• El mecanismo consiste en reparar la dignidad de las víctimas de delitos y evitar “la repetición” de las prácticas de una dictadura o violaciones generalizadas a los derechos humanos

Un gobierno de transición podría empezar a diseñar, en las próximas semanas de haberse implementado, el manejo efectivo del pasado judicial en el país. La aplicación de una una Ley de Justicia Transicional, que debe ser llevada a cabo por la Asamblea Nacional (AN), podría ser parte de una estrategia mayor para impulsar y construir una memoria colectiva que permita condenar a los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

La justicia transicional está orientada a investigar crímenes cometidos por funcionarios de regímenes dictatoriales con la finalidad de restaurar la dignidad de las víctimas y otorgar mecanismos de reparación efectivos a los afectados. Venezuela podría implementar, mediante la AN, una comisión especial de justicia y paz en la que participen jueces que tomen medidas en contra de violadores de derechos humanos con la rendición de cuentas en un proceso hacia la democracia.

La acción, en pocas palabras, implica determinar la verdad de las violaciones cometidas por funcionarios de un régimen, mientras que la amnistía considera beneficios penales a los señalados, sin olvidar el delito. Los imputados asumen la culpa de sus actos y colaboran con testimonios o pruebas sobre los hechos que protagonizaron para, finalmente, facilitar una investigación ante la Corte Penal Internacional (CPI).

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José Antonio Oropeza, magíster en Derechos Humanos, afirmó para El Diario que un funcionario que ha cometido delitos de DD HH estará más dispuesto a colaborar si se le ofrece no ser juzgado por la justicia ordinaria. Por ello, en la justicia transicional, la imposición de penas se puede sacrificar por un objetivo superior: obtener la verdad de los hechos, asegurar la transición a una democracia estable y, con ello, la reconciliación en una sociedad fracturada por la falta de justicia.

El abogado explica que la justicia transicional implica una forma de conseguir la rendición de cuentas a fin de fomentar la confianza ciudadana. Agrega que no solo es reparar la dignidad de las personas afectadas y sus familiares, sino también evitar “la repetición” de las prácticas de una dictadura y violaciones generalizadas de derechos humanos.

“La justicia transicional tiene que equilibrar las exigencias jurídicas que son las garantías de los derechos de las víctimas, acceso a la verdad, reparación y garantías de no repetición. El mecanismo no significa y no puede significar jamás el olvido, aunque implique una dosis de perdón que constituye un proceso de restauración para la garantía de no repetición. En algunos casos es posible que con la reconciliación se puede dar la posibilidad de amnistiar diferentes crímenes que no sean catalogados como graves delitos de lesa humanidad”, explicó.

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Oropeza afirma que las medidas de reconciliación pueden incluir comisiones de la verdad, juicios penales, amnistías, indultos y/o reparaciones de diversas formas. Pero antes de llegar a una posible justicia transicional que pueda dar estabilidad al país se requieren de líderes políticos que pongan por encima de toda ambición política la paz y la reconciliación entre los venezolanos.

El abogado afirma que, una vez que se inicie el proceso de transición política, se deben establecer responsabilidades a los violadores de derechos humanos, y su respectiva cadena de mando. El Estado también puede aplicar una reforma con los organismos de seguridad venezolanos. En ellos se aplicaría la desaparición del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y la transformación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), instituciones del régimen que han sido señaladas por el reciente informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos para la ONU como generadores de torturas.

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“Existe la posibilidad de disminuir algunas penas para que los imputados puedan ver la benevolencia del Estado y acaten el sometimiento de la ley. En el caso de Colombia, en la búsqueda de la solución negociada al conflicto armado interno en ese país, todas las personas que cometieron delitos recibieron una pena no mayor de nueve años, siempre y cuando aportaran justicia, solicitaran el perdón y estuvieran de acuerdo con las garantías de no repetición al delito. En caso de no aportar todos los elementos necesarios para poder perseguir todos los delitos cometidos por el imputado, esas personas serían llevados a la justicia ordinaria”, señala Oropeza.

Oropeza asegura que la idea de una justicia de transición empieza cuando se producen circunstancias que hacen imposibles que la justicia ordinaria de un país pueda resolver sus controversias. “En el caso de Venezuela son los mismos tribunales y otras instituciones del Estado los que han violado derechos de los ciudadanos”, agrega.

