Excarcelaron a los productores audiovisuales venezolanos Noel Cisneros, Katiuska Castillo, Ingrid Briceño y Marcela Hernández, luego de permanecer detenidos de forma “arbitraria” desde el pasado viernes 31 d octubre. La excarcelación ocurrió tras la presión nacional e internacional, según informó el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales en su cuenta de X.
El coordinador general de la ONG Provea, Óscar Murillo, también confirmó la excarcelación este martes 4 de noviembre a la agencia de noticias EFE y advirtió que el caso “sienta un grave precedente” para todos aquellos estudiantes y productores audiovisuales que trabajan para contar las historias y los relatos del país.
Murillo dijo que los estudiantes y cineastas “realizaban grabaciones con fines académicos frente al centro penitenciario”, cuando funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) aprehendieron al grupo, cerca de la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua.
“La detención de este grupo configura un patrón que, desde el Estado, se busca silenciar las voces críticas, las voces académicas, el arte, y todo esto termina restringiendo el libre pensamiento y el flujo de las ideas. Por eso nos parece que este caso es grave”, expresó.
Activistas y organizaciones pidieron su liberación
En la red social X, el abogado Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal de Provea, destacó “el valor de la denuncia, de no callar ante la arbitrariedad”, y el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales dijo que “la presión nacional e internacional logró que Noel, Ingrid, Katiuska y Marcela estén con sus familiares y amigos”.
Tras la detención, cientos de personalidades, entre ellas artistas y académicos, así como organizaciones no gubernamentales y de teatro, se pronunciaron en contra de este hecho y exigieron a las autoridades “información clara y precisa” sobre la situación y paradero de los cuatro.
Por su parte, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) condenó “enérgicamente la detención arbitraria” de los cineastas y exigió “una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre los hechos denunciados, con el fin de identificar a los responsables materiales e intelectuales”.
El lunes 4 de noviembre, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) advirtió del aumento de las detenciones en Venezuela “sin información pública suficiente” de los casos, lo que consideró como un “escenario de inseguridad jurídica y angustia prolongada” debido a esta “opacidad” y también por la “negación del acceso a asistencia legal”.
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