Una pregunta legítima recorre el país estos días: con un millón de problemas encima —casas caídas, hospitales sin insumos, sueldos que no alcanzan—, ¿por qué la mesa de diálogo empezó por los tribunales? ¿No hay cosas más urgentes?
La respuesta es que no se empezó por los tribunales en lugar de la gente. Se empezó por los tribunales por la gente. Voy a explicar por qué, sin tecnicismos.
Lo que pasó cada vez que los venezolanos ganamos
Repasemos cuatro hechos que usted vivió:
Diciembre de 2015: los venezolanos eligieron la Asamblea Nacional 2015 con la votación más alta de nuestra historia. A los pocos días, el Tribunal Supremo suspendió a los diputados electos del estado Amazonas. Con eso desapareció la mayoría calificada, que era justamente la que permitía hacer cambios de fondo. Lo que se ganó en la calle se anuló en un despacho.
Desde 2016: el mismo tribunal declaró a esa Asamblea “en desacato” y, sobre esa base, dejó sin efecto prácticamente todos sus actos: más de cincuenta leyes y acuerdos. Entre ellos, la ley que asignaba a pensionados y jubilados recursos para comida, medicinas y salud. Un anciano que hoy no tiene con qué comprar sus pastillas quizá no lo sepa, pero su ley existió y una sentencia la borró.
2007: el cierre de RCTV fue una decisión del Ejecutivo, pero fue el poder judicial el que la avaló, rechazó los recursos de la empresa y ordenó entregar sus equipos al Estado. Sin ese respaldo judicial, el cierre no se sostenía.
28 de julio de 2024: millones de personas votaron, defendieron actas y protestaron pacíficamente. Edmundo González Urrutia resultó electo. Y de nuevo fue una sentencia la que desconoció ese resultado.
El patrón es siempre el mismo, y conviene decirlo con una frase que se entienda: este régimen no gobierna con leyes, gobierna con sentencias. La gente construye —vota, se organiza, protesta, vota— y al final aparece un tribunal que lo desarma. Ese ha sido el verdugo. No un verdugo con uniforme: uno con toga.
Por qué el electoral y el judicial
Todos los poderes públicos de Venezuela deben ser reconstruidos. Pero el programa de fortalecimiento de la democracia empezó por dos, y hay una lógica en ello.
El poder electoral, porque el voto es la única fuente legítima de autoridad. Sin condiciones para que todos votemos —registro abierto, campaña libre, observación, resultados publicados— nada de lo demás tiene base. Y el poder judicial, porque es el que puede respetar o anular ese resultado. Un voto sin un tribunal que lo haga valer es un papel. Un tribunal independiente sin elecciones es una isla. Van juntos, y en ese orden.
Qué se decidió
El primer ciclo de conversaciones entre la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional 2015 y los representantes del régimen de Delcy Rodríguez acordó iniciar la transformación del sistema de justicia con cuatro medidas: reformar la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y otras leyes del sistema; renovar y ampliar el Comité de Postulaciones Judiciales; activar un nuevo proceso de postulación; y —esta es la pieza novedosa— conformar un Consejo de Revisión que examine credenciales y requisitos de cada postulado conforme a la Constitución, la ley y el baremo de evaluación. El trabajo arranca en agosto, de forma continua.
Hubo además una decisión que pasó casi inadvertida y es determinante: el proceso de designación de magistrados que venía adelantando la Asamblea Nacional de 2025 quedó suspendido. Esa fue la primera petición que el Programa de Organización Ciudadana (POC) llevó por escrito a la mesa de trabajo. No es un detalle de procedimiento: si ese proceso se hubiera consumado, treinta y dos magistrados habrían quedado nombrados por 12 años, hasta 2038, antes de que el país pudiera opinar.
Los 32: no es una concesión
Se ha dicho que renovar el ciento por ciento del Tribunal Supremo —los treinta y dos magistrados— es una concesión generosa del régimen. No lo es. Es el resultado de una política ajustada a la Carta Magna, y la Asamblea Nacional 2015, con el reconocimiento internacional que mantiene, asumió ese compromiso con el país.
La razón es sencilla. Un tribunal necesita dos cosas para que sus decisiones se acaten: haber nacido bien y funcionar bien. Lo primero se llama legitimidad de origen; lo segundo, capacidad funcional. El Tribunal Supremo de Justicia actual falla en ambas. Una renovación parcial —cambiar algunos y dejar el resto— conservaría el defecto de origen en el mismo cuerpo que debe corregirlo. Por eso tiene que ser completo, y por eso importa tanto quién revisa las credenciales y con qué reglas. Cambiar los nombres sin cambiar el procedimiento no resuelve nada.
Lo que esto le devuelve a usted
Con jueces independientes se pueden liberar los presos políticos, porque quien los mantiene privados de libertad es una decisión judicial y solo otra decisión judicial la revierte. Se pueden hacer valer las leyes que fueron anuladas. Se puede exigir que un resultado electoral se respete. Y se puede volver a firmar un contrato, comprar una casa o cobrar una prestación sabiendo que hay alguien que hará cumplir lo pactado. Sin eso no hay inversión, y sin inversión no hay reconstrucción posible después de los terremotos de junio.
Estamos, en definitiva, en un proceso para restablecer la legitimidad de origen y la capacidad funcional de la administración de justicia, con fundamento en la Constitución vigente. Se desmonta el sistema desde arriba y se le devuelven al ciudadano sus derechos civiles y políticos. Se desarma al régimen y se arma al ciudadano.
Falta mucho: liberación de absolutamente todos los presos políticos, en libertad plena, el calendario electoral, la ejecución real de lo acordado. Un acuerdo firmado no es un acuerdo cumplido, y ahí estaremos vigilando. Pero por primera vez en años el país empezó por donde había que empezar.
