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- La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos aseguró que, a partir del primer trimestre de 2020, su oficina suministrará asistencia técnica a los organismos de seguridad venezolanos en materia de prevención de tortura, investigación sobre ejecuciones extrajudiciales y la situación que viven las cárceles del país
La violación a los derechos humanos de millones de venezolanos y las presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de organismos de seguridad del Estado siguen siendo una preocupación latente en la ONU. El 18 de diciembre Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los DD HH, presentó una segunda actualización de su informe sobre la situación del país.
El documento no hace sino reflejar el incremento de la crisis en materia de seguridad ciudadana, el problema migratorio, el difícil acceso a la salud, el alto costo de la vida, así como el impacto ambiental que deja la minería ilegal y la masacre de indígenas, principalmente en el estado Bolívar.
Bachelet expuso que su despacho visitó, durante los últimos tres meses, nueve centros de detención que son gestionados por el Ministerio de Servicios Penitenciarios y el Ministerio de Defensa. Igualmente, acotó que su equipo logró entrevistar, de forma confidencial, a más de 70 privados de libertad.
‘’En el mismo periodo mi oficina ha documentado 118 casos de personas privadas de libertad (109 hombres y nueve mujeres), que requieren de una respuesta urgente por motivos de salud, retrasos judiciales, falta de ejecución de boletas judiciales de excarcelación, y/o falta de excarcelación por cumplimiento de pena’’, dijo.
Mencionó que esos casos se han puesto a consideración del Comité de Coordinación interinstitucional que funciona en coordinación con autoridades de la ONU en materia de Derechos Humanos y el régimen venezolano.
También solicitó la libertad del diputado opositor Juan Requesens, detenido en el Sebin desde el 7 de agosto de 2018, acusado por el régimen de participar en un supuesto intento de magnicidio contra Maduro.
En esa misma línea, condenó los actos de intimidación en redes sociales contra varios periodistas que se disponían a dar cobertura informativa a la protesta del pasado 16 de noviembre convocada por el presidente interino, Juan Guaidó.
Violencia y ejecuciones extrajudiciales
Bachelet manifestó que ante la ausencia de cifras oficiales públicas y actualizadas, la ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) estimó una tasa de 60,3 homicidios violentos por cada 100,000 habitantes de enero a noviembre de 2019. ‘’Aunque ello implica una disminución respecto al 2018, constituye una de las tasas más altas de la región’’, añadió.
‘’Reitero mi preocupación por los niveles de violencia que en los últimos meses también ha impactado en líderes políticos locales, como lo ilustran los asesinatos del ex concejal opositor Edmundo ‘Pipo’ Rada Angulo y del ex gobernador oficialista Jhonny Yánez Rangel’’, dijo.
Advirtió que desde agosto, su oficina ha seguido documentando presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), aunque no precisó la cifra de muertos. En el informe anterior, publicado en septiembre, la alta comisionada de la ONU para los DD HH recordó que la ONG Monitor de Víctimas identificó 57 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de ese organismo policial.
Desde su primer informe publicado en el pasado mes de julio, Bachelet ha exhortado al régimen venezolano a disolver las FAES a quien responsabiliza por la mayoría de los asesinatos extrajudiciales de 5.287 personas en 2018 por presuntamente mostrar resistencia a la autoridad.
En el nuevo informe, publicado el 18 de diciembre, Bachelet recuerda que se han realizado 16.639 protestas en lo que va de año según el registro que lleva la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y que en los últimos tres meses se han relaizado 4.433 protestas en su mayoría por trabajadores el sector educativo, de salud y de industrias básicas por las pésimas condiciones laborales y la falta de insumos.
Bachelet, asimismo, expresó su preocupación por la decisión de altos funcionarios del régimen de ‘’seguir armando a las milicias, así como la presentación, ante la Asamblea Nacional Constituyente, de una propuesta de ley que fortalece e incorpora la milicia nacional a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana’’.
Instó a los actores políticos en Venezuela “a retomar las negociaciones para alcanzar una solución a la crisis política y económica y devolver la esperanza a la población (…)”.
Por ello, señaló que ha recopilado información de los organismos de justicia, seguridad y sistema penitenciario, así como de la Defensoría del Pueblo para proporcionar, a partir del primer trimestre de 2020 ‘’asistencia técnica en materia de prevención de la tortura, investigaciones de ejecuciones extrajudiciales y la situación relativa a los centros de detención preventiva’’.
Recordó que en el próximo año se realizarán las elecciones legislativas por lo que pidió garantizar las libertades públicas que, según dijo, ‘’son fundamentales para crear las condiciones necesarias para unas elecciones libres, imparciales, creíbles, transparentes y pacíficas’’
Nuevamente manifestó su preocupación por el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de 30 diputados opositores de la Asamblea Nacional y los actos de hostigamiento contra el Poder Legislativo y su máximo representante, el presidente interino Juan Guaidó.
