El 7 de octubre, un grupo de exiliados venezolanos radicados en Miami, Florida, solicitaron al expresidente Donald Trump que emita una orden de Salida Forzosa Diferida (DED, por sus siglas en inglés) para suspender las deportaciones de migrantes venezolanos en Estados Unidos.
La petición surge tras el anuncio del fin del Estatus de Protección Temporal (TPS), una medida humanitaria que beneficiaba a unos 600 mil venezolanos, permitiéndoles residir y trabajar legalmente en el país.
La solicitud fue presentada por las organizaciones Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) y la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (Amavez), ambas con sede en el sur de la Florida. En una carta abierta dirigida a Trump, los grupos pidieron que el beneficio de la DED se aplique a todos los venezolanos que hayan llegado a Estados Unidos antes del 6 de octubre de 2025, y que la protección se extienda por al menos 18 meses.
Las organizaciones recordaron que esta figura ya fue otorgada por Trump en enero de 2021, al término de su primer mandato, como respuesta a la crisis política, económica y humanitaria que atraviesa Venezuela. Según señalaron, retomar esa medida sería coherente con su política exterior de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, al tiempo que ofrecería un alivio temporal a miles de migrantes que enfrentan la incertidumbre de una posible deportación.
“Esta medida humanitaria salvaguarda vidas, evitando retornos forzosos a condiciones de inseguridad extrema. Apoya la economía estadounidense, preservando la estabilidad de una fuerza laboral calificada y productiva”, expresaron las agrupaciones en el documento. A su juicio, la DED representaría una alternativa viable y rápida mientras el Congreso y las agencias federales evalúan soluciones migratorias más duraderas para los venezolanos.
¿Qué es la Salida Forzosa Diferida?
La Salida Forzosa Diferida es una medida de protección temporal que el presidente de Estados Unidos puede otorgar, a su discreción, para suspender las deportaciones de ciudadanos de determinados países o grupos específicos.
A diferencia de otros programas humanitarios, como el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), el DED no está establecido por ley, sino que se basa en el poder constitucional del Ejecutivo para dirigir la política exterior y ejercer control sobre la aplicación de las leyes migratorias.
El DED no cambia la situación migratoria de quienes lo reciben ni les otorga una vía hacia la residencia permanente o la ciudadanía estadounidense. Más bien, se trata de una moratoria temporal sobre la ejecución de deportaciones, que busca evitar que personas sean enviadas de regreso a países donde su vida o seguridad podrían estar en riesgo por razones políticas, humanitarias o de inestabilidad interna.
La duración y alcance del DED dependen completamente del presidente que lo emita. El mandatario puede decidir a qué grupo se aplica, por cuánto tiempo estará vigente y si incluirá autorizaciones de empleo (EAD, por sus siglas en inglés) para que los beneficiarios puedan trabajar legalmente en el país. Por esa razón, su implementación suele estar vinculada a decisiones políticas y diplomáticas.
Medida otorgada recientemente
Varios mandatarios de Estados Unidos han otorgado esta medidas en varias ocasiones. Entre 2007 y 2021 se le dio a los ciudadanos de Liberia debido a los conflictos armados y las epidemias en ese país. Mientras que en 2021, cuando el entonces presidente Donald Trump, en los últimos días de su mandato, emitió un memorando que otorgaba DED a los venezolanos ante la crisis política y económica del país.
El permiso más reciente se dio el 15 de enero de 2025, cuando el presidente Joe Biden anunció la extensión de la Salida Forzosa Diferida para ciertos residentes de Hong Kong elegibles por 24 meses.
¿Por qué los venezolanos piden la salida forzosa diferida ?
El viernes 3 de octubre, el Tribunal Supremo de Estados Unidos falló a favor de la administración de Donald Trump y le permitió de nuevo revocar el estatus de protección temporal (TPS) de cerca de 300 mil migrantes venezolanos.
El tribunal falló, con seis votos a favor y tres en contra, dar la razón al Departamento de Seguridad Nacional, y contravenir la decisión de un tribunal del distrito de California que negó al gobierno de Trump la posibilidad de suspender el TPS para unos 600 mil inmigrantes.
Con este fallo, centenares de miles de venezolanos que habían sido beneficiados podrían ser deportados.
Asimismo, el 5 de octubre el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) confirmó con una alerta en su página web la suspensión del beneficio migratorio para los venezolanos, al considerar Venezuela ya no cumple con las condiciones para la designación del TPS.
El gobierno pidió al Supremo a finales de septiembre que se le permitiera retirar las protecciones contra la deportación que habían sido extendidas a unos 300 mil venezolanos que viven actualmente en Estados Unidos.
El fallo del Tribunal Supremo es parte de una disputa legal que inició desde 2021, cuando la administración de Trump intentó por primera vez terminar el TPS para los venezolanos.
Desde entonces, tribunales inferiores bloquearon la medida en varias ocasiones, generando un largo proceso de apelaciones que nuevamente parece concluir con la autorización del Supremo para revocar las protecciones a más de 600 mil migrantes.
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