En la historia política de América Latina, algunos países han hecho uso de la amnistía como una herramienta para lograr la paz y la estabilidad en procesos de transición con el fin de reconstruir la institucionalidad sin provocar un quiebre con los sectores militares y sociedad civil.
Este mecanismo, aunque concebido originalmente como un vehículo para la reconciliación, ha generado tensiones jurídicas y sociales en algunos países debido a que los decretos podían entenderse como el olvido de los crímenes de lesa humanidad.
No obstante, la región ha oscilado entre la necesidad de cerrar ciclos de violencia y la exigencia de las víctimas por obtener justicia, un equilibrio que ha definido la calidad democrática de las naciones tras periodos de conflicto o regímenes autoritarios.
Venezuela no ha sido ajena a este fenómeno. En la historia contemporánea del país, se han promulgado indultos y recientemente, la presidenta encargada Delcy Rodríguez impulsó un proyecto de Ley Orgánica de Amnistía para los presos por motivos políticos desde 1999.
El equipo de El Diario realizó una búsqueda sobre los procesos de amnistía que se han dado en la historia política de América Latina, para dar a conocer cómo ha sido la receptividad y efectividad de este tipo de herramientas para alcanzar la estabilidad política dentro de los países donde se han implementado.
Amnistía en Brasil
En 1979, todavía bajo el régimen militar del general João Figueiredo, Brasil aprobó la Ley 6.683, conocida como la Ley de Amnistía.
A diferencia de otros países donde la ley se aprobó tras el fin de la dictadura, en Brasil fue un instrumento para transitar hacia la democracia bajo las condiciones de los propios militares.
Se presentó como una amnistía «amplia, general e irrestricta». En teoría, permitía el regreso de los exiliados políticos y perdonaba a los opositores, pero en la práctica fue una autoamnistía recíproca que blindó a todos los agentes del Estado que cometieron torturas, asesinatos y desapariciones entre 1961 y 1979.
Bajo este formato, el régimen aseguró que ningún militar fuera procesado al entregar el poder en 1985.
A diferencia de Argentina o El Salvador, Brasil es el único país de América Latina que mantiene su ley de amnistía plenamente vigente.
Implementación en Argentina
En Argentina, antes de entregar el poder a Raúl Alfonsín, la última Junta Militar promulgó la Ley de Pacificación Nacional. Esta era una autoamnistía donde los militares se perdonaban a sí mismos. Sin embargo, apenas asumió la presidencia en diciembre de 1983, Alfonsín la derogó y ordenó el histórico Juicio a las Juntas.
No obstante, la presión de los sectores castrenses forzó al gobierno de Alfonsín a promulgar dos leyes que paralizaron los procesos judiciales que se habían implementado.
Fue así que en 1986 se promulgó la Ley de Punto Final, que establecía un plazo de 60 días para procesar a los acusados; pasado ese tiempo, ya no se podía denunciar a nadie.
Posteriormente, en 1987, aprobaron la Ley de Obediencia Debida que dictaminó que los militares de menor rango no eran culpables porque obedecían órdenes de sus jefes.
Después de Alfonsín, el presidente Carlos Menem completó el ciclo mediante decretos presidenciales (indultos) que liberaron a los pocos que habían sido condenados, incluyendo a los jefes de las Juntas.
Pero en el año 2003, bajo el gobierno de Nestor Kirchner, el Congreso de Argentina declaró nulas las leyes de Alfonsín, y en 2005 la Corte Suprema las borró definitivamente del mapa jurídico, lo que permitió que los juicios se retomaran.
El caso de Chile
En Chile se implementó una amnistía en 1978, con el Decreto de Ley 2191 firmado por Augusto Pinochet, que buscaba blindar a los agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional por los crímenes cometidos durante un periodo de represión.
Este decreto amnistió todos los delitos cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978.
Sin embargo, a finales de la década de los años 1990, los jueces comenzaron a aplicar la doctrina del “secuestro permanente”, que establece que si el cuerpo de un detenido desaparecido no ha sido encontrado, el delito se considera en ejecución actual.
Al no ser un delito pasado, la amnistía de 1978 no puede aplicarse, lo que ha permitido condenar a figuras clave del gobierno de Pinochet.
Ley de Caducidad en Uruguay
En el marco de la transición democrática de 1986, Uruguay aprobó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. A diferencia de otros casos, esta ley fue respaldada por el voto popular en dos plebiscitos, en 1989 y 2009 respectivamente.
Durante el primer gobierno democrático de Julio María Sanguinetti, la mayoría ciudadana eligió otorgar legitimidad democrática a la impunidad de los crímenes cometidos entre 1973 y 1985 por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía.
Antes de la llegada de Sanguinetti al poder en marzo de 1985, Uruguay estuvo bajo una dictadura cívico-militar que duró 12 años (1973-1985).
Sanguinetti argumentó que la ley era necesaria para evitar un desacato de las Fuerzas Armadas que pusiera en riesgo la transición.
