La administración de Donald Trump informó el 3 de septiembre que pondrá fin al programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de 2021 cuya vigencia finaliza el 10 de septiembre. Este programa beneficiaba a más de 260 mil venezolanos que solicitaron protección en ese país.
De acuerdo con una publicación del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, por sus siglas en inglés) en su página web, la medida se hará efectiva 60 días después de su publicación en el Registro Federal.
El comunicado también indicó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó que las actuales condiciones en Venezuela ya no cumplen con los requisitos legales del TPS, y que la protección dada en 2021 para Venezuela “es contraria al interés nacional”.
Esto implica que las personas beneficiadas por el TPS de 2021 quedarían en un estatus de ilegalidad a partir del momento en que entre en vigencia la medida, lo que los expone a posibles deportaciones.
El TPS le brindaba a estos migrantes protección contra la deportación, permiso para trabajar legalmente en los Estados Unidos, y la posibilidad de solicitar un permiso para viajar fuera del país y regresar.
Cuáles son las alternativas legales que pueden tomar los venezolanos afectados
En mayo de 2025, con el fin del TPS para venezolanos asignado en 2023, una abogada especializada en migración explicó al medio estadounidense CNN cuáles serían las opciones que aún pueden explorar los afectados.
Una de las alternativas es presentar una solicitud de asilo, esta es una protección que otorga del país a las personas que demuestren que no pueden regresar a su país de origen por un temor fundado en motivo de raza, religión, nacionalidad o vinculación con algún grupo social o político.
Elizabeth Uribe, abogada experta en migración, explicó a CNN en Español en ese momento que existen dos tipos de asilo en el país: el afirmativo, que se puede solicitar sin estar expuesto a un proceso de expulsión y el defensivo, en el que el solicitante debe comparecer ante un juez de inmigración.
En caso de que alguno de los beneficiarios del TPS se haya casado con alguna persona con residencia o ciudadanía, puede solicitar que se le otorgue la residencia. La abogada detalló que si el migrante quedó como indocumentado debe solicitar la libertad condicional y puede que le pidan abandonar el país temporalmente antes de darle la opción de solicitar la residencia legal por matrimonio.
Uribe alegó que a las personas que fueron víctimas de crímenes en sus países de origen tienen la alternativa de pedir una visa U, este no es un estatus migratorio, sino que le permite a la persona estar en EE UU para protegerse. No obstante, la defensora alegó que el país solo puede otorgar un máximo de 10 mil de estas visas anualmente.
Los casos que pueden ser estudiados para la aprobación una visa U correnponderán a víctimas de crímenes como violencia doméstica, abuso sexual, tráfico de personas, agresión con armas, chantaje, detención ilegal, extorsión, manipulación de testigos, mutilacion genital femenina, secuestro, tortura, servidumbre forzada y cualquier otra circuntancia en la que haya elementos similares.
La decisión va en contra un Tribunal de apelaciones
La decisión del gobierno de Trump se da luego de que el 29 de agosto el Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones de Estados Unidos ratificó el fallo de un juez federal que concluyó que el fin del TPS para aproximadamente 600 mil venezolanos es ilegal. Sostuvo que el magistrado tiene autoridad para decidir el caso, en contra de los alegatos de la Casa Blanca.
El panel de tres jueces de apelación respaldó de forma unánime al juez Edward Chen del Tribunal de Distrito Norte de California, que examina una demanda entablada por la Alianza Nacional TPS y siete inmigrantes venezolanos afectados por la cancelación del amparo ordenada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en febrero de 2025.
El fallo del Noveno Circuito reconoció además que los venezolanos afectados por la cancelación del TPS enfrentan graves perjuicios como la pérdida de empleo, la separación familiar, la detención y la deportación, según explicó en un comunicado la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que representa a los demandantes.
