Cuando Carlos García y su esposa Gaby Duarte debieron escapar de Venezuela en el año 2017 solo esperaban tener una vida tranquila para ellos y sus dos hijos. García era el alcalde de la ciudad de Mérida, en los Andes venezolanos, y justo en el tramo final de su mandato fue destituido y perseguido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). La razón: negarse a reprimir a los jóvenes que en ese momento salían a las calles a protestar contra el entonces gobierno de Nicolás Maduro.
Casi nueve años después, el dirigente opositor volvió a sufrir nuevamente las consecuencias de la represión, pero esta vez no por sus ideas políticas, sino por su nacionalidad. El 23 de enero, Carlos García Odón fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Cincinnati, Ohio, donde reside con su familia. Ahora se encuentra en riesgo de ser deportado de vuelta a Venezuela, donde su integridad física corre peligro.
En entrevista para El Diario, Duarte expresó su preocupación por la situación de su esposo, quien permanece en una celda de la Cárcel del Condado de Butler. El 26 de enero sus abogados introdujeron un recurso de habeas corpus en tribunales para evitar su traslado a otra prisión federal fuera del estado. A pesar de la incertidumbre y la angustia, se mantiene optimista.
“Tenemos mucha fe en Dios de que pueda ser liberado pronto. Por eso estamos haciendo todo lo posible y haciendo en muy corto tiempo lo del habeas corpus, de modo que no puedan trasladarlo a otro a otro estado y que pueda salir de ahí”, declara.
Perseguido en Venezuela
García es abogado de profesión y saltó a la política como uno de los líderes del movimiento estudiantil en la Universidad de Los Andes (ULA) entre los años 2000 y 2004, justo a comienzos del gobierno de Hugo Chávez. Formó parte del partido opositor Primero Justicia (PJ), con el que fue candidato a diputado en 2010 y resultó electo alcalde del municipio Libertador (Ciudad de Mérida) en 2013 a través de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Como alcalde, García enfrentó algunos de los momentos más convulsos de la historia reciente del país, primero con las protestas del año 2014, que tuvieron su epicentro precisamente en los Andes y en campus universitarios como la ULA. En 2017, durante un nuevo estallido social contra el gobierno, García fue señalado por negarse a reprimir estas manifestaciones. Una persecución que apuntó contra diferentes alcaldes opositores como Daniel Ceballos, de San Cristóbal; Ramón Muchacho, de Chacao; o David Smolansky, de El Hatillo.
En agosto de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó la destitución de García y una condena de 15 meses de prisión. El Sebin ya se disponía a capturarlo cuando el alcalde salió del país junto a su familia y se instalaron en Cúcuta, Colombia. Duarte cuenta que debieron irse de nuevo en 2022, luego de que disidencias de la guerrilla colombiana detonaran varios explosivos cerca de la zona en la que vivían. Fue entonces cuando se mudaron a Estados Unidos.
“Nosotros salimos de allá tratando de encontrar tranquilidad, estabilidad, calidad de vida, por el futuro, porque tenemos dos niños, y, bueno, sucede todo esto”, comenta.
Papeles en regla
Una vez llegaron a Estados Unidos, la familia se instaló en Cincinatti, donde Carlos García comenzó a ganarse la vida trabajando como repartidor para una plataforma de compras en línea. “Era un nuevo país, una nueva cultura, un nuevo idioma. Tuvimos que empezar desde cero. Carlos trabajaba como delivery entre 12 y 14 horas al día, porque él es el sostén de la familia”, señala su esposa.
Aclara que ambos fueron beneficiados con el Estatus de Protección Temporal (TPS), medida tomada durante la administración de Joe Biden para garantizar la estadía legal de los migrantes venezolanos llegados antes de 2023. Sin embargo, fue revocada por Donald Trump a su llegada a la Casa Blanca en enero de 2024. Aun así, Duarte asegura que estaban en el proceso de trámite de su asilo político, e incluso contaban con permiso de trabajo vigente hasta el año 2030.
“Carlos no tiene ningún récord criminal, ni aquí ni en ninguna parte. No tiene ni siquiera multas de tránsito ni nada”, afirma Duarte.
Como parte de su trámite de asilo, Duarte y García debían presentarse periódicamente en la oficina del ICE para su control migratorio. Ya habían hecho el procedimiento sin problemas antes, pero su cita del 23 de enero de 2026 fue diferente. Pasaron a cubículos separados y Duarte completó el chequeo de rutina como siempre. Sin embargo, tras un tiempo sin verlo salir de la oficina, finalmente dos agentes se acercaron para notificarle el arresto de su esposo.
“Me llamaron y lo tenían esposado para llevárselo. Nunca dijeron por qué lo iban a detener, nunca dijeron por qué lo por qué se lo llevaban, no dieron explicación. De hecho, Carlos me dice en una de las llamadas que le estaba diciendo al oficial que él era un exalcalde perseguido por la dictadura de Maduro, y que el agente lo buscó en Internet para ver si era verdad lo que estaba diciendo, y aun así, igual se lo llevaron”, relata.
Solidaridad venezolana
El caso de Carlos García recuerda al del activista venezolano Gregory Sanabria, al igual que el exalcalde merideño, quien fue detenido en junio de 2025 tras presentar en un control de rutina ante el ICE también. Fue enviado a un centro de detención en Texas, donde aguardaba su deportación a Venezuela. Esta situación despertó alertas internacionales, ya que Sanabria había sido un preso político entre 2014 y 2018, además de víctima verificada de torturas durante sus años de reclusión en El Helicoide.
Diferentes actores políticos, desde Amnistía Internacional hasta congresistas republicanos como Miguel Díaz-Balart abogaron por Sanabria, quien finalmente fue liberado y en septiembre de 2025 se le concedió el asilo político. Pero no siempre todos las personas en su posición tienen la misma suerte. En 2023, el teniente disidente Pedro Naranjo se entregó en un puesto de control fronterizo para intentar migrar a Estados Unidos. En lugar de recibir el asilo, fue deportado a Venezuela el 14 de diciembre de ese año, siendo imputado de inmediato por las autoridades venezolanas por deserción y enviado a la Cárcel Militar de Ramo Verde, donde permanece en la actualidad.
Duarte espera que el caso de su esposo sea como el de Sanabria, y se resuelva positivamente. “Es un perseguido político en Venezuela, y de volver sabemos qué es lo que sucede con todos los presos políticos: las torturas, incluso la muerte. Ese es nuestro miedo, nuestra angustia de que sea deportado”.
Por eso agradece el apoyo que ha recibido en los últimos días por parte de los medios de comunicación para visibilizar su caso, así como de organizaciones y personalidades políticas tanto en Estados Unidos como en Venezuela. Todas esas muestras de solidaridad que abogan por la libertad del dirigente merideño han sido claves para avanzar con determinación en su causa.
“Carlos está cosechando todo lo que ha sembrado durante todo este tiempo, porque ha sido increíble todo el apoyo, los mensajes. Y, bueno, eso se lo transmito cuando me llama para que pueda sentirse un poquito más tranquilo y esperanzado de que vamos a salir de esto”, apunta Duarte.
