La organización internacional Human Rights Watch (HRW) instó a las autoridades venezolanas a “desmantelar el aparato represivo” en el país para impulsar un proceso de estabilización y encaminarse a unas elecciones libres y justas.
Entre las medidas clave, HRW sugiere reformar las instituciones judiciales y electorales, así como la derogación de “leyes abusivas” que van en contra de los derechos humanos.
“La excarcelación de presos políticos es un alivio importante, pero el aparato represivo utilizado para detenerlos sigue en pie (…) Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo reformas reales de sus leyes e instituciones judiciales y electorales. Cualquier otra cosa equivaldría a una transición simulada que quizás sirva los intereses de los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, pero que no reivindicará los derechos del pueblo venezolano”, aseguró Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW.
La organización explicó que los presos políticos excarcelados enfrentan restricciones para expresarse libremente y participar en actividades de protesta. Mencionó que los dirigentes políticos de oposición, como Juan Pablo Guanipa, están siendo sometidos a medidas de prisión domiciliaria para limitar sus actividades.
Violaciones generalizadas de derechos humanos
HRW aseguró que las autoridades venezolanas han cometido “violaciones generalizadas de derechos humanos” desde 2014, agregó que a menudo esto ocurre en complicidad con el Ministerio Público y el Poder Judicial.
“Entre ellas procesos penales infundados y motivados políticamente contra opositores políticos, periodistas y defensores de derechos humanos. Según Foro Penal, casi 19.000 personas han sido detenidas por motivos políticos. Las autoridades han detenido arbitrariamente y sometido a personas a desaparición forzada. Muchos detenidos han permanecido incomunicados, se les ha negado el acceso a abogados, han sido imputados masivamente en audiencias virtuales y han sido sometidos a malos tratos y tortura”, señala una nota en la página web de HRW.
La organización calificó de “injustas” las elecciones celebradas en Venezuela durante la última década y afirmó que estos procesos han estado marcados por violaciones de los derechos humanos e irregularidades.
“Tras las elecciones presidenciales de 2024, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia declararon que Nicolás Maduro había sido reelegido. La oposición recopiló actas electorales que mostraban que Edmundo González, respaldado por la líder opositora María Corina Machado, había obtenido más de dos tercios de los votos emitidos en el 81,7 % de las mesas de votación. Observadores independientes del Centro Carter revisaron esas actas y concluyeron que eran precisas y legítimas”, agregó.
Reformas
HRW pidió a las autoridades venezolanas adoptar medidas inmediatas para crear las condiciones necesarias para la celebración de elecciones libres y justas. Señaló que eso incluye revisar la composición del Consejo Nacional Electoral, debido a que sus miembros tomaron medidas para impedir el registro de candidatos de la oposición en elecciones pasadas.
“Las autoridades venezolanas también deben adoptar medidas para restablecer la integridad e independencia del poder judicial. El Poder Judicial dejó de funcionar como una rama independiente del gobierno en 2004, cuando el entonces presidente Hugo Chávez aprobó una reforma judicial y coptó el Tribunal Supremo de Justicia con aliados. Desde entonces, la corte ha apoyado al Poder Ejecutivo en la represión de los críticos”, añadió.
La organización comentó que la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas (FFM, por sus siglas en inglés) también constató que los tribunales de la jurisdicción especial para casos de terrorismo cometieron “violaciones sistemáticas del debido proceso”.
“La FFM afirmó que el fiscal general Tarek William Saab ‘lideró la acción del Estado que condujo a violaciones de los derechos humanos’ tras las elecciones de 2024. Concluyó que Saab forma parte de la maquinaria represiva del gobierno para dotar de una apariencia de legalidad a las violaciones graves de los derechos humanos cometidas”, indicó HRW..
La organización alertó que mantener a Saab como fiscal general es “incompatible con cualquier esfuerzo significativo de reforma que busque respetar los derechos humanos y promover el Estado de derecho”.
HRW pidió a la Asamblea Nacional modificar o derogar las leyes que han permitido las violaciones de derechos humanos, entre ellas:
– La Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales de 2024, que otorga al gobierno amplios poderes para regular el funcionamiento y el financiamiento de organizaciones no gubernamentales y establece motivos vagos y ambiguos para disolverlas.
– La Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela de 2024, que penaliza cualquier crítica a las autoridades o la defensa de sanciones contra Venezuela o contra sus funcionarios. Los infractores se enfrentan a penas de hasta 30 años de prisión y a la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
– La Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia de 2017, que impone penas de 10 a 20 años a cualquiera que “promueva, fomente o incite públicamente al odio, la discriminación o la violencia” y que se ha utilizado para detener a críticos bajo delitos ampliamente definidos.
– La Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo de 2012, que se ha utilizado para enjuiciar a opositores políticos, manifestantes y ciudadanos extranjeros, entre otros, por presuntos delitos relacionados con el terrorismo, con penas que van de 25 a 30 años.
– La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión de 2004, modificada en 2010, que se ha utilizado para restringir la libertad de expresión y de prensa, y para censurar y cerrar medios de comunicación.
La directora para las Américas de HRW advirtió que la discusión del proyecto de ley de amnistía no debe ser una excusa para retrasar la liberación plena de los presos políticos en el país.
Finalmente exhortó a la presidenta encargada, Delcy Rodriguez, a que permita a los observadores internacionales de derechos humanos, incluidas la FFM y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el acceso sin restricciones a Venezuela para documentar la situación de derechos humanos.
“En febrero, el gobierno permitió que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) visitara brevemente el país para observar las excarcelaciones de presos políticos. El gobierno venezolano debe permitir que el ACNUDH restablezca sin restricciones indebidas su oficina en Venezuela, la cual fue cerrada en 2024”, señaló Human Rights Watch.