Éxodo de venezolanos
La ex mandataria chilena reiteró su preocupación por la migración irregular de venezolanos motivada por el incremento de requisitos de los países receptores, así como también por los altos costos para obtener la documentación para poder viajar.
‘’Recientemente, las autoridades venezolanas incrementaron en un 70% los costos para expedir pasaportes, un costo equivalente a 54 salarios mínimos. Ha crecido la utilización de rutas más peligrosas y la exposición al tráfico y trata de personas’’, indicó la funcionaria.
De igual forma, expuso que la migración venezolana —estimada en 4,7 millones según la Acnur— se proyecta para 6.5 millones para finales de 2020.
Continua crisis económica y social
Bachelet recordó que la situación económica y social que vive Venezuela sigue afectando los derechos humanos. Advirtió que según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en 2019 la economía del país sufrió una contracción del 25,5% lo que significa una pérdida acumulada del Producto Interno Bruto (PIB) del 62,2% desde 2013.
Agregó que a pesar del incremento del salario mínimo de 150 mil bolívares realizado en octubre por el régimen, este además de haber perdido su poder adquisitivo solo cubre actualmente 3,5% de la canasta básica alimentaria.
‘’Mi Oficina recibió información que señala que el escrutinio estricto (over-compliance) del sector financiero derivado de las recientes sanciones económicas sigue impactando negativamente en la economía y a los servicios públicos a todos los niveles. Se requiere mayor información oficial detallada para determinar el alcance preciso de las sanciones en la implementación de los programas sociales’’, dijo, por otra parte, la alta comisionada.
De igual forma, reflejó la falla en los servicios públicos del país y dijo que uno de los estados más afectados es Zulia. ‘’Mi Oficina realizó una visita a Maracaibo en la que constató las larguísimas colas para comprar combustible y los cortes prolongados y reiterados de electricidad, que además afectan el suministro de agua’’.
En materia de salud, puntualizó que la situación de riesgo que viven los niños es preocupante. ‘’Una muestra de ello es el Hospital Pediátrico J.M. de los Ríos, donde el último mes se recibió información de la muerte de tres niñas del servicio de hematología y un niño del servicio de oncología. De los 39 niños y niñas con necesidad de un trasplante de médula ósea, 15 se encuentran en una situación crítica’’.
Durante el mes de noviembre, Caritas informó que, en las parroquias más pobres de 19 estados del país, 11.9% de los niños y niñas muestran señales de malnutrición aguda – un alza de 56% en contraste con el 2018 – y que 32.6% tienen retardo en el crecimiento. Cáritas también informó que 48.5% de las mujeres embarazadas atendidas tienen deficiencias nutricionales.
Minería ilegal y muerte de indígenas
Bachelet advirtió que su oficina sigue registrando altos niveles de violencia y la presencia de grupos armados irregulares en Bolívar por la explotación ilegal de recursos minerales en el Arco Minero del Orinoco. Algo que ya ha denunciado con anterioridad.
‘’Entre el 22 y 23 de noviembre, en la comunidad de Ikabarú, ubicada en el territorio indígena Pemón, fueron asesinadas ocho personas con armas de fuego, incluyendo un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, un indígena Pemón y un adolescente’’, dijo.
Por el hecho, la Fiscalía detuvo a 13 presuntos responsables, quienes pertenecían a una banda delictiva que buscaba apoderarse del territorio para ejercer ahí la minería ilegal.
‘’Mi Oficina ha recibido información de que, con posterioridad a los hechos, varios miembros de la comunidad habrían huido del territorio por temor’’, acotó.
Con la presentación de este nuevo informe, Bachelet recordó que el pasado 20 de septiembre su despacho estableció nueve áreas de cooperación técnica con instituciones del régimen de Nicolás Maduro y que firmó una ‘’Carta de Entendimiento’’ junto con el canciller chavista Jorge Arreaza, donde se establece los términos de cooperación por un periodo renovable de un año.
Mencionó que la referida carta ‘’establece nueve áreas de cooperación técnica con instituciones del Estado, incluyendo la colaboración con el sistema de las Naciones Unidas en el país. Finalmente, contempla el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil en la promoción de los derechos humanos”.
El documento acordado, según la alta funcionaria, ‘’formaliza la presencia de dos oficiales de derechos humanos en Venezuela, concediéndoles acceso a todo el territorio, incluyendo a centros de detención”.
Añadió que su despacho, en conjunto con las autoridades venezolanas, acordaron un plan de trabajo para desarrollar actividades ‘’de cooperación técnica’’ y que para su implementación ‘’se estableció un Comité de Coordinación inter-institucional que se reúne dos veces al mes, con gente de mi oficina’’.
Con la presentación de este último informe, Bachelet afirmó que su despacho sigue comprometido en contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos en Venezuela, agudizada desde 2016. Agrega, igualmente, la importancia por establecer ‘’una presencia más amplia y consolidada’’ del Alto Comisionado de la ONU para los DD HH en el país.
