Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, respondió al fallo del juez James Boasberg el que exige al gobierno de Donald Trump que se le permita el debido proceso a los venezolanos que fueron enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador y posteriormente deportados a Venezuela.
Rabio explicó que programar audiencias para los 137 venezolanos que presentaron una demanda para impugnar sus deportaciones “podría perjudicar considerablemente los intereses de la política exterior estadounidense en Venezuela”.
“Dado el tiempo transcurrido, el gobierno de EE UU no conoce, ni tiene forma de conocer, el paradero de los miembros de la demanda colectiva, incluyendo si alguien ha salido de Venezuela o si el régimen posteriormente volvió a detener a alguien”, agregó Rubio en un documento judicial emitido el lunes 12 de enero.
El juez James Boasberg dictaminó en diciembre de 2025 que los 137 inmigrantes “recibieron un proceso constitucionalmente inadecuado” en marzo del año pasado. Los afectados no recibieron una notificación significativa ni la oportunidad de impugnar sus deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
Boasberg señaló que el gobierno de EE UU debe facilitarles “una oportunidad significativa para impugnar su designación”.
Un total de 252 migrantes venezolanos fueron enviados al Cecot en marzo de 2025, acusados de estar vinculados con bandas criminales. Para julio de ese año, todos fueron enviados de vuelta a Venezuela, en paralelo el gobierno de Nicolás Maduro efectuó la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses.
Operación militar estadounidense en Venezuela
Seis meses después y luego de un largo periodo de tensión entre Venezuela y EE UU, la madrugada del 3 de enero militares estadounidenses efectuaron una operación especial en Venezuela con bombardeos en varias ciudades y que culminó con la captura y extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores.
Luego de la extracción del presidente venezolano, el gobierno de EE UU se ha mantenido en comunicación con la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Entre los temas abordados por ambos gobiernos se ha establecido la negociación del petróleo venezolano así como el estudio de la posible reapertura de la embajada estadounidense en Caracas.
El gobierno estadounidense ha instado a las autoridades venezolanas a liberar a los presos políticos. El 8 de enero, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, anunció la excarcelación de un “número importante” de ciudadanos venezolanos y extranjeros.
De acuerdo con el Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela ya se concretaron 116 excarcelaciones, pero las organizaciones no gubernamentales que monitorean el estado de los presos políticos han podido verificar números inferiores.
Pese a estas diferencias con las cifras, Donald Trump aseguró que canceló la segunda ola de ataques a Venezuela al confirmar avances en la liberación de los presos políticos.
