A dos semanas del doblete sísmico en Venezuela, el exdirector nacional de Protección Civil Antonio Rivero cuestionó la actuación del Estado durante la emergencia. El ingeniero electrónico sostuvo que el país llegó al desastre sin planificación, sin prevención y sin aplicar las recomendaciones de estudios técnicos que, aseguró, expertos habían advertido años atrás sobre las consecuencias de un evento sísmico de gran magnitud en la región central.
En declaraciones exclusivas para El Diario, Rivero, quien dirigió Protección Civil entre 2003 y 2008 y es general de brigada retirado del Ejército venezolano, afirmó que la emergencia no solo evidenció fallas en la respuesta inmediata, sino también años de incumplimiento de políticas de prevención y de fortalecimiento institucional.
Sus declaraciones se producen luego de que el doble terremoto de magnitudes 7,5 y 7,2, ocurrido el 24 de junio, dejara 3.889 fallecidos y 16.740 heridos, según el balance oficial, mientras que organizaciones independientes estiman que alrededor de 30.000 personas continúan desaparecidas.
Recalcó que las primeras horas, a las que denominó “horas de oro”, eran determinantes para salvar vidas ante los sismos que azotaron el país el 24 de junio. Sin embargo, insistió en que Venezuela falló en materia de prevención, a diferencia de otros países.
“En los países sísmicos o aquellos que desarrollan alta prevención, como Japón, Chile y México, terminan evaluando una proyección de daños que ya tienen prevista si llegase a ocurrir un sismo de cierta magnitud. Pues lamentablemente en Venezuela eso falló (…)”, dijo Rivero.
El experto calificó la situación de “demasiado crítica” por la falta de planificación y tildó de “nefasta” la actuación del gobierno frente a la respuesta a la emergencia.
Los escenarios que contemplaban un sismo
Antonio Rivero ratificó algunas de las informaciones que se han viralizado en redes sociales sobre el estudio elaborado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) tras la tragedia de Vargas de 1999 —actual estado La Guaira, la entidad más afectada por el doblete sísmico del 24 de junio—.
Según explicó, ese informe evaluó el impacto que tendría un terremoto similar a los ocurridos en 1812 y 1967 sobre parte de la región capital y planteó medidas para reducir el riesgo de futuros desastres.
“Para ese tiempo, ellos determinaron que de ocurrir esos eventos (terremotos y aludes torrenciales) habrían consecuencias. Había un número de víctimas, había un número de edificios colapsados, había un número de niveles de daños que salen en ese informe”, aseguró.
Agregó que el documento también planteaba desarrollar políticas de prevención y mitigación del riesgo frente a los posibles daños que pudiera ocasionar un terremoto de gran magnitud.
“En lo sucesivo, todo proyecto de desarrollo de infraestructura, habitacional, vial, de servicios, comunicaciones, agua o energía debía enmarcarse dentro de un nivel de microzonificación sísmica que permitiera que esos desarrollos soportaran la sismicidad prevista en esos modelos. Esto no ocurrió. Lamentablemente, todo eso falló y dejó de cumplirse”, precisó.
Rivero aseguró que, durante su gestión al frente de Protección Civil, la institución advirtió sobre proyectos de la Gran Misión Vivienda Venezuela que, según los informes técnicos, no cumplían con las normas mínimas relacionadas con la microzonificación sísmica.
“Cuando comenzó la Misión Vivienda, se entregaron informes donde se estaban desarrollando conjuntos habitacionales que no cumplían las normas mínimas de microzonificación sísmica”, dijo. Explicó que los aludes torrenciales ocurridos en Vargas dejaron depósitos de sedimentos inestables y que, además, el área se encuentra sobre la influencia de las fallas de San Sebastián y Boconó.
A su juicio, la ocurrencia de dos movimientos sísmicos casi simultáneos incrementó de forma considerable las afectaciones.
La ayuda internacional
Para el exdirector nacional de Protección Civil, la coordinación de la emergencia debía recaer desde el primer minuto en la Dirección Nacional de Protección Civil, la cual, según explicó, es la encargada de activar a los cuerpos de bomberos, grupos voluntarios, organismos de salud, servicios públicos y la Fuerza Armada Nacional.
No obstante, reconoció que incluso cuando ocupó el cargo el país no disponía de la capacidad suficiente para enfrentar un terremoto de semejante magnitud, como el doblete sísmico del 24 de junio, por lo que consideró que solicitar apoyo internacional debía ser una de las primeras decisiones.
