Los casos recientes de los ex presos políticos José Breijo y Williams Dávila dieron visibilidad a otra realidad que enfrentan los privados de libertad del país, pero poco visibilizada: la invasión o desvalijamiento de sus bienes patrimoniales mientras estaban bajo custodia del Estado y los derechos que poseen para defenderse ante este tipo de situaciones.
De acuerdo con la cofundadora y coordinadora general de de Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Marthan Tineo, este tipo de incidentes no son hechos fortuito, sino una “constante alarmante”,
“La privación de bienes (vehículos, equipos tecnológicos, cuentas bancarias e inmuebles) forma parte del despliegue operativo en las detenciones por motivos políticos. Al momento del arresto o durante los allanamientos sin orden judicial, los organismos de seguridad suelen ejecutar incautaciones de facto que rara vez quedan registradas correctamente en las actas policiales, borrando el rastro físico del patrimonio de los detenidos”, comentó Tineo en una entrevista exclusiva para El Diario.
Indicó que existe un patrón estructural y explicó que en el caso de los presos políticos, estas acciones buscan “la asfixia económica y la neutralización absoluta del individuo y su entorno, operando como un castigo anticipado”.
En el caso de los presos comunes, la abogada comentó que estas vulneraciones suelen estar más vinculadas a redes de corrupción y extorsión interna, donde los bienes “se convierten en moneda de cambio” para “negociar traslados, alimentación o seguridad dentro de los recintos carcelarios”.
Tineo reiteró que desde Justicia, Encuentro y Perdón se ha evidenciado que no se está frente a casos aislados y son prácticas que se encuentran documentadas dentro de expedientes que demuestran el patrón de persecución, represión y extensión del castigo a los núcleos familiares de los detenidos, lo que denominó como patrón de sippenhaft, un concepto jurídico y táctica represiva de la Alemania nazi que implica el castigo colectivo.
Implicaciones desde el punto de vista de los DD HH de los privados de libertad
Tineo precisó que la pérdida de los bienes implica una violación directa al derecho a la propiedad. Describió que entre los efectos que produce es la imposibilidad del afectado de costear una defensa privada, además de acortar el sustento para su familia.
“Sus efectos se extienden en cadena. Convierte la detención en una especie de muerte civil latente. Al perder el control de sus activos, el detenido queda inhabilitado para costear una defensa legal privada idónea y se corta el flujo de sustento para su familia, que generalmente debe asumir los costos de alimentación, agua y medicinas en prisión, dejándolos en una situación de extrema vulnerabilidad”, dijo.
La experta precisó que se estaría violando el artículo 44 de la Constitución, cuando el Estado confisca, congela o despoja los activos de un privado de libertad, ya que “opera una trascendencia fáctica de la pena, castigando de forma severa y silenciosa a madres, esposas e hijos”.
Los casos de presos políticos recientes
Breijo, es un ciudadano venezolano-uruguayo a quien se le otorgó arresto domiciliario en mayo de 2026, luego de estar detenido hasta casi tres años y acusado de cometer presuntos delitos de terrorismo, tras tomar una fotografía a una bandera con letras árabe.
En su caso particular, su vivienda, ubicada en Bello Monte, estaba invadida por un presunto funcionario policial, quien habría participado de forma directa en el operativo de su detención original en 2023. Tras la presión en redes sociales y denuncias de diversas ONG, el sujeto abandonó el lugar poco después de que se apersonó una comisión judicial.
Por otro lado, está el caso del dirigente opositor Williams Dávila, quien el 27 de mayo solicitó una investigación ante el Ministerio Público debido a que las autoridades le entregaron su vehículo desvalijado.
En una publicación en su redes sociales, Dávila mencionó que estos hechos ocurrieron luego de su detención el 8 de agosto de 2024 hasta que salió en libertad en marzo de 2026.
Lo que dice la Constitución
La Constitución venezolana establece una serie de garantías que protegen el patrimonio de las personas privadas de libertad. En cuanto al artículo 44 de la Constitución precisa en su numeral 3: “La pena no puede trascender de la persona condenada. No habrá condenas a penas perpetuas o infamantes. Las penas privativas de la libertad no excederán de treinta años”.
Sobre la inviolabilidad de la propiedad, está contemplada en el artículo 115 y reconoce el derecho de toda persona al uso, goce y disposición de sus bienes.
“Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”, dijo.
Mientras que el artículo 116 indica que no se decretarán ni ejecutarán confiscaciones de bienes sino en los casos permitidos por la Carta Magna. A través de excepciones serán objeto de confiscación, mediante sentencia firme, los bienes de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, responsables de delitos cometidos contra el patrimonio público, los bienes de personas que se hayan enriquecido ilícitamente y los bienes proveniente de actividades comerciales, financiera, entre otras vinculadas al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes.
