Las organizaciones no gubernamentales (ONG) Espacio Público, Alerta Venezuela en Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) acudieron este miércoles 15 de abril a la sede del Ministerio Público, en Parque Carabobo, para introducir un documento en el que solicitan información oficial sobre la aplicación de la Ley de Amnistía, aprobada el pasado 19 de febrero.
En el escrito, las ONG pidieron cifras precisas sobre la ejecución de esta normativa. Entre los datos requeridos se encuentra el número de boletas de excarcelación emitidas y efectivamente ejecutadas a partir de solicitudes de las fiscalías, así como la cantidad de personas bajo medidas cautelares a quienes se les ha aplicado la ley.
— Espacio Público (@espaciopublico) April 15, 2026
Las organizaciones también solicitaron un desglose por estados de los casos en los que las fiscalías hayan identificado procesos policiales arbitrarios que hayan sido beneficiados por la amnistía. A esto se suma la petición de información detallada por centros de detención, con el fin de conocer cómo se ha implementado la medida en distintos recintos.
Asimismo, el documento incluye la solicitud de cifras totales de solicitudes declaradas no procedentes, así como de denuncias por retardo u omisión en la aplicación de la ley. Con esta iniciativa, las ONG buscan mayor transparencia sobre el alcance y ejecución real de la normativa en el país.
Críticas a la Ley de Amnistía
La Ley de Amnistía en Venezuela fue aprobada el 19 de febrero de 2026, en un contexto marcado por cuestionamientos al sistema de justicia y denuncias sobre detenciones arbitrarias. Su aplicación depende principalmente de las actuaciones del Ministerio Público y otros órganos judiciales, que deben evaluar los casos de manera individual.
Según la ley, son objeto de amnistía los “delitos o faltas cometidos” en el contexto del golpe de Estado de abril de 2002, durante el paro petrolero de diciembre de 2002, así como en medio de las manifestaciones ocurridas en 2004, en mayo de 2007, de julio a septiembre de 2009, en 2013, entre marzo y agosto de 2017 y en medio de las elecciones de 2024 y de 2025.
También abarca los acontecimientos relacionados con las actuaciones del Parlamento entre 2016 y 2021, dominado ese quinquenio por la oposición, y el desconocimiento en ese entonces de las instituciones y autoridades públicas.
Sin embargo, hasta ahora no existe un balance oficial sobre la aplicación de la normativa, más allá de cifras. Esta falta de información ha llevado a organizaciones a exigir datos detallados sobre excarcelaciones, casos por estado y aplicación en centros de detención.
Diversas ONG también han denunciado problemas en la implementación de la ley, como falta de transparencia, aplicación discrecional y retrasos en la ejecución de medidas. Además, reportaron que algunas solicitudes han sido rechazadas sin criterios claros y que aún habría personas que, pese a poder calificar, continúan privadas de libertad.
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