Una investigación del consorcio periodístico Forbidden Stories, publicada el 21 de septiembre, reveló que desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump en 2025, el gobierno de Estados Unidos ha estructurado una extensa red de acuerdos bilaterales para deportar a ciudadanos hacia terceros países con los que no poseen ningún tipo de vínculo geográfico, familiar o cultural.
De acuerdo con el informe, esta política ha estado ejecutada bajo un marco de confidencialidad diplomática y presupuestaria, que derivó en la expulsión de más de 25 mil migrantes hacia territorios ajenos a sus orígenes.
Forbidden Stories, junto con 26 organizaciones de noticias en 15 países analizó registros aéreos y testimonios en el terreno procesados por Human Rights First y la plataforma Third-Country Deportation Watch, para conseguir los datos del alcance de estas operaciones.
“Desde enero de 2025, la administración Trump ha concluido acuerdos con 35 países para deportar a nacionales de terceros países. Los detalles de estos acuerdos han estado envueltos en el secreto. Hasta el 31 de agosto de 2026, al menos 25.447 personas de este tipo habían sido enviadas a través de 28 países. El gobierno de Estados Unidos no ha revelado públicamente estas cifras”, se lee en la investigación.
No obstante, los analistas puntualizaron que la estrategia enfrentó un freno legal el 18 de septiembre de 2026, cuando un tribunal federal de apelaciones emitió un fallo para paralizar estas deportaciones tras una demanda colectiva interpuesta por la National Immigration Litigation Alliance (NILA), Northwest Immigrant Rights Project (NWIRP) y Human Rights First.
La justicia determinó que los traslados violan el debido proceso al no otorgar a los migrantes una notificación previa con tiempo suficiente para impugnar su expulsión ante un juez de inmigración.
Acuerdos secretos con terceros países
Forbidden Stories detalló que las negociaciones con gobiernos extranjeros están bajo la dirección de la Oficina de Remigración, una dependencia creada en 2025 dentro del Departamento de Estado e integrada por unos 15 funcionarios.
La entidad es dirigida por el diplomático Christian Jové Ehrhardt, con trayectoria en operaciones de seguridad en embajadas estadounidenses, quien realiza viajes a distintos continentes presentándose ante mandatarios extranjeros con el respaldo de un enviado directo de la Casa Blanca.
La investigación resaltó que, en noviembre de 2025, Ehrhardt viajó a Camerún para reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores local, Felix Mbayu. Oficialmente, las conversaciones abordaron cooperación en materia de salud y seguridad.
Sin embargo, pudieron conocer que el objetivo central consistió en acordar la recepción de extranjeros deportados, al concretar un memorando de entendimiento el 16 de diciembre de 2025.
Ese mismo día, Estados Unidos aprobó un plan de asistencia en salud para Camerún por cerca de 400 millones de dólares y un aporte posterior de 30 millones para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en esa nación. Posteriormente, el primer vuelo de expulsados a ese país se realizó el 14 de enero.
Sin control del Congreso
El conglomerado periodístico también revisó documentos internos del Departamento de Estado, previamente obtenidos por The Washington Post, que revelaron que la administración proyectó desembolsar al menos 410 millones de dólares para viabilizar los acuerdos de expulsión.
De ese monto, 81 millones de dólares se presupuestaron para ser entregados directamente a los gobiernos firmantes mediante contratos acelerados, lo que les permitió eludir la notificación obligatoria al Congreso estadounidense sobre requisitos de derechos humanos en el gasto de ayuda exterior.
El resto del presupuesto de la Oficina de Remigración se estructuró en subvenciones vinculadas directamente a la implementación de los pactos: más de 178 millones de dólares se destinaron a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y más de 123 millones de dólares al Acnur.
Asimismo, el informe desveló que los compromisos asumidos por los países firmantes varían en exigencias, cuotas y montos recibidos. En la víspera de Navidad de 2025, la nación insular de Palau firmó un memorando de entendimiento para recibir hasta 75 nacionales de terceros países a cambio de 7,5 millones de dólares, con la condición de que los trasladados no tuvieran antecedentes penales.
Pese al financiamiento, las autoridades migratorias estadounidenses han tenido dificultades para encontrar perfiles que cumplan con los requisitos, por lo que solo se acordó trasladar a tres personas a ese archipiélago del Pacífico.
Por el contrario, Forbidden Stories narró que el reino de Eswatini (en el sur de África) aceptó recibir a deportados con antecedentes penales a cambio de un pago superior a los 5 millones de dólares, y recibió al menos a 32 personas desde julio de 2025.
Otros países como la República Centroafricana recibieron ofertas de hasta 85 millones de dólares en proyectos de infraestructura para cerrar el trato, mientras que expedientes internos en Guinea Ecuatorial reflejaron que la presencia de personal operativo de la OIM era un requisito exigido para incrementar el volumen de expulsados aceptados.
“Convencer a un gobierno extranjero para que acoja a deportados que no son suyos puede costar millones. Palau firmó un acuerdo que estipulaba 7,5 millones de dólares a cambio de aceptar hasta 75 personas. En Eswatini, el segundo país más pequeño de África continental y una monarquía absoluta represiva, han llegado al menos 32 personas tras recibir más de 5 millones de dólares”, se lee en la investigación.
Implicación de agencias internacionales
Los testimonios de abogados de inmigración como Alma David, recabados en el trabajo, denunciaron que los deportados enviados a terceros países enfrentan situaciones de desprotección legal, barreras idiomáticas e imposibilidad de contacto con sus familias.
Agregaron que muchos migrantes que contaban con órdenes de suspensión de deportación por riesgo de persecución en sus países de origen terminaron solicitando el Programa de Retorno Asistido Voluntario (AVR) de la OIM al encontrarse aislados y esposados en naciones como la República Democrática del Congo o Sudán del Sur.
Además, tuvieron acceso a evaluaciones internas de riesgo de la OIM que advertían que la participación de la entidad en este esquema podría generar la percepción de ser “cómplices” de la política estadounidense y provocar un escrutinio mediático severo.
“Tin Nguyen, un abogado de inmigración que representa a hombres vietnamitas y laosianos deportados a Eswatini y Sudán del Sur, calificó el sistema como una forma de tráfico de personas”, dijo el consorcio.
De igual forma, la investigación reveló que para acelerar las expulsiones y evitar las exigencias legislativas de los antiguos Acuerdos de Tercer País Seguro (STCA) aplicados durante el primer mandato de Trump en Guatemala, el Departamento de Estado diseñó la modalidad de Acuerdos de Nacionales de Terceros Países (TCNA).
Esta figura no vinculante prescinde de verificar si el país receptor cuenta con un sistema de asilo funcional o garantías formales contra la tortura.
Como ejemplo, mencionaron casos como el de Costa Rica, que tras firmar un STCA vinculante en 2025, las autoridades norteamericanas impulsaron un acuerdo TCNA informal que fijó una cuota de hasta 25 personas por semana. Bajo esta modalidad flexible, casi 400 migrantes fueron trasladados al país centroamericano en un lapso de cinco meses.
Forbidden Stories concluyó que, a pesar de que el fallo judicial del 18 de septiembre paraliza momentáneamente estas expulsiones a terceros países, el Departamento de Seguridad Nacional alegó que buscará revertir la sentencia en la Corte Suprema.
Mientras tanto, diplomáticos de la Oficina de Remigración mantienen contactos con delegaciones de África y América Latina, donde 49 de los 54 países del continente africano ya han sido abordados, para continuar la expansión de la red de acuerdos de deportación.