En un contexto en el que se incrementan las violaciones de los derechos humanos, la justicia transicional es cuestionada por la opinión pública debido a un foco de venganza ante los delitos perpetrados. Sin embargo, el experto indicó que es necesario que el tema sea introducido en el debate por dirigentes y líderes de opinión en el Parlamento venezolano, pues es un paso necesario para que el cambio político tenga bases sólidas.

La Corte Penal Internacional (CPI) estudia la posibilidad de abrir un proceso contra los responsables de las presuntas violaciones de derechos humanos en Venezuela, en vista de que las denuncias de torturas y muertes de ciudadanos en custodia de organismos del Estado siguen en aumento. La institución empieza a realizar gestiones cuando los respectivos gobiernos no pueden hacer la persecución de los delitos.

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El caso de Venezuela ha estado en un examen preliminar en la CPI debido a las protestas antigubernamentales registradas en el año 2017. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) denunció el uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las protestas de ese año y responsabilizó al gobierno de la muerte de al menos 73 manifestantes.

La CPI, en diciembre de 2018, incluyó en su análisis las presuntas violaciones de derechos humanos ocurridas desde febrero de 2014, tomando en cuenta como documentación justificativa el informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, aseguró en su informe anual sobre exámenes preliminares que formulará conclusiones “en un período de tiempo razonable” sobre el caso de Venezuela; sin embargo, hay procesos que permanecen en esta fase durante varios años sin que se produzcan acciones concretas para sancionar o prevenir las violaciones de derechos humanos.

En ese contexto, el Estatuto de Roma, en sus artículos 27 y 28, establece para los altos funcionarios que intentan desvincularse de los sucesos la responsabilidad de mando en la que incurren los jefes, superiores y quienes desempeñan un cargo oficial.

El relator especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, se ha pronunciado en distintas oportunidades sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, por lo que instó al régimen de Nicolás Maduro a adoptar todas las medidas necesarias para afianzar la independencia judicial del territorio. En concreto, manifestó las amenazas que el sistema judicial ejerce sobre Juan Guaidó, presidente interino del país, además de las persecuciones a las que son sometidos los diputados del Parlamento, luego de ser señalados por la Asamblea Nacional Constituyente, presidida por el oficialismo, de estar en desacato.

García-Sayán destacó que, de acuerdo a los tratados suscritos por Venezuela, la nación suramericana está obligada a instaurar “todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales y de otra índole que sean necesarias” para establecer “un poder judicial independiente e imparcial y la adecuada administración de la justicia”.

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La justicia en fronteras cercanas

La Justicia Transicional ha sido aplicada en países que dejaron atrás los períodos de conflicto y represión luego de que el mismo poder judicial no brindara una respuesta apropiada e inmediata ante la crisis.

De acuerdo con la información del Centro Internacional para la Justicia Transicional, América Latina es un continente pionero en la aplicación de enfoques de justicia transicional. Desde la década de 1980 hasta la fecha, varios países han optado por establecer comisiones de la verdad, otorgar reparaciones a las víctimas y, en algunos casos, juzgar a quienes violaron los derechos humanos. A pesar de los avances, algunas democracias en la región son frágiles y diversos problemas del presente tienen su explicación en un legado del pasado mal asumido.

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Uno de los países más cercano a Venezuela que adoptó la justicia transicional fue Colombia, pues desde el año 2005 desarrolló el reconocimiento y las reparaciones de las víctimas, además de las garantías de no repetición. En Guatemala, El Salvador, Sierra Leona, la República Democrática del Congo, Liberia, Sudán del Sur, Filipinas, Nepal y otros países se adoptaron medidas similares. En algunos de esos casos el conflicto armado se ha producido al mismo tiempo que las violaciones de derechos por parte de un régimen profundamente represivo.

Las idas y venidas entre la crisis de Venezuela y el anhelo de librarse — al menos parcialmente — de ella son razones suficientes para que muchos venezolanos sean escépticos ante un régimen que ha perdurado por 20 años. De ahí la importancia de sembrar una impresión más alentadora del rol que puede jugar la justicia transicional; por lo tanto, el pasado y el presente han forjado escenarios que no son alentadores por su exceso de impunidad en funcionarios, por lo que le toca al futuro, y a los dirigentes, proveer algún tipo de fórmula para no dejar impunes a los autores de delitos en el país.

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