Cuando Luz Marina Meléndez supo que su hijo Anyelo Mejía sería deportado desde Estados Unidos, lo primero que pensó fue en llevarlo a la playa. Creyó que al menos así disiparía en la calidez del mar Caribe todos esos malos ratos que el joven de 27 años de edad había pasado bajo custodia de las autoridades migratorias.
Anyelo aterrizó el 24 de junio de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, como parte del vuelo 164 procedente de Miami, Florida. En sus redes sociales, la Gran Misión Vuelta a la Patria informó que a bordo iban 146 venezolanos repatriados: 120 hombres, 19 mujeres, 5 niños y 2 niñas. “Todos listos para comenzar una nueva etapa en su amada patria”, rezaba la publicación. Sin embargo, esa breve reseña fue toda la información que Luz Marina tuvo sobre la llegada de su hijo, ya que no le permitieron recogerlo en el aeropuerto.
A pesar de no tener antecedentes penales, tanto él como el resto de repatriados fueron puestos bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y llevados a una instalación conocida como el Hotel Santuario, ubicado en una zona montañosa del sector La Llanada, en Macuto. Allí pasarían la noche con la promesa de volver a sus casas al día siguiente. Pero eso nunca pasó.
Justo ese día ocurrió el doble terremoto que devastó gran parte del estado La Guaira, y en su estela de destrucción estuvo el Hotel Santuario, que colapsó atrapando a decenas de personas que apenas unas horas antes se habían reencontrado con su país. Hasta el momento las autoridades no han dado un balance oficial de cuántos repatriados estaban realmente alojados allí ni cuántos murieron bajo los escombros.
Ni la Misión Vuelta a la Patria ni el Sebin han hecho siquiera una mención del suceso, lo que ha envuelto su tragedia en un velo de misterio, entre rumores y versiones extraoficiales, armadas entre los testimonios sueltos de sobrevivientes y familiares que aún tratan de reconstruir lo que pasó.
Para Mélendez, residenciada en Caracas, aquel abrazo de bienvenida y la visita a la playa se convirtieron en una mezcla de impotencia y desasosiego por la muerte de su hijo, cuyos restos pudo recuperar tras varios días de búsqueda entre hospitales y morgues. Sus últimos instantes son un rompecabezas que lucha por armar con la escasa información disponible frente a la opacidad estatal.
Soñar con el mar
En entrevista para El Diario, Meléndez cuenta que en Venezuela su hijo había estudiado Ingeniería y ya tenía un grado de técnico automotriz, pero la situación económica lo llevó en marzo de 2022 a emigrar a Estados Unidos. A los cuatro meses de instalarse en la ciudad de Tampa, Florida, inició los trámites de su asilo y obtuvo su permiso de trabajo, por lo que se confió de que estaría seguro, incluso después del regreso a la Casa Blanca de Donald Trump en enero de 2025, con un discurso antiinmigración más radical que en su primer gobierno.
Tras un año de trabajo en la construcción, el joven venezolano había conseguido empleo en una agencia de alquiler de motos de agua donde era el encargado de dar la inducción a los clientes que hablaban español. Meléndez asegura que su hijo se había enamorado del mar y soñaba con hacer el curso de capitán de barco. También era muy querido por sus compañeros, quienes bautizaron a una de las motos con el nombre de Anyelo como un homenaje póstumo.
Sus sueños se truncaron el 3 de junio, cuando chocó su automóvil contra un árbol mientras conducía de noche. No hubo heridos y las pruebas del alcoholímetro dieron negativo, por lo que los oficiales le dieron tres opciones: pagaba una multa, pasaba un tiempo en prisión, o firmaba voluntariamente su “autodeportación” a Venezuela. Meléndez desconoce la razón por la que su hijo escogió la tercera, y los papeles que pudieran darle una respuesta quedaron entre sus pertenencias, las cuales hasta el momento no ha podido recuperar.
“Él me decía ‘mamá, si me tengo que ir para mi país, aquí no me sacan, yo me voy, no tengo problema con eso’. Él era una persona que aceptaba mucho lo que la vida le iba poniendo. No era como él quería, sino que él decía, ‘si la vida me llevó por acá, por aquí es’”, comenta.
