La empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) publicó un comunicado el 7 de enero en el que anunció que se encuentra en curso una negociación para la venta de “volúmenes” de crudo a Estados Unidos, esto a pesar de las graves tensiones militares existentes entre ambos países luego del bombardeo en territorio venezolano y la detención de Nicolás Maduro.
“Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron, y está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes”, indicó el texto.
Actualmente la dirección del Ministerio de Petróleo sigue siendo conducida por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, a pesar de que Asdrúbal Chávez funge como presidente de PDVSA. Este mensaje se produce en un momento en el que Estados Unidos ejerce una fuerte presión sobre Venezuela para negociar la exclusividad de la venta de crudo, entre otras acciones exigidas por la administración de Donald Trump.
50 millones de barriles
El comunicado de PDVSA sale horas después de que el presidente estadounidense aseguró en redes sociales que llegó a un acuerdo para la entrega de entre 30 millones y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos por parte de Venezuela. Aseguró que los cargamentos estarán autorizados, a pesar de las sanciones del Departamento del Tesoro contra la industria petrolera venezolana.
“Este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos. He solicitado al Secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. Se transportará en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos”, escribió en la plataforma Truth Social la noche del 6 de enero.
Hasta el momento la petrolera estatal venezolana no se ha pronunciado oficialmente sobre estas declaraciones de Trump ni hace referencia a ellas en su comunicado.
Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, confirmó el acuerdo en una rueda de prensa el 7 de enero. Afirmó que fue aprobado por las autoridades venezolanas, con las que dijo que Washington mantiene comunicación. También dijo que el Departamento de Energíaprepara un plan para aumentar la producción de barriles. “Esto va a beneficiar a ambos, los americanos y los venezolanos”, declaró.
Igualmente, medios de comunicación estadounidenses reportaron que los directores ejecutivos de varias compañías petroleras visitarán la Casa Blanca el 8 de enero para hablar sobre Venezuela. Desde hace meses, Trump ha dicho que se apoyará en el sector privado para recuperar las infraestructuras y refinerías venezolanas.
Buques incautados
Aunque Trump ha reiterado que el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez está colaborando con Estados Unidos —algo que la líder venezolana ha negado públicamente—, en otras ocasiones ha cambiado su tono, amenazando con aumentar la presión sobre Venezuela de no cumplirse sus exigencias de exclusividad comercial y participación en la explotación del crudo. Uno de estos mecanismos de presión ha sido el bloqueo naval a embarcaciones petroleras que entran y salen de Venezuela, vigente desde diciembre de 2025.
Parte de estas amenazas se materializaron el mismo 6 de enero, con la incautación del buque Bella 1, originalmente de bandera panameña, pero que en diciembre pasó a ser registrada como rusa y renombrada Marinera. Fue interceptado cerca de las costas de Islandia en un operativo conjunto con fuerzas de Reino Unido, sin que su tripulación pusiera resistencia.
El Bella 1 fue sancionado en 2024 por su vinculación con el contrabando de petróleo iraní por la Guardia Revolucionaria Islámica y el régimen de los ayatolás. En diciembre de 2025 entró en una lista de barcos señalados por Estados Unidos por pertenecer a una “flota fantasma” que comerciaba petróleo venezolano en alta mar.
Con este serían dos buques relacionados con Venezuela incautados por Estados Unidos desde que comenzó el bloqueo naval. El primero fue el Skipper, incautado el 10 de diciembre frente a las costas de Venezuela, y que operaba como parte de esa “flota fantasma” bajo una falsa bandera guyanesa. El entonces gobierno de Nicolás Maduro protestó ampliamente por este hecho, asegurando que tanto el buque como su tripulación eran venezolanos.
Comercio limitado
Para el momento en que PDVSA fue sancionada por Estados Unidos en 2019, la empresa ya sufría una fuerte crisis por años de desinversión y falta de mantenimiento en sus instalaciones, que llevaron al país de producir 3,02 millones de barriles por día (bpd) a 1,5 millones en enero de 2019, justo cuando el Departamento del Tesoro ordenó el bloqueo de sus pagos por exportaciones. Esta crisis se agravó más tras las sanciones, cayendo a mínimos históricos de 359 mil bdp en octubre de 2020.
En 2022, la administración de Joe Biden le otorgó una licencia a la petrolera estadounidense Chevron para operar con limitaciones en Venezuela, lo que significó no solo una entrada de divisas para el Estado venezolano, sino también un paulatino repunte de su producción. En 2023, la Casa Blanca acordó una flexibilización general de las sanciones que permitió a Chevron hacer negocios con PDVSA, representando más del 10 % de la producción del país, al aportar entre 150 mil y 200 mil bdp.
Con el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, en un principio se intentó revocar las licencias de Chevron, aunque meses después fueron restituidas, manteniéndose como la única empresa petrolera que todavía explota petróleo en Venezuela. También es la principal fuente legítima de divisas con la que cuenta el gobierno venezolano, ya que estos barriles se venden en el mercado regular y a precios internacionales.
Lo contrario ocurre con el resto de la producción venezolana, la cual es comerciada con países asiáticos en el océano Pacífico a través de estas “flotas fantasmas”. Actualmente el mayor comprador de este petróleo sancionado es China, aunque lo hace a precios por debajo de su valor real de mercado. Un informe de la agencia Bloomberg reportó que para diciembre de 2025, Venezuela estaba vendiendo cada barril en alrededor de 20 dólares, cuando el valor fijado por los futuros de crudo Brent para ese momento rondaba los $60.
A esto se suma la irrupción en el mercado chino de otros vendedores como Rusia e Irán, también sancionados por Estados Unidos, lo que de acuerdo con Bloomberg, ha obligado a Venezuela a hacer “descuentos especiales” para mantener su oferta. Por este motivo, un potencial acuerdo de PDVSA con la administración Trump, pese a las tensiones vigentes, marcaría un regreso del país al mercado internacional y a mayores ingresos.
