La organización no gubernamental (ONG) Stichting Venezolaanse Vluchtelingen (Fundación Refugiados Venezolanos, en holandés) informó el 5 de septiembre que se cumplieron cinco días desde que inició la huelga de hambre de los activistas venezolanos frente a la sede de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Países Bajos.
La protesta, que comenzó el 31 de agosto, tiene como objetivo que el organismo internacional avance en la investigación de los presuntos crímenes de lesa humanidad contra la población cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro.
Laura Garcia, Jhon Caceres y Mario de Nigris cumplieron 124 horas (alrededor de cinco días), mientras que Víctor Guerrero, quien se unió el 4 de septiembre a la protesta, cumple 51 horas (alrededor de dos días), precisó la ONG en su cuenta de X.
El estado de salud de los activistas
En una carta difundida el 3 de septiembre, se informó que el estado de salud de los primeros tres huelguistas era “crítico”, debido a que han mostrado “deterioro físico y una debilidad creciente”.
La Fundación Refugiados Venezolanos indicó que la Cruz Roja Internacional se negó a brindarles atención médica tras cumplir tres días en huelga de hambre.
El 5 de septiembre, los cuatro activistas de derechos humanos permanecieron en su lugar, a pesar de la lluvia, de acuerdo con un video difundido por esta ONG en redes sociales.
“Cada hora de sacrificio refleja no solo un grito personal, sino la voz de miles de víctimas que merecen justicia y que hoy encuentran en ellos un símbolo de esperanza y lucha”, agregó la fundación.
Hasta el momento, no ha habido una respuesta o pronunciamiento por parte de la CPI sobre la huelga de hambre de los manifestantes venezolanos.
La investigación de la CPI contra Venezuela
La Fiscalía de la CPI abrió formalmente en noviembre de 2021 el caso denominado Venezuela I, centrado en posibles crímenes de lesa humanidad cometidos al menos desde febrero de 2014. La decisión se produjo tras un examen preliminar iniciado en 2018, con base en denuncias de represión sistemática, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
En marzo de 2024, la Cámara de Apelaciones ratificó la continuidad de la investigación, al igual que en el caso de Filipinas, con el argumento de que las pesquisas internas en Venezuela eran insuficientes.
Hasta la fecha, sin embargo, no se ha hecho pública ninguna orden de captura contra altos funcionarios del oficialismo.
El proceso enfrenta actualmente un nuevo obstáculo: el fiscal de la CPI, Karim Khan, se apartó del caso en agosto de 2025 por conflictos de interés. Su lugar fue asumido por el vicefiscal Mame Mandiaye Niang, lo que ha generado inquietud entre organizaciones de víctimas que temen mayores dilaciones.
Cifras de la Fiscalía refieren que más de 8.900 víctimas y 630 grupos familiares han presentado testimonios en respaldo al caso, además de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.
