La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció este martes 5 de mayo que impuso «condenas» de hasta cinco años de “prisión revolucionaria” a dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía colombiana, a quienes mantiene secuestrados desde hace un año.
Las víctimas son los agentes Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, quienes, según un comunicado leído por un integrante del Frente de Guerra Oriental del ELN, deberán permanecer en poder de esa guerrilla 60 y 55 meses, respectivamente, por “pertenecer a un organismo del Estado” al que acusa de cometer crímenes de lesa humanidad.
De igual forma, los policías de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, secuestrados también en Arauca en julio de 2025, fueron «condenados» respectivamente a 36 y 32 meses de lo que el ELN denomina “prisión revolucionaria”, por los delitos de espionaje y perfidia.
El ELN denomina «condenas» a castigos adoptados en lo que llama “juicios revolucionarios”, con los que pretende juzgar a los retenidos bajo sus propias normas y justificar su permanencia en cautiverio.
En los cuatro casos, el grupo guerrillero señaló que en dichos «juicios» se decidió no condenar a pena capital a los secuestrados y aprobó conceder el beneficio de rebaja de pena a los procesados por su comportamiento durante el juicio y la ejecución de la pena.
También señaló el portavoz del ELN que se decidió reconocer y descontar el tiempo que los condenados han permanecido privados de libertad desde el momento de su captura como parte del cumplimiento de la pena.
Igualmente, podrán acogerse a mecanismos de canje humanitario de prisioneros de guerra con el gobierno nacional, agregó el ELN.
Condena generalizada
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, calificó de “cobarde” el anuncio del ELN y aseguró que esa guerrilla no tiene legitimidad para ejercer funciones judiciales.
“El ELN no es autoridad. No representa justicia. Es un cartel del narcotráfico”, afirmó el jefe de la cartera de Defensa.
Sánchez Suárez aseguró que no hay causa que justifique un secuestro y envió un mensaje a las familias de los retenidos al afirmar que “no están solas”, al tiempo que pidió a la comunidad internacional sumarse a la exigencia de liberación inmediata.
Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió que este tipo de actuaciones no altera la naturaleza del delito de secuestro y recordó que, según el derecho internacional humanitario (DIH), la privación de la libertad debe cesar sin condiciones.
Arauca es uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado en Colombia y escenario de disputas entre el ELN, disidencias de las FARC y otros grupos ilegales por el control de rutas del narcotráfico y economías ilícitas.