De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), la salida voluntaria incentivada o “autodeportación” es un procedimiento al que los migrantes pueden acceder al ser detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), o a través de aplicaciones como CBP One. Entre los “beneficios” que ofrece esta opción está recibir un boleto gratuito de avión a su país de origen, así como un bono de salida de 2.600 dólares al llegar y la condonación de cualquier multa migratoria por no salir a tiempo de Estados Unidos.
Las “autodeportaciones” se volvieron uno de los mecanismos más promocionados por las autoridades tras el regreso de Trump a la presidencia. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, alrededor de 2,2 millones de migrantes optaron por su retorno voluntario desde enero de 2025. Una cifra mucho mayor a las más de 675 mil deportaciones practicadas por ICE en ese mismo periodo.
Bajo engaño
Un caso parecido al de Anyelo le ocurrió a Daniel Alejandro Núñez, de 29 años de edad, oriundo de El Tigre, estado Anzoátegui. Su madre, Oswadeliz Núñez, relató en entrevista para El Diario que Daniel abandonó sus estudios de Ingeniería Civil en 2018 para buscar mejores oportunidades en Perú. “Él me decía ‘mamá, aquí me voy a graduar de ingeniero y no voy a hacer nada. Déjame luchar, déjame ver qué puedo hacer en otro país’. Bueno, se fue desmotivando aquí y se fue”, relata.
En 2022 decidió moverse de Perú a México, y de allí cruzó a Estados Unidos. Vivió cuatro años en Jacksonville, Florida, donde tuvo su primera audiencia en la corte de asilo en febrero de 2026. Señala que al ingresar en su número de registro en la plataforma de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), todavía aparece en el sistema la siguiente audiencia que su hijo tendría para el asilo, en septiembre de 2027.
Cuando no trabajaba en la construcción, Daniel repartía comida como delivery, y siempre procuraba tener sus impuestos al día, lo que le había permitido comprar un vehículo y tener un contrato de alquiler a su nombre. Sin embargo, como Anyelo, fue una infracción de tránsito lo que selló su destino. Núñez recuerda que fue detenido un 10 de mayo, Día de la Madre, y en ese momento no pudo comunicarse con él.
La policía había remitido su caso al ICE, y no le permitió a su familia pagar la multa, hasta que salió de la corte de tránsito el 9 de junio, quedando ahora bajo custodia de las autoridades migratorias. Allí los funcionarios lo convencieron de firmar su autodeportación. “Le dijeron que no esperara la corte porque iba a durar mucho, cuatro meses, y él ya estaba cansado de estar preso, entonces decidió firmar el documento”, comenta.
Núñez está convencida de que su hijo fue coaccionado por ICE para firmar su autodeportación. “Ahí hubo una forma ilegal de enviarlo acá a Venezuela. O sea, no fue una deportación, fue como un engaño. Pero imagínate, nosotros no tenemos abogado allá, y hay unas abogadas que nos quieren ayudar, pero no arranca todo, pues es complicado”, reconoce.
Medios de comunicación han documentado en los últimos años múltiples casos en los que ICE presuntamente habría forzado la autodeportación de migrantes contra su voluntad. El canal Univisión reportó en agosto de 2025 el caso de Allison Chinchilla, una estudiante de Enfermería cuya madre denunció que firmó su salida voluntaria a Honduras tras ser “quebrada” emocionalmente en una cárcel de ICE en Georgia durante seis meses.
Otro caso reseñado por W Radio le ocurrió al colombiano Felipe Zapata Velásquez, estudiante de Economía de la Universidad de Florida, quien en marzo de 2025 fue detenido por ICE y llevado precisamente a Jacksonville, donde de acuerdo con su familia, fue presionado por los agentes para firmar el documento de autodeportación, amenzándolo con la cárcel si no cumplía.
“La gente firma porque está agotada, porque le dicen que es la salida más rápida y porque nadie le explica las consecuencias que la seguirán durante años”, advierte en su página web la firma de abogados Lehigh Valley, señalando que al aceptar, se renuncia automáticamente al derecho a una audiencia con un juez para revisar el caso, así como a cualquier apelación, por lo que recomiendan no firmar ningún papel sin la presencia de un abogado de confianza.
