La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela discutirá este jueves 5 de febrero a las 12:00 pm el Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, según el orden del día oficial divulgado por el Parlamento en su página web y cuenta de Telegram, que establece la primera discusión de la iniciativa.
La sesión, de carácter ordinario, tiene como único punto en agenda el análisis del proyecto, conforme al artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.
El debate llega tras el anuncio, el 30 de enero, de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un proyecto de amnistía general dirigido a presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad, con el objetivo de “reparar las heridas dejadas por la confrontación política” y fomentar la convivencia nacional.
Rodríguez explicó que la iniciativa excluye de la amnistía a personas procesadas o condenadas por homicidio, narcotráfico, corrupción y violaciones graves de derechos humanos.
El anuncio se produjo en un contexto político marcado por la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses el 3 de enero.
Piden que el texto del proyecto sea publicado
Organizaciones de derechos humanos y actores de la sociedad civil han cuestionado que el contenido del proyecto de ley de amnistía aún no haya sido hecho público, lo que, a su juicio, limita un debate transparente y participativo.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón señaló este jueves 5 de febrero que discutir una ley de amnistía sin que el texto esté disponible es “una omisión incompatible con los principios de transparencia, participación democrática y los estándares internacionales en materia de derechos humanos”. La organización insistió en que ninguna iniciativa de este tipo debe debatirse “de espaldas a las víctimas, a sus familiares ni a las organizaciones que las han acompañado durante años”.
En ese sentido, exigió la publicación inmediata del proyecto, para que víctimas, defensores de derechos humanos, expertos independientes y la sociedad civil puedan revisarlo, formular observaciones y advertir sobre posibles violaciones a estándares internacionales, en particular en materia de debido proceso, igualdad ante la ley y prohibición de exclusiones arbitrarias.
Una posición similar expresó el vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, quien calificó como positiva la apertura del debate legislativo, pero subrayó que el texto debe hacerse público de inmediato. “Sin el respaldo y los aportes de la sociedad civil, la amnistía tendrá las patas muy cortas”, afirmó.
#5Feb Hoy comienza en la AN la discusión de la Ley de Amnistía. Esto es positivo.
— Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) February 5, 2026
Sin embargo, el texto que se va a discutir debe hacerse público de inmediato.
En buen cristiano: Sin el respaldo y sin los aportes de la sociedad civil, la amnistía tendrá las patas muy cortas.
Reacciones y posiciones de actores nacionales e internacionales
Distintos sectores han fijado posiciones sobre la iniciativa antes de su discusión en el Parlamento. La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) ha reiterado su llamado a la liberación de presos políticos y a que cualquier amnistía contribuya a la reconciliación y al respeto de los derechos humanos.
Foro Penal, que cifra 380 excarcelaciones de 820 presos políticos que tiene documentados, presentó un anteproyecto propio de ley de amnistía general y ha expresado optimismo cauteloso, subrayando la necesidad de que la norma sea inclusiva y respete el marco constitucional. Referentes de la organización han insistido en que el proyecto debe evitar convertirse en un instrumento de impunidad.
En el ámbito internacional, la Unión Europea indicó que una eventual ley de amnistía podría ayudar a la reconciliación nacional, siempre que se garantice el respeto de estándares internacionales.
La primera discusión del proyecto en la Asamblea Nacional abre el proceso para evaluar el contenido y alcance de una norma que, si se aprueba, podría modificar el paisaje político y judicial en torno a la situación de personas detenidas por razones políticas en Venezuela.
