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- Sospechas de tortura, falta de investigación independiente y contradicciones en las versiones oficiales son algunas de las coincidencias entre los casos del concejal y el ex militar
Otro lamentable suceso conmociona a Venezuela y se extiende a la comunidad internacional. El capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, se suma a la lista de funcionarios que, estando bajo custodia de régimen de Nicolás Maduro, mueren bajo indicios de tortura. El último caso similar que sacudió la opinión pública nacional e internacional fue el del concejal de Primero Justicia (PJ), Fernando Albán, el pasado 8 de octubre de 2018. Estas son 4 similitudes entre ambos sucesos:
1- Responsabilidad del Estado
Resguardar la integridad de los privados de libertad en Venezuela es obligación del Estado. El artículo 44 de la Constitución establece que el mismo “protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma”. Por consiguiente, ambas vidas eran responsabilidad directa del gobierno de Nicolás Maduro.
En el caso de Albán, se encontraba detenido sin orden judicial en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de Plaza Venezuela, por su supuesta participación en el presunto atentado frustrado a Maduro del 4 de agosto de 2018 durante una parada militar. El concejal permaneció desaparecido durante 20 horas luego de su aprehensión el 6 de octubre de ese mismo año, hasta que sus abogados y familiares tuvieron acceso a él.
La ONG Provea catalogó el hecho como un patrón de actuación por parte del Estado: “detención arbitraria; incomunicación; desaparición forzada; violación del derecho a la defensa y el debido proceso, entre otros.”.
Dicho patrón coincide con el procedimiento en contra del capitán Acosta, quien también fue detenido por supuestamente estar implicado en un supuesto plan para derrocar y asesinar a Maduro. El militar permaneció en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Caracas, desde el 26 de junio hasta el pasado 29 de julio, día en el que su esposa, Waleswka Pérez, dio a conocer públicamente su fallecimiento. La mujer acusó a las autoridades de haber torturado a su marido.
2- Contradicciones oficiales
Lejos de ser rigurosas y coherentes, las versiones oficiales de lo sucedido en ambas muertes fueron contradictorias, algo que levantó aún más las sospechas de la culpabilidad de las autoridades allegadas a Maduro.
En el primer anuncio de la muerte de Albán, Tarek William Saab, fiscal designado por la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente (ANC), señaló que el concejal se arrojó de la ventana de un baño de la sede del Sebin. Dos días después, el 10 de octubre, se contradijo al afirmar que Albán se lanzó del piso 10 luego de salir del baño. Finalmente, Saab criticó a quienes dijeron que él había dicho eso.
Por su parte, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, también sostuvo que se trató de un caso de homicidio, pero en su versión, Albán se encontraba en una sala de espera. Por tanto, la última declaración de Saab también desmiente esta versión.
Otros expresos que estuvieron en dicha sede del Sebin pusieron en duda la el argumento oficialista. El diputado Rosmith Montilla y el dirigente Alejandro Zerpa aseguraron que mientras ellos estuvieron detenidos detenidos, agentes los acompañaban en todo momento, por lo que consideran improbable que Albán no estuviera bajo vigilancia cuando ocurrieron los hechos,
Si bien en el caso de Acosta no presentan la tesis de homicidio y ya dieron a conocer las detenciones de Ascanio Antonio Tarascio y Estiben José Zarate, dos agentes del Dgcim supuestamente involucrados en la muerte del exmilitar, también hay incoherencias en los argumentos oficiales.
Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información de Maduro, dijo a través de su cuenta en Twitter que el militar ya había sido presentado y que el fallecimiento ocurrió “durante el acto de presentación frente al tribunal competente”; Saab afirmó que Acosta “estaba siendo presentado ante los tribunales”; mientras que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, dijo que el oficial se desmayó antes de iniciar la audiencia de presentación.
3- Acusaciones de tortura y asesinato
Las incoherencias en los argumentos de las autoridades oficialistas, así como los conocidos casos de tortura a otros presos políticos, llevan a inferir que se trata de dos casos de asesinato del gobierno de Maduro. Así lo han venido denunciando diferentes grupos políticos, defensores de DD HH, y sectores de la comunidad internacional.
El coordinador nacional de Primero Justicia y ex presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, denunció al momento que se conoció la muerte de Albán, que este fue lanzado al vacío cuando ya estaba muerto. El diputado a la AN, Juan Miguel Matheus, aseguró que torturaron al edil con asfixia y electricidad. Provea etiquetó el hecho como un “crimen de Estado”.
Las pruebas indicarían que Acosta también fue víctima de tortura. Alonso Medina Roa, abogado del fallecido Capitán de Corbeta, detalló que Acosta tenía las uñas llenas de sangre, no se podía mantener en pie y se le dificultaba hablar, por lo que fue trasladado en silla de ruedas al Tribunal Tercero de Control. Antes de su detención, explicó Roa, “estaba perfecto”, en referencia a su estado de salud.
En otro informe, Provea denunció que 75 de los 100 casos de tortura del 2018 de produjeron en el Dgcim. Algo de lo que, según la ONG, también fue víctima Acosta.
Además, el presidente colombiano, Iván Duque, señaló al régimen Nicolás Maduro como responsable de la muerte del ex militar tras haberlo torturado, versión que compartió secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. “ Los crímenes de Nicolás Maduro no quedarán impunes”, añadió.
4- Sin investigación independiente
A pesar de las exigencias de actores de la comunidad internacional, grupos de DD HH y representantes políticos de oposición de permitir investigaciones independientes, son las autoridades del chavismo quienes proceden con el supuesto estudio de los casos. Según los sectores antes mencionados, ni el Fiscal designado por la ANC ni el Tribunal Supremo de Justicia, tienen la legitimidad ni transparencia de llevar a cabo dichas investigaciones.
El Grupo de Lima, la OEA, la Unión Europea (UE) y la Organización de la Naciones Unidas (ONU) ya han solicitado a Maduro que permita realizar una investigación independiente.
“Estoy conmocionada por la presunta tortura del capitán Acosta Arévalo, y porque el trato al que fue sometido mientras estaba en custodia puede haber sido la causa de su muerte. Recuerdo a las autoridades venezolanas que son responsables de la vida, y de la integridad física y psicológica de todas las personas privadas de libertad. Urjo a las autoridades a llevar a cabo una profunda investigación — incluyendo una autopsia que siga los estándares internacionales- que sea independiente y transparente”, señaló la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien visitó el país entre el 19 y el 21 de junio para constatar la situación de los DD HH.
