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- Economistas con diversas visiones concuerdan en que previo al inicio de la recuperación del país es necesario que se produzca un cambio político en Venezuela
Venezuela afronta una de las crisis económicas más profundas y prolongadas que se han registrado en su historia republicana. Erradas políticas económicas, altos índices de corrupción y la destrucción del aparato productivo del país forman parte de la larga lista de “logros” alcanzados por quienes desde hace casi dos décadas se han mantenido en el poder.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que al cierre del año 2019 los índices de hiperinflación en el país se ubiquen por el orden de los 10.000.000%, convirtiendo a Venezuela en la nación con el peor índice inflacionario del planeta.
Lograr revertir el daño ocasionado a la industria productiva del país, tanto pública como privada, es un reto que requerirá años de esfuerzo y trabajo infatigable, tal como lo afirma el doctor en Economía y profesor en la Universidad de los Andes, Alberto Hurtado.
“Ante la magnitud de la crisis los venezolanos demoraremos entre 10 y 15 años en recuperar el ingreso per cápita que teníamos en 2013”, afirma.
Hurtado detalla que los lapsos para que se produzca dicha recuperación están condicionados por la fecha en la cual sean implementadas las políticas económicas que permitirán reflotar a Venezuela.
En caso de estas no producirse a la brevedad y de que continúe la caída en la actividad productiva, apunta que la mejoría de los índices económicos tardará más tiempo.
La visión de Hurtado es compartida por el economista y especialista en Moneda e Instituciones Financieras, José Acosta, el cual considera que dos aspectos que definirán los lapsos en los cuales la economía venezolana logre recuperarse serán: el alcance de las medidas a ser aplicadas y quiénes decidan hacerlo.
“Si hubiera un cambio de gobierno y la actual oposición llegase el poder, de acuerdo con los planes que han anunciado, se iniciaría una lenta recuperación de la economía que tomaría generaciones en lograr que la economía venezolana alcanzase su nivel potencial”.
Por su parte, el economista y profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), Aarón Olmos, presenta una perspectiva más alentadora con respecto a los lapsos que serán necesarios para poder apreciar los primeros efectos positivos de las medidas económicas que estén dirigidas a reactivar el aparato productivo, pues cree que estas podrían ser percibidos en cuestión de meses.
“Los primeros signos de recuperación no tardarían mucho, porque se estaría comenzando a generar confianza y en las medida en que se ejecuten las primeras acciones que vayan en función de una economía de libre mercado vamos a ver una recuperación en cuestión de meses. Un proceso completo que permita ver cambios reales podría demorar entre 3 y 5 años”, apunta Olmos.
El economista y diputado a la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado, considera, al igual que Olmos, que los tiempos para la recuperación del país podrían ser mucho menores a los planteados por Acosta y Hurtado, pues explica que la reconstrucción del aparato productivo debe tener como base fundamental la recuperación de la confianza, tanto de los organismos multilaterales como de la empresa privada nacional e internacional y que ello permitirá que inyecten dinero a los sectores productivos del país que hoy se encuentran en gran parte paralizados.
Fuentes de financiamiento
Focos de inversión
Los sectores que necesitarán mayor financiamiento para su recuperación y desarrollo, a juicio del economista e investigador del Centro de Investigación y Formación Obrera de Venezuela (CIFO), Manuel Sutherland, son el petrolero, el siderúrgico y el agroindustrial, pues son estratégicos para el país. Y podrán generar en el corto plazo recursos que puedan inyectarse a otros sectores para acelerar la recuperación económica.
“Es necesario realizar una apertura petrolera que permita el retorno de muchos de los capitales que se han fugado del país y que se pongan a producir pozos petroleros ‘maduros’ donde se consiga crudo liviano, mediano y gas natural”, señala. Agrega que es fundamental que se propicien las condiciones que permitan el retorno de capitales que fueron retirados del país y cuyo monto podría llegar a ser de hasta 500 mil millones de dólares.
Por su parte, Hurtado considera que existen otros sectores que también necesitarán una inyección significativa de capital como lo son el farmacéutico y el de la construcción. El primero, para hacer frente a la escasez de medicinas en el país la cual según la Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven) se sitúa en 85%; y, el último para consolidar la estabilización de la economía.
Olmos explica que, si bien es necesario reactivar todos los sectores económicos que hoy se encuentran deprimidos, existen algunos como el de la construcción que generan un “eslabonamiento”, es decir, la activación de otros sectores que son necesarios para su funcionamiento.
“Históricamente en economías deprimidas que comienzan procesos de ajustes, la reactivación del sector de la construcción es una de las más importantes porque genera empleo para obreros, ingenieros, abogados, contadores, administradores, aseguradoras, finanzas… Toda la economía empieza a moverse a partir de la reactivación del sector de la construcción”, asevera.
Acosta, por su parte, objeta esta visión y estima que la forma más eficiente de determinar cuáles deben ser los focos de inyección de capital deben ser establecidos a través del libre mercado, pues este regulará de forma automática cuánto financiamiento necesita cada sector; y, en caso de ser necesario, si resulta económicamente más eficiente producir un rubro en el país o importarlo.
