El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) celebró el 24 de agosto la excarcelación de 13 detenidos que realizó durante la madrugada del domingo. Aunque extendió su solidaridad con las familias de las personas que finalmente regresan a casa, alertó que esta práctica se ha convertido en un instrumento político que no otorga garantías completas a los afectados en la restitución de sus derechos.
“Alertamos que el uso discrecional de estas excarcelaciones, sin consulta con las víctimas organizadas, sin criterios de justicia, de salud, de reparación ni de debido proceso, convierte este mecanismo en un instrumento político revictimizante”, señaló en un comunicado difundido en sus redes sociales.
Recordó que la excarcelación de este grupo presos políticos fue producto de la presión de familiares y organizaciones ciudadanas a través de campañas de denuncia y la documentación de las arbitrariedades cometidas ante organismos internacionales. Agregó que el uso instrumental de los detenidos va contra su aspiración de libertad para todos los que enfrentan la misma situación.
“Este patrón profundiza la incertidumbre de quienes aún permanecen detenidos y genera angustia permanente en las familias que siguen esperando justicia. Nadie debería depender del cálculo político para recuperar su libertad”, apuntó.
Los que se quedan
En su comunicado, Clippve dejó claro que si bien celebra las excarcelaciones más recientes, mantiene su exigencia de justicia para todos los presos políticos. De acuerdo con la organización Foro Penal en su boletín del 21 de agosto, existen en Venezuela 821 personas detenidas por razones políticas, de las cuales 45 están en situación de desaparición forzada.
La organización recordó que actualmente 98 mujeres y 4 adolescentes están detenidos bajo cargos de terrorismo, entre otros, sin cumplirse el debido proceso en sus juicios ni pruebas de su culpabilidad. Igualmente, denunció que al menos 13 presos políticos de El Helicoide permanecen aislados e incomunicados, algunos con más de un año sin hablar con sus familiares ni abogados. Agregaron que lo mismo ocurre con frecuencia en otras cárceles como El Rodeo I (estado Miranda).
Alertó que los presos de centros como Yare (Miranda), Tocuyito (Carabobo), Rodeo I, el fuerte Guaicaipuro (Miranda) y la Zona 7 de Boleíta (Caracas) sufren de constantes “torturas, tratos crueles y abandono médico”. Esto se repite en otras cárceles, donde los prisioneros han desarrollado no solo problemas de salud como desnutrición, neumonía y enfermedades en la piel (corroborado por el Observatorio Venezolano de Prisiones), sino además ha causado un preocupante deterioro de su salud mental.
Clippve aseguró que al menos 40 presos políticos de la cárcel de Tocorón (Aragua) presentan cuadros graves de depresión, con nueve que han tratado de quitarse la vida en los últimos meses.
El comunicado añade que muchos de estos problemas se mantienen incluso después de ser excarcelados. “El deterioro físico y psicológico con el que muchos regresan a casa es una herida abierta, una prueba imborrable de lo que significa sobrevivir a un sistema carcelario que desprecia la vida y la dignidad humana”, destaca.
En casa
Durante la madrugada del 24 de agosto, el dirigente político Henrique Capriles anunció que un grupo de 13 presos políticos habían sido excarcelados. Algunos estaban en El Helicoide, y en el caso de las mujeres, en un centro de detención conocido como La Crisálida, en Los Teques, estado Miranda.
Entre los beneficiados están el dirigente político Américo de Grazia, el activista de la organización Foro Hatillano Gorka Carnevalli y el presidente del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) en Falcón, Víctor Jurado. También la dirigente de Primero Justicia (PJ) en el estado Miranda, Mayra Castro, detenida en agosto de 2024 durante la crisis poselectoral y cuyo estado de salud se deterioró en prisión, siendo hospitalizada hasta tres veces por problemas de tensión.
La gran mayoría de los excarcelados fueron funcionarios de la Alcaldía de Maracaibo detenidos en octubre de 2024 durante un operativo ejecutado por organismos de inteligencia del gobierno. En este grupo se encuentran Arelis Ojeda Escalante, Diana Berrío, y Margarita Assenza. El propio exalcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, recibió casa por cárcel al igual que el exalcalde de Cabimas, Nabil Maalouf, y Pedro Guanipa, exdirector general de Ramírez y hermano de los dirigentes Tomás y Juan Pablo Guanipa (este último sigue detenido).
Justamente cuatro días antes de las excarcelación, el 20 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había emitido medidas cautelares a favor de Rafael Ramírez y Pedro Guanipa, exigiendo al Estado venezolano su liberación inmediata.
Libertad para todos
En diferentes oportunidades, tanto Clippve como Foro Penal y otras organizaciones han denunciado que las excarcelaciones de presos políticos no son garantía de libertad. La mayoría suele recibir medidas sustitutivas como arresto domiciliario o régimen de presentación en tribunales, además de otras restricciones como prohibición de hablar con la prensa o de salir del país.
En este sentido, Clippve apuntó que el primer paso para la justicia y reparación de los presos políticos es que reciben libertad plena, sin condiciones de ningún tipo. “No hay reconciliación posible sin verdad, justicia y reparación. Exigimos al Estado venezolano el respeto pleno a los derechos humanos y el cumplimiento de las Reglas Mandela dentro de todas las cárceles del país. Las víctimas no somos cifras ni piezas para intercambios: somos seres humanos con historias, ausencias, dolores y esperanzas”, finaliza el comunicado.
