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  • Diosdado Cabello, Tareck El Aissami y agentes de los cuerpos de seguridad de Venezuela figuran en la lista que extiende las restricciones. Foto principal: EFE

El Consejo de la Unión Europea (UE) extendió las medidas de restricciones a funcionarios del régimen de Nicolás Maduro hasta el 14 de mayo de 2024.

“Considerada la crisis política, económica, social y humanitaria en que se encuentra Venezuela y las acciones persistentes de menoscabo de la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, las medidas restrictivas deben prorrogarse hasta el 14 de mayo de 2024”, detalla el informe del organismo.

Entre los que permanecen en la lista de sancionados por la Unión Europea, desde 2018, figuran Sandra Oblitas, actual ministra de Educación Universitaria; Diosdado Cabello, diputado de la Asamblea Nacional electa en 2020; Gustavo Enrique González López, director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) e Iván Hernández Dala, general de división la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

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Foto: @dhernandezlarez/ Twitter

Los funcionarios sancionados

-Gustavo Enrique González López, director general del Sebin.

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-Diosdado Cabello, diputado a la Asamblea Nacional electa en 2020 y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

-Tareck El-Aissami, exvicepresidente de Economía, exministro del Poder Popular de Petróleo y de Industrias y Producción Nacional.

-Iván Hernández Dala, general de división en la FANB.

-Sandra Oblitas Ruzza, ministra de Educación Universitaria y exrectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela.

El régimen de Nicolás Maduro designó a Sandra Oblitas como ministra de Educación Universitaria
Sandra Oblitas. Foto: Archivo.

-Katherine Nayarith Harrington Padrón, presidenta del Circuito Judicial Penal del área metropolitana de Caracas.

-Néstor Neptali Blanco Hurtado, comandante de la Contrainteligencia Militar, zona 32° en la región de Los Llanos.

-Carlos Alberto Calderón Chirinos, agente del comando de élite de la Policía Nacional de Venezuela (PNB/FAES).

-Rafael Antonio Franco Quintero, general de brigada del Ejército Nacional Bolivariano de Venezuela (FANB).

-Alexander Enrique Granko Arteaga, director de la División de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) desde 2017.

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-Hannover Esteban Guerrero Mijares, segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la 35° brigada de la Policía Militar desde 2019.

-Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, presidente de la Comisión Nacional Electoral de Venezuela desde el 24 de agosto de 2023.

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AME1818. CARACAS (VENEZUELA), 22/09/2023.- El rector y presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, participa durante una declaración a los medios de comunicación. Foto: EFE/ Rayner Peña R.

-Jorge Elieser Márquez Monsalve, ministro del Despacho de la Presidencia desde noviembre de 2017 y director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

-Omar José Prieto Fernández, exgobernador del estado de Zulia (entre 2017 y 2021).

-Carlos Ramón Enrique Carvallo Guevara, presidente de la empresa estatal Corporación Ecosocialista Ezequiel Zamora (Corpoez) desde marzo de 2021.

-Carlos Enrique Terán Hurtado, general de división de la FANB desde el año 2022.

Violaciones de los derechos humanos

La actual lista de sancionados, donde la mayoría figura desde 2018, se debe, de acuerdo con la Unión Europea, a las “graves violaciones a los derechos humanos”, detenciones arbitrarias, investigaciones por motivos políticos y “tratos inhumanos”.

En el caso de Tareck El Aissami, señala el informe, “es responsable de las torturas e instigaciones” a quienes adversan al régimen venezolano.

Como exvicepresidente de Venezuela y supervisor de la dirección del Sebin, es responsable de las violaciones de los derechos humanos que ha llevado a cabo la organización, entre ellas detenciones arbitrarias, investigaciones por motivos políticos, tratos inhumanos y degradantes y torturas”, dijo la UE.

El organismo europeo también responsabilizó a El Aissami de apoyar y poner en práctica las políticas y actividades que menoscaban la democracia y el Estado de derecho, incluida la prohibición de manifestaciones públicas.

En el caso de las sanciones contra funcionarios militares, los señalan como responsables de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática.

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