domingo, 15 de noviembre de 2026 - Caracas
Notificación

TSJ suprimió la competencia especial en terrorismo de cuatro tribunales de control

La Resolución N.º 2026-0010 transfiere estos casos a los juzgados estadales de control. La decisión modifica la distribución de competencias judiciales, pero no deroga la legislación antiterrorista

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Foto: @tsj_venezuela
Jackelin Díaz Tahiana González
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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suprimió la competencia especial en materia de terrorismo que ejercían cuatro tribunales de control de Caracas y dispuso que estos procesos sean atendidos por juzgados estadales de control en todo el país, según la Resolución N.º 2026-0010.

El máximo tribunal justificó la medida con el objetivo de “optimizar el servicio de administración de justicia” y garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva.

La resolución modifica la estructura organizativa de los juzgados especiales de primera instancia con competencia en delitos asociados al terrorismo. Con el cambio, los tribunales 30.º, 49.º, 52.º y 13.º de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas dejarán de ejercer esa competencia especializada.

Los casos pasarán a los juzgados estadales de control

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Foto: portal web del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)

La resolución establece que las causas por delitos contemplados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, durante las fases de investigación e intermedia, serán atendidas por los juzgados estadales de primera instancia en funciones de control de los distintos circuitos judiciales penales, conforme a las reglas ordinarias de competencia del Código Orgánico Procesal Penal.

El documento también contempla un procedimiento para trasladar los expedientes que se encuentran en curso. Las disposiciones incluyen medidas para resguardar las actuaciones confidenciales y mantener vigentes las decisiones judiciales dictadas en cada causa.

La resolución establece excepciones para determinadas diligencias especiales o urgentes que estén pendientes. En esos casos, los tribunales que tenían la competencia especializada podrán conservarla temporalmente para culminar las actuaciones correspondientes, dentro de los plazos previstos en el documento.

Por su parte, el abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, aclaró que la Resolución 2026-0010 no implica el cierre de todos los tribunales contra el terrorismo.

“Hay que aclarar que la Resolución 2026-0010 no ‘cierra’ los tribunales contra el Terrorismo. Solo suprime esa competencia en los 4 tribunales en funciones de control que la tenían a nivel nacional. Siguen existiendo los tribunales de juicio, y corte de apelaciones, de terrorismo”, señaló.

La medida modifica los tribunales que conocerán estas causas en las etapas señaladas, pero no elimina los delitos previstos en la legislación antiterrorista ni anula automáticamente los procesos abiertos. Por tanto, el cambio de competencia no resuelve por sí mismo los cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos sobre el uso de esta legislación en posibles vulneraciones de derechos fundamentales.

Organizaciones de derechos humanos cuestionaron el uso de estos tribunales

La decisión se produce en un contexto de cuestionamientos al funcionamiento de la jurisdicción antiterrorista venezolana por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos.

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) publicó en 2026 un informe sobre el uso de estos tribunales para procesar a personas por motivos políticos. La organización advirtió sobre la aplicación discrecional de normas penales ambiguas y las deficiencias en las garantías del debido proceso. Entre sus recomendaciones, pidió eliminar la jurisdicción especial contra el terrorismo y reformar la legislación correspondiente.

Por su parte, Human Rights Watch (HRW) señaló en febrero de 2026 que la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, de las Naciones Unidas, documentó violaciones sistemáticas del debido proceso en tribunales de la jurisdicción especial para casos de terrorismo.

La organización también pidió reformas judiciales y cambios en las leyes que han permitido procesos penales arbitrarios contra críticos de las autoridades.

La resolución del TSJ cambia la distribución de competencias judiciales para estos delitos. Su alcance sobre las causas en curso dependerá de la aplicación de las disposiciones previstas para el traslado de expedientes y la continuidad de las actuaciones.

Jackelin Díaz Tahiana González
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