Esposados como criminales
Tanto Anyelo como Daniel pasaron sus últimos días en Estados Unidos en un centro de detención para migrantes en El Paso, Texas. De acuerdo con el Manual Nacional del Detenido de ICE, todos los procesados tienen derecho a comunicarse con sus familiares, amigos o abogados disponiendo de varias opciones como llamadas telefónicas, tablets, o correo electrónico. En la práctica, solo pueden hacer videollamadas o recibir mensajes a través de una aplicación especial, con un costo por minuto.
“Las situaciones en la detención allá fueron bastante duras porque, él siempre me lo decía, eran unos centros que no eran adecuados para tener personas detenidas. Son centros que habilitan porque tienen muchas personas bajo custodia, y los están trasladando constantemente de centro en centro, hasta que llegan a Texas”, cuenta Meléndez.
El 23 de junio, Daniel le había dicho a su pareja que ya estaba listo para partir, por lo que Oswadeliz pasó toda la noche rastreándolo por el sistema de ICE. Cuando la ficha de Daniel dejó de aparecer al ingresar su número de registro, supo que ya su avión había despegado rumbo a Venezuela. Casualmente Meléndez también consultó la ficha de Anyelo en la madrugada, y al no encontrarlo también comenzó a preparar todo para su llegada.
Nadie les avisó desde Estados Unidos que ya habían partido, ni fueron notificadas por las autoridades venezolanas cuando aterrizaron en Maiquetía. Ambas se enteraron al ver el Instagram de la Misión Vuelta a la Patria, aunque no tuvieron respuesta al intentar comunicarse por mensaje directo con la cuenta. El mensaje tampoco daba información sobre la aerolínea que los trajo. Por otras publicaciones se sabe que la mayoría de estos vuelos suelen ser cubiertos por las aerolíneas estadounidenses Eastern Airlines y Global X.
“El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía les recibió con dignidad, siguiendo todos los protocolos necesarios para asegurar un feliz reencuentro en nuestra nación”, expresaba la publicación, con imágenes de niños recibiendo juguetes de regalo y adultos con caras de cansancio haciendo todos los trámites migratorios. Escenas muy distantes a la realidad que los venezolanos deportados vivieron en el avión.
Carlos Rodríguez, profesor e investigador especializado en migración del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), explicó en entrevista para El Diario que tras conversar con dos sobrevivientes del vuelo 164, documentó una irregularidad practicada por las autoridades estadounidenses y que, a su juicio, constituye una violación flagrante de los protocolos internacionales y los derechos humanos. Durante las casi tres horas y media que duró el vuelo desde Miami hasta Maiquetía, los repatriados estuvieron esposados de manos y pies, sin posibilidad de levantarse siquiera para ir al baño.
“Aquí el problema principal comienza en Estados Unidos. Digamos que es como una cadena, comenzando con un trato inhumano ya en el momento de enviarlos en un vuelo y traerlos encadenados, como algunos criminales, en sí mismo ya hay un efecto en la dignidad humana. Ese es el trato más inhumano que se le puede dar a una persona”, señala Rodríguez.
Tanto Núñez como Meléndez certifican que sus hijos estuvieron esposados durante todo su viaje de regreso, pues ambos manifestaron su descontento por eso en la última llamada telefónica que tuvieron antes de los terremotos. ”Ellos fueron trasladados hasta Miami por vía terrestre y ahí salió el avión. Pasaron casi 20 horas en esa situación, comían sándwiches congelados, frutas deshidratadas, tomaban poca agua, tenían poco acceso al baño. Mi hijo llegó aquí con la ropa con la que lo detuvieron el 10 de mayo, pues les daban unas mudas allá en la cárcel. Solo Dios me mantiene, porque todas las cosas que pasó mi hijo en sus últimos días de vida fueron bien complicadas”, lamenta Oswadeliz.
