Organizaciones defensoras de derechos humanos y abogados exigieron este jueves 7 de mayo una investigación independiente sobre la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, luego de que el Ministerio para el Servicio Penitenciario confirmara que el detenido falleció en julio de 2025 bajo custodia del Estado venezolano.
Las reacciones surgieron después de que el gobierno admitiera que Quero murió el 24 de julio de 2025 en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, en Caracas, pese a que familiares y ONG llevaban meses denunciando que desconocían su paradero y exigiendo información sobre su estado de salud.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) pidió la apertura de una investigación “independiente, exhaustiva e imparcial” conforme al Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas.
“La investigación no puede quedar bajo control de las mismas instituciones estatales responsables de la custodia de la víctima”, señaló la organización en un comunicado publicado en redes sociales.
ONG denunciaron contradicciones en la versión oficial
JEP afirmó que existen contradicciones entre distintos organismos del Estado sobre la situación de Quero durante su detención.
La organización aseguró que el 24 de octubre de 2025 la Defensoría del Pueblo informó a la madre del detenido que Quero permanecía recluido en Rodeo I, mientras que el Ministerio para el Servicio Penitenciario sostiene actualmente que falleció el 24 de julio de ese mismo año.
“Esta contradicción cronológica exige una explicación oficial verificable y constituye un elemento suficiente para cuestionar la integridad de los registros estatales relacionados con el caso”, indicó la ONG.
Además, sostuvo que los hechos podrían ser compatibles con una desaparición forzada debido a la negativa de información sobre el paradero del detenido y las inconsistencias entre organismos públicos.
Señalamientos sobre ocultamiento de información
La ONG también informó que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas solicitó formalmente información al Estado venezolano el 31 de marzo de 2026 sobre el paradero y las condiciones de integridad de Quero.
Según Justicia, Encuentro y Perdón, las autoridades no respondieron al requerimiento internacional.
“El silencio absoluto que mantuvo la administración ante este requerimiento no solo constituye un desacato a los mecanismos internacionales de protección, sino que confirma que el ocultamiento de la verdad fue una conducta deliberada”, expresó la organización.
Por su parte, la organización Realidad Helicoide afirmó que el caso representa “la expresión más cruel de un sistema que reprime, desaparece, tortura y asesina como política de Estado”.
“Víctor Hugo Quero murió detenido y desaparecido para su familia”, agregó el grupo.
Asimismo, el defensor de derechos humanos y cofundador de Provea, Marino Alvarado, aseguró que el caso de Quero constituye una desaparición forzada y sostuvo que este tipo de hechos “han sido una política de Estado”.
“La noticia de su fallecimiento evidencia la indefensión del ciudadano ante las graves violaciones de derechos humanos”, escribió en redes sociales.
En eses sentido, pidió al Ministerio Público iniciar una investigación contra el ministro de Asuntos Penitenciarios, Julio García; el director de la cárcel de El Rodeo; el exfiscal general Tarek William Saab y el exdefensor del Pueblo Alfredo Ruiz.
Foro Penal cuestionó la versión del ministerio
El presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, también cuestionó el comunicado oficial difundido por el Ministerio para el Servicio Penitenciario.
“¡Víctor Quero falleció mientras estaba desaparecido!”, escribió Romero en redes sociales.
El abogado rechazó además la afirmación del ministerio según la cual ningún familiar acudió a solicitar información sobre el detenido.
“El Ministerio Penitenciario dice que no informó vínculos filiatorios, pero su madre fue muchas veces a Rodeo I y negaban su paradero”, afirmó.
El Ministerio para el Servicio Penitenciario aseguró que Quero fue recluido en Rodeo I en enero de 2025 y que murió meses después por una insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar. El gobierno indicó además que sus restos fueron inhumados debido a la supuesta ausencia de familiares.