Alvarado explica que la inversión de divisas en los diferentes sectores económicos dependerá en gran medida del capital privado, razón por la cual no será el Estado quien defina cuáles serán los focos de inversión.
Privatizaciones
En los últimos 20 años el Estado venezolano se ha convertido en propietario de un sinfín de empresas, bien sea por su expropiación o por su creación. Hipódromos, hoteles, medios de comunicación, empresas agroindustriales, de telefonía e incluso una de transporte aéreo, acuático y subterráneo como lo son Conviasa, Conferry y el Metro de Caracas los cuales forman parte de la lista de compañías propiedad del Estado. Casi la totalidad de ellas se encuentra generando pérdidas para la nación; y, en el caso de aquellas que fueron objeto de expropiación, presentan una eficacia inferior a la que poseían cuando se encontraban en manos privadas.
Esta situación a juicio de Hurtado debe ser revertida. Una de las herramientas para lograrlo es la privatización parcial o total de algunas de las empresas que se encuentran actualmente en el sector público.
“El Estado no puede ni debe administrarlo todo. Para que las empresas estatales totalmente improductivas comiencen a reportar rendimientos es necesario abrir las puertas al capital privado, como garante de la búsqueda del objetivo de eficiencia dentro de estas organizaciones”, asegura.
Acosta indica que es necesario que empresas como los Hoteles Venetur, los teleféricos e incluso el Hipódromo de la Rinconada pasen a estar en control del sector privado, pues no hay justificación alguna para que el Estado tenga que hacerse cargo de ellas, debido a su escaso o nulo valor estratégico para la nación.
Estima además que es necesario que se produzca un debate sobre la conveniencia o no de que el sector público mantenga el control de Industrias Básicas como Sidor, Venalum o Alcasa.
Olmos concuerda con la propuesta de depurar las empresas del Estado venezolano mediante la privatización de algunas de ellas, pues asegura que ello redundará en una mayor productividad de las mismas.
“En un plan de reajuste económico que vaya de la mano del Fondo Monetario Internacional (FMI), una de las primeras cosas que debería estar en la agenda es el privatizar, o devolver a manos privadas, actividades que les son naturales y para las cuales están mejor formados y más estructurados que el propio gobierno”, explica.
Alvarado también apoya esa visión pues cree conveniente que todas aquellas empresas que fueron objeto de expropiación por parte del Estado venezolano durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro deben volver a estar en control de sus respectivos dueños.
“Todas las empresas como Sidor Agroisleña, Cantv o la Electricidad de Caracas que fueron expropiadas durante los últimos años tienen que volver a estar en manos privadas, porque ellos son los que sabían cómo gestionarlas”, argumenta.
Esta necesidad de poner en manos privadas algunas de las empresas del Estado no es del todo compartida por Sutherland, pues cree que la mejor forma de abordar el tema es mediante la conformación de empresas mixtas. Detalla que la correlación accionaria en dichas empresas -excepto en casos puntuales- no debería sobrepasar el 45% para el sector privado, permitiendo así que el Estado mantenga la mayoría accionaria. Solo en aquellas compañías que no tengan un carácter estratégico la cantidad de acciones en control de manos privadas debería superar el 50%.
“Debe crearse un marco jurídico que defiende a los trabajadores, la clase obrera y a los intereses del país pero que no agreda al inversionista extranjero”, señala.
Control Cambiario
Desde el año 2003, en el país impera un régimen de control cambiario, el cual ha sufrido múltiples transformaciones a lo largo de los años. Cadivi, Cencoex y Simadi son solo algunos de los nombres que le han sido asignados a los mecanismos que regulan el otorgamiento de divisas.
Estimaciones realizadas por por Jorge Giordani, quien se desempeñara como ministro de Planificación de Chávez, cifran en más de los fondos que fueron defraudados a la nación mediante las denominadas “empresas de maletín”, las cuales recibieron fondos para realizar importaciones y nunca las llevaron a cabo.
Las creación de esos mecanismos de control en la compra y venta de divisas propiciaron la aparición hechos de corrupción y fuga de capitales según asevera Hurtado; situación que considera puede resolverse con la implementación de tasas de libre flotación del precio de las divisas.
“La historia reciente nos ha demostrado que el control de cambio genera sobrevaluación de la moneda, corrupción, y fuga de capitales. Por ende, resulta fundamental avanzar hacia la libre flotación incrementando las reservas internacionales y recuperando el flujo de divisas al país, única garantía de que el nuevo régimen cambiario funcione y no sea susceptible a las presiones domésticas”, asegura.
Olmos explica que una vez desmontados los mecanismos de control cambiario, se registrarán durante un breve lapso aumentos en los índices de inflación, pero una vez se autorregule el mercado esta política debería traducirse en una revalorización del bolívar.