Falta de protocolo
Al llegar a Venezuela, los migrantes pasaron primero por un chequeo de antecedentes penales, donde aquellos solicitados pasaron a estar bajo custodia policial. Por su parte, los que no tenían ningún tipo de delito fueron invitados a realizar diferentes trámites como chequeos médicos, vacunación, atención social y renovación de su cédula de identidad.
La situación se complicó luego, cuando en lugar de dejarlos ir, los repatriados pasaron a estar bajo custodia del Sebin y fueron llevados al Hotel Santuario en La Llanada. Rodríguez cuenta que el Centro de Derechos Humanos tiene conocimiento de esta práctica de alojar forzosamente a los migrantes repatriados en ese lugar desde 2023, cuando Venezuela y Estados Unidos reanudaron formalmente sus vuelos de deportación bajo la administración de Joe Biden y el entonces gobierno de Nicolás Maduro.
De hecho, señala que el grupo de 252 venezolanos que en 2025 pasaron más de cuatro meses detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador, tras ser deportados de Estados Unidos, justamente estuvieron varios días en el Hotel Santuario cuando finalmente pudieron regresar a Venezuela. El Diario pudo verificar esta información con uno de los exprisioneros del Cecot, quien confirmó haber estado allí alrededor de unos cuatro días, antes de retornar a su ciudad de residencia.
Aunque no denunció maltratos ni atropellos, admitió que por esos días su movilidad fue restringida, además de no contar con buena higiene en los alimentos. “Fue más como para investigarnos que para ayudarnos, se podría decir”, aseguró.
Para Rodríguez, la mayor preocupación presente en el Centro de Derechos Humanos de la UCAB ha sido la falta de información pública sobre los protocolos de la Misión Vuelta a la Patria más allá de notas de prensa escuetas. También cuestiona la opacidad con la que las autoridades han actuado sin justificar la razón por la que se mantenía a los repatriados retenidos en ese hotel. Durante la pandemia de covid-19, el edificio fue usado como espacio de cuarentena preventiva de los viajeros que llegaban al país, pero desconoce por qué se siguió manteniendo esa práctica una vez pasada la emergencia sanitaria.
“Entiendo que puede haber buena voluntad para darles tratamiento, tal vez para descansar, para poder moverlos, pero en cualquier caso se requiere que haya protocolos de atención con enfoque en los derechos humanos. También previendo cuánto tiempo estarán allí, es decir, que esté claro ¿es un albergue permanente o de tránsito? Ese tipo de cosas tienen que aclararse en un protocolo que sea público, y que no existe”, alerta.
Violación de la privacidad
Luz Marina tuvo las primeras noticias sobre su hijo alrededor de las 4:00 pm del 24 de junio. Una funcionaria del Sebin cotejó sus datos y le preguntó si era la persona responsable de Anyelo. Aunque insistió que podía ir de inmediato a recogerlo, la funcionaria la rechazó, pues “debía permanecer bajo custodia”, y sería el 25 de junio al mediodía cuando podría salir. Luego habló con Anyelo, quien estaba molesto y cansado, por lo que su conversación fue breve. Fue ahí cuando le prometió que al buscarlo podrían ir juntos a la playa para despejarse, sin saber que esa sería su última llamada.
“Si ya les hicieron todo el proceso, si ya determinaron que no tenían antecedentes, ¿Por qué motivo los tenían que dejar? ¿Por qué no les dieron sus celulares de una vez? Si ellos hubiesen tenido sus celulares a lo mejor se dan cuenta del terremoto, porque la mayoría de los celulares dieron la alarma del terremoto. Entonces ellos estaban totalmente desprotegidos”, reclama Meléndez.
Ambas madres tienen su propia hipótesis de la verdadera razón por la que sus hijos fueron retenidos allí, basándose en los testimonios que escucharon de ellos mismos y otros sobrevivientes. “Él me llamó a las 5:25 de la tarde y es que yo me entero que él está aquí. Me llamó de un teléfono de una funcionaria y me dijo ‘mamá, no tengo mi celular, me lo quitaron. Ellos mañana me lo entregan, pero me pidieron la contraseña’. La Misión Vuelta a la Patria, cuando los reciben, les hacen las vacunaciones y todo eso, y luego se los entregan al Sebin para que les revisen los celulares y las redes sociales, algo que es totalmente ilegal. Ahí violaron muchos derechos humanos, sobre todo el derecho a la libertad y a la privacidad”, asegura Núñez, quien es ingeniera industrial y abogada.
