El diputado de la Asamblea Nacional, Antonio Ecarri, advirtió este lunes 23 de febrero que solicitarán investigaciones contra los jueces y fiscales del Ministerio Público que no “colaboren” con la aplicación de la Ley de Amnistía.
«Ahora no están solos, los estamos vigilando. Y vamos a vigilar también al Ministerio Público. Juez que no colabore con la Ley de Amnistía, juez que le vamos a solicitar una investigación. Igual, exactamente, a los fiscales del Ministerio Público», dijo Ecarri.
🚨Atención. Tras denuncias del CNP @cnpven y el @sntpvenezuela SNTP: Juez, fiscal o defensor que no colabore con la Amnistía, solicitaremos su investigación. pic.twitter.com/yeBeOgk70V
— Antonio Ecarri A. (@aecarri) February 23, 2026
Aclaró además que la nueva normativa tiene un “efecto particular” en el caso de los militares procesados. “No es que no van a ser liberados (…) pero existen acuerdos especiales vinculados a su baja y grado militar. Vamos a revisar todos los casos”, señaló ante los medios de comunicación.
El parlamentario también mencionó que hasta el momento se contabilizan 2.104 casos que deben ser objeto de la Ley de Amnistía.
Denuncias
Más temprano, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela denunció que tribunales con competencia en terrorismo en el país se «negaron» a recibir las solicitudes de sobreseimiento (cierre del caso penal) que, conforme a la Ley de Amnistía, pueden presentar las propias víctimas.
En una publicación en X, el SNTP indicó que «asistió y acompañó hoy a un grupo de periodistas en el Palacio de Justicia, quienes introducirían sus peticiones de sobreseimiento, de acuerdo con el artículo 11 de la misma ley».
Sin embargo, prosiguió, «ningún tribunal recibió los escritos, aunque se trata de un trámite estrictamente secretarial», ni «tampoco fueron recibidos» en la Unidad de Recepción de Documentos.
«Los tribunales están obligados a verificar los supuestos de la amnistía y decidir en un plazo que no exceda de quince (15) días continuos, de conformidad con el mismo artículo (11)», subrayó el SNTP.
Por otra parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) reportó que los tribunales enfrentaron por primera vez una presentación masiva de casos para evaluación bajo la nueva normativa, lo que derivó en un “colapso total”. De acuerdo con su reporte, la jornada estuvo marcada por “violencia institucional persistente” y una cultura de maltrato que afectó tanto a los beneficiarios de la medida como a sus defensores.
La ONG subrayó que, tras años en los que se impidió la designación de abogados privados, durante esta fase del proceso fueron los propios familiares quienes debieron asumir gestiones y realizar largas filas en tribunales. Muchos de ellos, agregó la organización, se encontraban en condiciones de vulnerabilidad económica y emocional.
“No habrá una justicia real ni una libertad plena mientras el proceso siga viciado por la arbitrariedad, la falta de transparencia y un sistema que, en lugar de reparar, continúa operando desde el hostigamiento”, concluyó.
