no se pueden emitir recursos como el habeas corpus.
Igualmente, el alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidos, Volker Türk, exigió que se permita a su equipo visitar el Cecot para constatar el estado de los detenidos. Instó además al gobierno de Trump a garantizar el debido proceso de los migrantes y cesar la estigmatización contra minorías en sus discursos.
Lucha vigente
En todos estos meses las familias de los detenidos han seguido una lucha desde diferentes frentes, visibilizando sus casos en la prensa o acudiendo ante organismos internacionales para exigir la liberación de los venezolanos en el Cecot. En Estados Unidos han contado con el apoyo de organizaciones como la ACLU y Venezuelan American Caucus.
Este especial realizado por El Diario tiene precisamente el objetivo de recoger las historias de 10 venezolanos detenidos en el Cecot, contadas a través de sus familiares. En cada trabajo se profundizará en quiénes son, cuáles fueron los sueños y motivaciones que los llevaron a emigrar, y los momentos previos a su traslado a El Salvador. También se explicará cómo son las instalaciones del Cecot, las condiciones de su reclusión y los derechos que les han sido vulnerados en el proceso.
Aunque durante la investigación se revisó la evidencia que los familiares poseen para demostrar la inocencia de los detenidos, para este trabajo El Diario no asume ninguna verdad como absoluta, y solo funge como puente informativo para visibilizar la versión de los afectados.
Desde el compromiso social y objetivo, parte de los hechos para evidenciar la situación de incertidumbre jurídica, estigmatización y la persecución a la que han sido sometidos los migrantes en Estados Unidos en los últimos meses, como si el sueño americano no estuviera permitido para los venezolanos.