Luz Marina la respalda. “El objetivo era revisarles los celulares y ver si tenían algún tipo de comentarios en contra del gobierno, o publicaciones, o no sé qué más pueden buscar, porque uno nunca sabe. Esa era la intención, porque si ya los identificaste, ya los vacunaste, y los cédulaste, porque cuando a mí me llamaron ya Anyelo tenía su cédula, que por cierto tampoco me la han dado”, agrega.
De colegio a santuario
Ubicada en la cima de una loma, la entrada al Hotel Santuario está en un camino sinuoso de difícil acceso, tras pasar una urbanización privada en La Llanada. Originalmente estuvo allí el Colegio San Benito, fundado en la década de los sesenta como un internado católico para varones. Todavía es recordado por los residentes de la zona como “el colegio de los curas”.
De acuerdo con la periodista Nadezka Noriega en una nota para El Pitazo, la institución resultó gravemente afectada tras el deslave del año 1999, aunque su estructura fue recuperada por el gobierno de Hugo Chávez, que le dio diferentes usos hasta que en 2010 se convirtió en el Centro Terapéutico Socialista Armando Reverón, una unidad de atención de la Misión Negra Hipólita destinada a tratar personas en situación de calle o con adicciones.
En agosto de 2020, el lugar se volvió a reacondicionar y fue reinaugurado por el gobernador Jorge Luis García Carneiro como el “Hotel Sanitario”, para atender a pacientes que se recuperaban del covid-19. De ahí luego su función como centro de cuarentena para viajeros, antes de ser ocupada por el Sebin bajo el nuevo nombre de Hotel Santuario.
En su momento, el complejo contaba con capacidad para 400 personas, repartidas en tres edificios. Al momento del terremoto, solo uno de los edificios se derrumbó, precisamente donde estaban las habitaciones de los repatriados. Se dice que las mujeres y menores de edad pudieron salvarse al estar en un edificio separado de los hombres, y de manera extraoficial los familiares manejan una cifra estimada de entre 40 y 60 fallecidos, aunque esto no ha podido comprobarse por falta de información oficial. Reconocen incluso que podría superar los 100, dada la cantidad de desaparecidos cuyas familias jamás fueron llamadas a reclamar algún cuerpo, o siquiera alguna pista de su paradero.
Más allá de Maiquetía
La casa de Luz Marina, al este de Caracas, resultó afectada por el doble terremoto que sacudió al país apenas un par de horas después de hablar con su hijo. No sabía exactamente en qué comando del Sebin estaba, pero en su momento pensó que debía ser un edificio seguro. No fue hasta el día siguiente que le avisaron que estaba en una de las parroquias más devastadas por el desastre.
“Yo nunca en la vida me imaginé que mi hijo estaba más allá de Maiquetía, que había sido llevado a una parte que no fuera hacia acá, a Caracas, o en los alrededores del aeropuerto, porque ahí también hay una sede del Sebin cercana. No entiendo por qué los llevaron hasta allá, hasta ese mal llamado hotel, porque eso realmente no era apto como para tener tantas personas”, asevera.
Fue por las redes sociales que Oswadeliz supo que su hijo no estaba en un hotel real, sino en una instalación del Sebin que había colapsado. Entre tantas historias que empezaron a salir de la tragedia, una en particular se viralizó, de un hombre ensangrentado y desorientado, quien afirmaba haber llegado al país el día de los terremotos y venir de un hotel lleno de otros deportados. “Solo sobrevivieron 12. Los demás quedaron enterrados”, decía con voz quebrada.
Núñez comenzó a preguntar en varias publicaciones por el vuelo 164, dando con otros familiares que la pusieron al tanto de la situación y de inmediato emprendió el viaje a La Guaira, aún con la esperanza de encontrarlo con vida. Pero era apenas el inicio de una búsqueda tormentosa, complicada por los propios agentes que debían proteger a su hijo.