“Si traslado esta situación al año 2008, cuando yo era director nacional, puedo decir que apenas contábamos con el 40 % de la capacidad nacional para responder a un evento de esa naturaleza. Es decir, de inmediato, yo tendría que haberle dicho a las máximas autoridades de la República, sin protocolo, sin burocracia: ‘Pida inmediatamente ayuda internacional para rescate’ (…) Eso no ocurrió”, agregó.
Rivero consideró que la magnitud de los sismos obligaba a tomar decisiones excepcionales durante los primeros minutos. En su opinión, la declaración de la emergencia nacional, el despliegue de personal para evaluar daños, la coordinación con gobernaciones y alcaldías, la activación de las telecomunicaciones y la llegada de equipos internacionales especializados debieron producirse prácticamente de manera simultánea.
“Cuatro horas después fue que se decretó la emergencia nacional. Gravísimo. Eso debió ocurrir en la primera media hora”, cuestionó.
La nueva unidad militar y la respuesta ante futuros desastres
Tras el anuncio del gobierno encargado sobre la creación de una Unidad de Tarea Especial de Emergencia para atender desastres naturales de gran magnitud, una medida anunciada el 5 de julio por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, Rivero consideró que el problema no radica en la falta de nuevos organismos, sino en el debilitamiento de las instituciones ya existentes.
“No es necesario crear esa unidad especial porque la educación y la formación militar deben incluir transversalmente la prevención y atención de desastres. Todos los cuerpos militares tienen que tener esa capacitación. Lo que sí se debe es fortalecer la Dirección Nacional, las direcciones regionales, las direcciones municipales, los cuerpos de bomberos y los grupos voluntarios”, insistió.
Recordó que durante su gestión existían cerca de 20.000 voluntarios organizados para atender emergencias. Asimismo, sostuvo que organizaciones como la Federación Venezolana de Búsqueda y Rescate requieren equipamiento, financiamiento y entrenamiento permanente para fortalecer la capacidad de respuesta ante este tipo de eventos.
Asimismo, insistió en que la gestión del riesgo debe convertirse en parte de la formación universitaria de periodistas, médicos, ingenieros y otros profesionales, de manera que toda la sociedad esté preparada para responder ante una emergencia.
La comunicación también forma parte de la emergencia
Otro de los aspectos que más cuestionó Rivero fue el manejo de la información oficial durante los días posteriores al desastre. Consideró que Protección Civil debió asumir la vocería técnica desde el primer momento mediante reportes constantes y ruedas de prensa periódicas. A su juicio, fue un error que el director nacional del organismo ofreciera su primera declaración pública 24 horas después de lo sucedido.
“La mayor información debió haberse transmitido permanente y tener un sistema y un personal especializado y constantemente emitir una rueda de prensa cada 6 o cada 12 horas (…) Por supuesto, oficialmente las cifras siempre van a ser menores que las estimaciones, porque tiene que manejarse hasta que no se determine la identidad de una persona fallecida”, aclaró.
Rivero explicó que las cifras de fallecidos y desaparecidos suelen modificarse con el paso de los días debido a los procesos de identificación de víctimas y a la verificación de los reportes recibidos por las autoridades.
Sobre el número de desaparecidos, señaló que debe manejarse con cautela debido a la posibilidad de registros duplicados o de personas que aparecen con vida días después. Aun así, consideró que las cifras oficiales no reflejan la verdadera dimensión humana de la tragedia.
La reconstrucción
Para Rivero, una vez concluyan las labores iniciales de búsqueda y rescate, el país deberá entrar en una etapa de rehabilitación y reconstrucción sustentada en criterios técnicos y no únicamente en decisiones políticas.
Explicó que antes de iniciar nuevas construcciones es indispensable realizar una evaluación integral de los daños, actualizar la microzonificación sísmica y desarrollar estudios geológicos que permitan determinar qué tipo de edificaciones pueden levantarse en las zonas afectadas.
Asimismo, consideró que es prioritario recuperar la actividad económica de La Guaira para facilitar que la población pueda reconstruir su vida y reducir la dependencia de la ayuda estatal.
“La causa raíz de todo esto es el propio sistema (…) ¿Dónde está la permisología? ¿Dónde está la inspección? ¿Dónde está la supervisión de esa obra por parte de los organismos gubernamentales?”, expresó.
Rivero insistió en que la reconstrucción no debe limitarse a reparar la infraestructura afectada, sino que debe ir acompañada del fortalecimiento de las instituciones responsables de la gestión del riesgo, la actualización de los estudios técnicos y la incorporación de una cultura permanente de prevención.
