La Asamblea Nacional designó el miércoles 25 de febrero a Larry Devoe como nuevo fiscal general de Venezuela, en medio de una reconfiguración del Poder Ciudadano que incluyó la renuncia de Tarek William Saab a la jefatura del Ministerio Público y la salida del defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó durante una sesión transmitida por ANTV que recibió “sendas misivas” con las dimisiones de Saab y Ruiz, quienes habían sido ratificados en octubre de 2024 para un período de siete años, hasta 2031.
Según explicó, actualmente no existe vicefiscal que pueda asumir el cargo de manera automática, por lo que el Legislativo avanzaría en la designación de autoridades encargadas mientras se activa el Comité de Postulaciones.
Devoe, abogado y hasta ahora secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, asume la dirección del ente investigador con la tarea de coordinar las acciones penales del Estado en un contexto político marcado por la reciente aprobación de una ley de amnistía dirigida a casos considerados de carácter político.
Renuncias en medio del proceso de amnistía
Las dimisiones de Saab y Ruiz se produjeron en paralelo al debate sobre la Ley de Amnistía impulsada por el oficialismo. Días antes de dejar el cargo, Saab afirmó que la norma representaba el cierre de “un importante ciclo histórico” en el país, al considerar que buscaba sanar heridas derivadas de conflictos políticos acumulados desde finales del siglo XX.
El ahora exfiscal había llegado al Ministerio Público en agosto de 2017, cuando la entonces Asamblea Nacional Constituyente —integrada únicamente por aliados del gobierno de Nicolás Maduro— lo designó tras la destitución de la fiscal general Luisa Ortega Díaz.
Durante su gestión encabezó investigaciones por corrupción y procesos judiciales vinculados a protestas y disidencia política, actuaciones que fueron cuestionadas por organizaciones de derechos humanos.
Tras dejar la Fiscalía, Saab fue trasladado a la Defensoría del Pueblo, cargo que ya había ejercido antes de 2017 y en el que sustituye a Alfredo Ruiz Angulo, quien también presentó su renuncia ante el Parlamento como parte del proceso de reorganización institucional.
Ruiz ocupaba la Defensoría desde 2017, cuando fue designado para reemplazar a Saab en ese organismo. Su salida simultánea con la del fiscal abrió paso a cambios dentro del Poder Ciudadano, instancia prevista en la Constitución venezolana e integrada por la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General, con funciones de control ético y jurídico sobre la administración pública.
Las designaciones ocurren en un escenario político marcado por debates sobre justicia, presos políticos y negociaciones institucionales, factores que han puesto nuevamente en el centro del debate el papel del sistema judicial venezolano y de los organismos encargados de la defensa de derechos humanos.