Entorpecieron la búsqueda
Si bien en las primeras horas era normal que hubiera confusión, pues los funcionarios también estaban bajo la adrenalina de resguardarse y salvar a sus compañeros, ambas madres denuncian que en los días siguientes, lejos de ayudar, los agentes entorpecieron las labores de búsqueda y rescate, haciéndoles perder tiempo deliberadamente.
Núñez afirma que para el 26 de junio, cuando llegó al sitio, el Sebin ya había acordonado el acceso al Hotel Santuario, impidiendo el paso incluso a los rescatistas. Cada vez que preguntaban por sus hijos, les daban información falsa, diciéndoles que habían salido con vida y los habían visto deambulando por la calle, o que estaban en hospitales lejos de allí. “El día 27 me dice un Sebin llamado Jonathan ‘a su hijo yo lo saqué, vaya a buscar en los hospitales’”, recuerda. Era mentira. Daniel seguía bajo los escombros, mientras su madre lo buscaba incluso en la morgue habilitada en Los Silos del Puerto de La Guaira, pasando horas tratando de encontrarlo entre filas y filas de cadáveres.
“A mí el Sebin me dio información que me hizo perder mucho tiempo de búsqueda. Porque primero nos dijeron el mismo día 25 que mi hijo había salido caminando de ahí, que lo buscara, que él estaba bien. Voy a la sede de aquí del Sebin, me dijeron vaya a la sede principal de Caracas, y lo primero que me preguntan es si él es familiar de funcionario. Como le digo que no, pues me dicen que entonces aquí no me podían dar información”, comenta Meléndez.
No fue hasta días después que los familiares comenzaron a organizarse a través de un grupo de WhatsApp para intercambiar información. En su recorrido por hospitales, Luz Marina conoció a un sobreviviente ingresado que había quedado sepultado al lado de su hijo. El joven reconoció los tatuajes de Anyelo y le contó que falleció la tarde del 25 de junio, tras horas soportando un peso que le dificultaba respirar. “Dígale a mi vieja que la amo, que tengo mucho dolor, que no la puedo esperar”, fueron sus últimas palabras. Poco después fueron sacados de los escombros.
Hizo varios intentos para encontrarlo en la morgue, pero la tarea era difícil porque no había una lista de ingresos provenientes del Hotel Santuario. Sin embargo, un funcionario amigo lo halló en Los Silos el 27 de junio. No tenía en su muñeca el brazalete con la inscripción “Repatriado” que le habían dado en el aeropuerto y permitía reconocerlo, aunque en el bolsillo de su pantalón estaba el brazalete azul que le había puesto el ICE, así como su tarjeta de vacunación.
Por su parte, Oswadeliz se hartó de los atropellos de los agentes y el 29 de junio grabó un video en redes sociales protestando desde La Llanada. Esa misma noche, ya en Caracas, recibió una llamada de la Misión Vuelta La Patria informando que habían encontrado el cuerpo de Daniel. Recuerda que hace varios años había peleado con él por haberse hecho un tatuaje en el brazo, pero eso mismo fue lo que precisamente le permitió identificarlo en Los Silos.
Paso bloqueado
Carlos Rodríguez reconoce que los recuerdos de los sobrevivientes del Hotel Santuario que ha entrevistado son tan difusos y fragmentados que no puede hacer una recreación precisa de los acontecimientos. Aun así, otros sobrevivientes han contado también a la prensa que apenas pudieron salvarse aquellos que estaban en el tercer piso, o que tuvieron tiempo de salir antes de que la estructura se desplomara.
Algunos confesaron a Meléndez y Núñez que al comenzar el temblor, los funcionarios que cuidaban los pasillos les ordenaron permanecer donde estaban. “Cuando ocurre el terremoto, dicho por algunos sobrevivientes que han hablado, porque la mayoría no quiere hablar, en algunos pisos los Sebin no los dejaban salir cuando ocurrió el primer terremoto, entonces ellos los empujaron y los que lograron salir salieron, y los que no quedaron aplastados conjuntamente con los Sebin”, afirma. Dice que su hijo estaba en el segundo piso, justo donde los repatriados no pudieron salir porque los funcionarios les bloquearon el paso.