Sin embargo, en 2011, el beneficio de impunidad para los militares cesó cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentenció que Uruguay no podía escudarse en una ley interna ni en consultas populares para no investigar desapariciones forzadas. Esto obligó a la justicia a reabrir las causas contra los represores de la dictadura.
Perdón de crímenes en El Salvador
En 1993, tras 12 años de guerra civil en El Salvador, el gobierno de Alfredo Cristiani promulgó la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz.
Esta ley se aprobó cinco días después de que la Comisión de la Verdad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó su informe revelando los cŕimenes cometidos durante el conflicto en El Salvador.
La ley otorgaba un perdón “amplio, absoluto y definitivo” tanto para los miembros de la Fuerza Armada como a los guerrilleros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. El gobierno de Cristiani argumentó que el país necesitaba olvidar el pasado para poder reconstruirse.
No obstante, en julio de 2016, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador declaró la ley inconstitucional. Los magistrados sentenciaron que la ley violaba el derecho de acceso a la justicia y la protección de los derechos fundamentales, ya que los crímenes de lesa humanidad y de guerra no pueden ser perdonados por legislaciones nacionales. Este fallo permitió que las víctimas comenzaran a exigir la reapertura de casos históricos.
Proceso en México
En 2020, México aprobó la Ley de Amnistía propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta legislación buscó beneficiar a personas en situación de pobreza o vulnerabilidad procesadas por delitos menores, como el aborto o robos sin violencia.
De acuerdo con López Obrador, el objetivo de la Ley de Amnistía era alcanzar la justicia social y no el perdón de crímenes de Estado.
En 2024, se aprobó una reforma que permitía al presidente otorgar amnistía directa a quienes aporten información clave en casos graves aún cuando hayan participado en ellos, como, por ejemplo, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Ley Orgánica de Amnistía en Venezuela
El 30 de enero, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció una amnistía general para formalizar la anulación de las causas judiciales por razones políticas existentes desde el año 1999 hasta la actualidad.
Rodríguez aclaró que la Ley de Amnistía General no incluirá a aquellos procesados o condenados por homicidio, por tráfico de drogas, por corrupción y por violaciones graves a los derechos humanos.
Días después, específicamente el 5 de febrero, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión, y por unanimidad, el proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática impulsado por Rodríguez.
Ahora, el proyecto de ley debe ser evaluado en un segundo y último debate para su aprobación.
Tras este proyecto de ley, algunas organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos reaccionaron para dar a conocer su postura.
En ese sentido, Foro Penal, junto con otras organizaciones, subrayó la necesidad de que la amnistía no excluya a quienes han sido acusados falsamente o que han sido condenados sin el debido proceso que dicta la Constitución venezolana, como aquellos que carecen de juicio justo o defensa. Además, precisan que el proceso debe incluir la participación de la sociedad civil y las propias víctimas en su redacción, aplicación y seguimiento.
Además, la organización enfatizó que la amnistía debe cumplir con principios constitucionales e internacionales para concretar unas garantías de “no repetición” de los hechos.
Por su parte, el activista por los derechos humanos y expreso político Luis Carlos Díaz se refirió al alcance de la Ley de Amnistía y señaló que excluir de la amnistía a personas acusadas de corrupción, asesinato, narcotráfico y otros crímenes graves no contempla que existen individuos acusados falsamente, quienes no han tenido acceso a juicios justos ni derecho a la defensa.
El contexto judicial en Venezuela ha sido descrito por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos como caracterizado por detenciones arbitrarias, falta de transparencia y obstáculos a la defensa legal, por lo que defensores de presos políticos exigen que cualquier Ley de Amnistía considere estos factores y proteja a quienes enfrentan procesos irregulares, además de liberar a quienes claramente fueron perseguidos por sus ideas o activismo.
La jurisprudencia internacional
La evolución de los procesos judiciales en la región ha consolidado tres principios fundamentales en el derecho internacional. Estos criterios, respaldados por organismos como la CIDH y la ONU, limitan cualquier intento de aplicar leyes de amnistía sobre crímenes graves bajo tres principios:
– Imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad: este principio establece que el paso del tiempo no extingue la posibilidad de perseguir y castigar a los responsables de crímenes atroces.
Se fundamenta en la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de 1968, la cual menciona que los delitos como el genocidio, la tortura o la desaparición forzada no tienen «fecha de vencimiento» penal.
– El derecho a la verdad: más allá de la condena de cárcel para el culpable, el derecho internacional reconoce que las víctimas y la sociedad en su conjunto tienen el derecho de conocer la verdad completa sobre las violaciones de derechos humanos.
Este principio ha sido desarrollado ampliamente por la ONU y la CIDH e implica que el Estado no puede utilizar una amnistía para cerrar un caso sin antes haber realizado una investigación exhaustiva que identifique a los responsables, ya que ocultar esta información se considera una forma de revictimización.
– Principio de Control de Convencionalidad: establece que los tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tienen un rango superior a las leyes nacionales.
Por lo tanto, si un Congreso nacional aprueba una ley de amnistía que perdona la tortura, esa ley es inválida porque contradice un compromiso internacional previo.