“La política cambiaria tendría que estar enfocada en proteger el valor interno de la moneda y luego a permitir la circulación de las divisas necesarias para poder importar todas aquellas cosas que sean necesarias para la reconstrucción de Venezuela y que dichas divisas no sean utilizadas para hacer negocio tal como en estos momentos”, afirma.
Una forma distinta de abordar el tema de la política cambiaria de Venezuela es la planteada por Acosta, la cual implicaría la dolarización de la economía. Argumenta que en el país ya existe la dolarización de la demanda hecho comprobable en comercios de todo el país, donde los usuarios al preguntar por el precio de un producto lo hacen pidiéndolo en dólares.
“Es una medida de aplicación inmediata que además no requiere de seguimiento. De llevarse a cabo solo se necesitaría dolarizar la oferta, porque la demanda ya está de hecho dolarizada”, indica.
Por su parte Sutherland cree que el mejor mecanismo para lograr la revalorización del bolívar planteada por Olmos es mediante la aplicación de una política similar a la empleada en China con su moneda el Yuan, en la cual esta presenta una subvaloración como política de Estado para de esta forma prevenir cualquier clase de distorsión cambiaria.
El economista considera que aplicando este mecanismo, paulatinamente el bolívar recuperaría el valor que ha perdido durante los últimos años respecto a otras monedas como por ejemplo el dólar.
“Es necesario que se ejecute una nueva reconversión monetaria que esté acompañada con una revalorización de la moneda, la cual debería seguir el ejemplo del Yuan y presentar una subvaloración que permita evitar cualquier tipo de distorsión cambiaria”.
Rutas de acción
Plan País
El 31 de enero fue presentado por la Asamblea Nacional de Venezuela el , el cual pretende ser una hoja de ruta para la recuperación social, económica y política del país. En él están contenidas un cúmulo de políticas que abarcan desde los mecanismos que financiaran la reconstrucción del país, hasta la posibilidad de privatizar empresas que se encuentran en control del Estado actualmente.
Si bien algunas de las políticas económicas planteadas en el Plan País son “potables para la población”, según Sutherland, la mayor parte de ellas están enfocadas en la recuperación de Fedecámaras y Conindustria, en lugar de apoyar a los trabajadores.
“La clase obrera y la izquierda crítica deberían desarrollar un plan alternativo para recuperar el país en el cual las reivindicaciones obreras estuvieran contempladas ya que el Plan País no lo tiene como perspectiva”, argumenta.
Acosta y Hurtado coinciden en que el “diagnóstico” de la economía venezolana planteado en el Plan País es el correcto pues cumple con un paso fundamental, reconocer que existe un problema y que este amerita una solución.
Sin embargo, creen que algunas de las soluciones presentes en esa hoja de ruta no abordan la totalidad de los mecanismos necesarios que permitan salir lo más pronto posible de la actual crisis que afronta Venezuela.
“Mi principal observación a ese conjunto de políticas se encuentra en el ámbito monetario, para recuperar la confianza en la moneda local se necesita no solo de un cambio y/o actualización del cono monetario. Se requiere de un serio esquema de convertibilidad o de un cambio de moneda”, argumenta Hurtado.
Mientras que Acosta cree que los dos principales problemas que presenta el Plan País son su lentitud al momento de la aplicación de las políticas necesarias para reflotar la economía y su ineficiencia al incorporar a factores externos, tales como la figura del financiamiento internacional esto en lugar de conseguir el capital que se requiere mediante la venta de las empresas que el Estado no necesita.
Olmos por su parte cree que si bien es perfectible como cualquier otro plan económico, la orientación que plantea el Plan País es la acertada en términos de la recuperación de la economía. Cree además que posteriormente podrían incorporarse otros aspectos y visiones que permitan su mejora.
Agrega que pese a que este plan no prioriza la reactivación de la agroindustria, ello es necesario para ser capaces de incrementar la producción de alimentos y así atacar la crisis humanitaria que se vive en el país.
“Una de las cosas que llama la atención de el Plan País es el exceso de protagonismo que se le sigue dando al sector petrolero cuando se sabe que este no se va a recuperar en el corto plazo y que hay que volver a las actividades básicas y aquello que pone comida en la mesa del venezolano rápido”, afirma.
Alvarado explica que el Plan País solamente es una visión y un marco de referencia de cómo debe llevarse a cabo el cambio económico que necesita el país, sin que ello signifique que dicte cuáles deban ser las políticas económicas que se tengan que aplicar.
“El Plan País es un marco para que se vayan activando los distintos sectores, es una visión del cambio económico que necesita el país. Él no busca dirigir la economía ni dictar por donde debe de iniciar la recuperación”, detalla.
Si bien son acuciantes los flagelos como la hiperinflación y desabastecimiento que día a día viven los ciudadanos es necesario que los venezolanos sean conscientes que en el más favorable de los escenarios la recuperación del país requerirá de un lapso que no será menor a 3 o 4 años para que las medias que sean aplicadas surtan un efecto significativo. He allí la necesidad de que se produzca a la brevedad el cambio político que permita la inmediata aplicación de las medidas económicas planteadas anteriormente.