Al respecto, Rodríguez aclara que no tiene pruebas que corroboren esta afirmación, pero los relatos evidencian una falla grave en los protocolos de evacuación que un organismo con personas bajo su custodia debe cumplir para garantizar su seguridad. Instó a las autoridades a realizar una investigación seria y transparente para esclarecer qué fue lo que ocurrió y determinar las responsabilidades correspondientes. Agregó que las conclusiones de esa investigación deben ser públicas y compartidas con los familiares de las víctimas.
La duda sin respuesta
Han pasado tres meses del doble terremoto, y en La Guaira las cicatrices de la tragedia siguen presentes en cada montaña de escombros o terreno baldío donde alguna vez estuvo un edificio. En varias zonas, voluntarios siguen escarbando seguros de que aún hay cuerpos sepultados, mientras el resto del país poco a poco ha ido recuperando su cotidianidad. El 3 de agosto, la Misión Vuelta a la Patria retomó los vuelos de deportación de Estados Unidos, ahora desde el aeropuerto de Barcelona, estado Anzoátegui.
La institución jamás se pronunció sobre los 146 venezolanos del vuelo 164. El 24 de agosto, Meléndez y Núñez entregaron un documento en la sede de Vuelta a la Patria solicitando la lista completa de repatriados, la hora exacta de su aterrizaje en Maiquetía y la aerolínea que los trajo. También el protocolo de deportación seguido entre Venezuela y Estados Unidos. A la fecha de publicación de este trabajo, no ha habido una declaración oficial por parte de las autoridades. “Nosotros lo que pedíamos era una indemnización moral, que nos explicaran por qué ellos estaban allí (en el hotel). Ahí están las preguntas y hasta ahora no han respondido”, lamenta Núñez.
También exigen al Sebin información sobre las pertenencias de las víctimas, ya que su equipaje, unos sacos entregados por Estados Unidos, jamás aparecieron a pesar de estar en un edificio diferente. Aunque Núñez logró recuperar el teléfono de su hijo, no puede usarlo porque quedó bloqueado, mientras que otras cosas como su billetera, pasaporte y objetos personales nunca se encontraron. El documento igualmente exige una lista oficial de fallecidos e información para las familias que nunca fueron contactadas por el Sebin sobre el paradero de los cuerpos que no fueron localizados o identificados.
Núñez reconoce que la lucha para conocer la verdad ha sido cuesta arriba. A pesar de mantenerse el grupo de familiares, muchos viven en ciudades alejadas de la capital o simplemente prefieren vivir su duelo sin involucrarse en controversias. Incluso entre los sobrevivientes, dice que ya son pocos los que se atreven a hablar por temor a represalias, complicando el trabajo de los abogados que se han ofrecido a ayudarlos.
“Mi hijo y los más de 100 fallecidos del vuelo 164 no pueden hablar, no pueden decir cómo fueron tratados, qué les hicieron. Si los sobrevivientes hablan y hacen una denuncia, ahí sí, pero la verdad ya estoy un poco desmotivada”, lamenta.
Luz Marina tampoco recuperó las pertenencias de Anyelo, pero al menos pudo darle una despedida digna. Aunque sabe que la lucha que emprende no va a revivirlo, asegura que seguirá insistiendo hasta que se tomen medidas para que las autoridades mejoren sus protocolos migratorios y otros venezolanos en Estados Unidos no pasen por lo mismo.
“Lo más difícil es saber que, de repente, él pudo no estar en ese sitio si me lo dan ese día, si lo dejan ir ese día. Lo pude haber tenido antes, no tuvo que haber pasado tanto tiempo porque él estaba en ese sitio enterrado. ¿Por qué no nos dejaron acercarnos al sitio? ¿Por qué nos pusieron una barrera? ¿Por qué nos daban información falsa? No sé si es que esconden algo, o por qué el hermetismo. ¿Por qué no son honestos?”, se cuestiona.
