La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, informó que las autoridades de su país deportarán a al menos 200 venezolanos que se encuentran detenidos en diferentes cárceles de ese país. La medida forma parte de una “estrategia gubernamental” contra la migración “irregular” y el tráfico ilícito. Sin embargo, se desconocen mayores detalles de estas expulsiones.
Persad-Bissessar insistió en que la política migratoria no será flexible con quienes se encuentren en el país de manera irregular y no puedan justificar su sustento en el país. Añadió que la policía ha reforzado la vigilancia sobre inmigrantes presuntamente vinculados al tráfico de drogas y de personas.
“Estamos trabajando para modernizar las instalaciones de la guardia costera de Cedros y hemos enviado más embarcaciones a la zona. Además pronto deportaremos a unos 200 venezolanos que se encuentran en nuestras cárceles”, dijo la primera ministra consultada vía WhatsApp por el medio Newsday.
Esta entrevista surgió por consultas del medio trinitense sobre la solicitud del presidente de Colombia, Gustavo Petro, al gobierno de Trinidad y Tobago para que recupere los cuerpo de las 11 personas que murieron en el ataque de Estados Unidos contra una embarcación presuntamente con drogas en el mar Caribe, el 2 de septiembre.
Expectativa por deportación de venezolanos
Ante el anuncio de la primera ministra trinitenese, la abogada Nafeesa Mohammed, quien ha defendido a migrantes venezolanos anteriormente, expresó que espera que el gobierno de Trinidad y Tobago respete el debido proceso en la deportación de estos 200 venezolanos.
Consideró que la primera ministra dispone de información suficiente sobre la identidad de los detenidos y los motivos de su deportación, dado que lidera el Consejo de Seguridad Nacional.
“El debido proceso se considera un pilar de nuestra democracia. Sabemos que la relación entre Trinidad y Tobago y Venezuela es muy delicada, pero solo puedo asumir que vivimos en un país democrático con una constitución y que los residentes de Trinidad y Tobago tienen acceso al debido proceso y podrán acceder a él”, expresó Mohammed.
La abogada recordó que en algunos procesos de deportación anteriores resultaron contraproducentes debido a la ausencia de garantías del debido proceso, pese a los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de tratados y convenciones. Subrayó que estos casos implican aspectos sensibles del derecho internacional relacionados con los derechos humanos, sobre todo cuando afectan a mujeres y niños.
Añadió que, con la llegada del nuevo gobierno, se espera que los ministerios pertinentes cuenten con la preparación necesaria para atender la crisis migratoria que se arrastra desde hace años. Recordó que en 2019 se implementó una amnistía migratoria, pero señaló que desde entonces se requieren nuevas medidas.
Asimismo, mencionó que hace unas semanas se conoció que el Ejecutivo está trabajando en una política migratoria por lo que recordó que en 2014 se presentó un plan que proponía un enfoque gradual hacia la creación de una ley de refugiados.