De acuerdo con el artículo 140 de la Constitución, se establece la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que sufran los particulares en sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la administración pública.
Tineo mencionó además el artículo 25 que indica que todo Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución es nulo, y los funcionarios que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidades penal, civil y administrativa, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.
Los daños colaterales de la invasión o desvalijamiento de propiedades
Más allá de la pérdida material, la invasión, ocupación o desvalijamiento de bienes de personas privadas de libertad genera profundas consecuencias económicas y sociales para sus familias. Martha Tineo advirtió que estas situaciones suelen desencadenar un proceso de descapitalización acelerada que agrava la vulnerabilidad de los hogares afectados.
La abogada explicó que, cuando la persona detenida era el principal sostén económico del núcleo familiar, la privación de libertad implica la pérdida inmediata de ingresos. Sin embargo, el impacto se multiplica debido a que las familias deben asumir los costos asociados a la permanencia del detenido en prisión, incluyendo alimentación, agua potable, artículos de higiene, ropa y medicamentos, ante las deficiencias del sistema penitenciario venezolano.
A ello se suman los gastos de traslado hacia los centros de reclusión, que con frecuencia se encuentran lejos de los lugares de residencia de los familiares. En muchos casos, estos deben endeudarse, vender bienes o depender de remesas para costear las visitas y suministrar los insumos básicos necesarios para la supervivencia de sus seres queridos.
Tineo también señaló que durante allanamientos y detenciones es frecuente la retención de herramientas de trabajo, vehículos, equipos electrónicos y otros bienes indispensables para la generación de ingresos. Asimismo, denunció que algunas familias enfrentan la ocupación de sus viviendas por terceros o el congelamiento de cuentas bancarias bajo investigaciones prolongadas, situaciones que limitan aún más su capacidad para cubrir necesidades básicas.
Las consecuencias se extienden además a las siguientes generaciones. Según la defensora de derechos humanos, la pérdida del patrimonio obliga a muchas familias a redirigir sus recursos a la defensa legal y al sostenimiento del detenido, provocando en algunos casos la deserción escolar o universitaria de hijos y familiares jóvenes. Paralelamente, las personas que asumen las labores de cuidado, principalmente madres y esposas, suelen experimentar un deterioro de su salud física y mental debido a la carga económica, emocional y logística que implica enfrentar el proceso de detención de un familiar.
Por otro lado, mencionó que la pérdida del patrimonio anula las bases de la reinserción social. Explicó que cuando una persona recupera su libertad tras sufrir traumas físicos y psicológicos en prisión y se encuentra sin su vivienda, sin herramientas de trabajo y sin ahorros, es condenada a una “indigencia forzada o a la dependencia absoluta”.
“La destrucción del patrimonio garantiza que el ciudadano, una vez libre, deba concentrar toda su energía vital en la mera supervivencia económica, neutralizando su capacidad de exigir justicia, integrarse a la sociedad con dignidad o reconstruir su proyecto de vida en paz”, dijo.
¿Cómo recuperar una propiedad ocupada?
Aunque la recuperación de bienes puede resultar compleja, la legislación venezolana contempla mecanismos para que las víctimas reclamen la restitución de sus propiedades. De acuerdo con Martha Tineo, las personas afectadas pueden acudir tanto a la jurisdicción penal como a la civil.
En el ámbito penal, explicó que es posible presentar una denuncia ante el Ministerio Público por el delito de invasión u ocupación ilegal y solicitar una medida cautelar que permita la restitución inmediata del inmueble.
Paralelamente, en la vía civil puede ejercerse una acción reivindicatoria para demostrar la titularidad del bien o un interdicto de despojo cuando la pérdida de la posesión haya ocurrido recientemente.
Derecho a reparación y protección internacional
Tineo recordó que las personas afectadas por el deterioro, pérdida o desaparición de bienes bajo custodia estatal tienen derecho a exigir reparación. Según explicó, el Código Orgánico Procesal Penal establece que los bienes incautados preventivamente deben ser inventariados y resguardados bajo condiciones que garanticen su preservación.
Cuando esto no ocurre, las víctimas pueden acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado y solicitar indemnizaciones por daños materiales y lucro cesante.
La especialista destacó además que la protección del patrimonio de las personas privadas de libertad no solo está reconocida en la legislación venezolana, sino también en instrumentos internacionales de derechos humanos.
Entre ellos mencionó el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que prohíbe la privación arbitraria de la propiedad; el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege el uso y goce de los bienes; y las Reglas Nelson Mandela de las Naciones Unidas, que obligan a las autoridades penitenciarias a llevar un inventario y custodiar adecuadamente las pertenencias de las personas recluidas.
A juicio de Tineo, estos estándares refuerzan la obligación del Estado de garantizar que la privación de libertad no se traduzca en la pérdida arbitraria del patrimonio ni en una afectación indebida de los derechos de las familias de los detenidos.
