- En la populosa barriada de Petare, en la Gran Caracas, al menos 37 familias sobreviven en un terreno ocupado ilegalmente. Allí la crisis se manifiesta aún más cruda: la gente sobrevive entre casas improvisadas, en medio de la mayor insalubridad, acechada por las ratas y las enfermedades
El asfalto termina, y desde un pedazo de acera se avista el caserío de tablas, ubicado en la avenida principal de Petare, en el estado Miranda. Sobre el camino de tierra se encuentran los niños que juegan desnudos mientras sus pies se pierden en el color de la arena.
Otros pequeños se asoman tímidamente dentro de un carro abandonado y adornado por la maleza, que ahora sirve de escondite en los juegos con los que entretienen el hambre.
Las personas transpiran, esperan, se miran, hablan poco; otros ignoran su alrededor más allá de la reja negra que separa su realidad del resto de la gran barriada caraqueña.
La reja está rodeada de árboles y murales de propaganda chavista, que no logran ocultar del todo lo que hay detrás: ese espacio donde la realidad se torna más cruda que en el resto del barrio. Lo llaman La Invasión, y está ubicado en Las Vegas de Petare, un terreno baldío donde viven 37 familias.
Desde su llegada en 2015 son señalados de invasores y delincuentes, aunque en el fondo intentan hacer lo mismo que gran parte de los venezolanos: sobrevivir a la crisis.
Agua estancada
Detrás de la barrera se oyen gritos: las madres piden a los niños que no jueguen más mientras los visitantes llegan al lugar, pero ellos corretean ignorando las órdenes.
Son más de 50 niños que viven fuera de toda escolaridad, con signos de desnutrición, algunos medio desnudos. Una mujer con cabello desteñido se encuentra sentada a un costado de una de las casas, mientras peina a una niña que no lleva camisa. Las marcas de sus costillas aparecen sobre la silueta de su pequeño cuerpo. No ha almorzado, y ya son las 3:00 pm.
En una de las casas de la toma ilegal, un fogón improvisado cocina lentamente un kilo de arroz blanco con mucha agua y sal, solo eso. No alcanzó para más, la quincena se agotó así que ese será el almuerzo y probablemente también la cena de varias de las 37 familias que sobreviven en la comunidad.
En uno de los cuartos, uno de los niños, el más joven de la sala, agarra un cubo de plástico sucio cargado de agua, enciende un hornillo eléctrico y allí la lleva a ebullición para poder tomar un vaso.
Las marcas en la pared dejan ver que la humedad las carcome, los restos de lo que solía ser un carro también forman parte del hogar, convertido en un mar de escombros. No resulta fácil avanzar porque en cada esquina hay restos de basura, y grandes telas cuelgan de puntos estratégicos como protección para las familias en las noches.
Los ranchos de La Invasión están hechos de láminas de zinc y anime. Rosaura Rivas, habitante de la comunidad, explica para El Diario que la construcción del caserío quedó a cargo de las mujeres.
Las “casas” están separadas por escasos metros, pero el sitio está contaminado. Los niños y adultos tienen que lidiar con los pozos sépticos para hacer sus necesidades sobre el piso de tierra. Solo existen dos baños para todas las familias, en un lugar donde todo es supuestamente provisorio.
Sin embargo, el tiempo va pasando sin recibir ninguna respuesta, mientras las ratas se multiplican a su alrededor.
Rivas afirma que la contaminación en el lugar ha puesto en riesgo la salud de los 50 menores de edad que conviven en el sector. El orine de la ratas se confunde en las sábanas de las camas, las cuales son sostenidas por depósitos de cervezas, y algunos trastes. El colchón apenas se asoma, una capa de cartón es lo único que se puede apreciar.
Rosaura, quien asumió como la vocera de las 37 familias que viven en la toma ilegal, cuenta cómo fue su llegada al sitio. Hace 10 años su casa, ubicada en Los Valles del Tuy (Miranda), se derrumbó por deslizamientos de tierra causados por las fuertes lluvias. Un sobrino le comentó de La Invasión, y al día siguiente llegó a Caracas con sus cuatro hijos para levantar una casa improvisada con cartón y zinc.
El día más oscuro
En septiembre de 2019, los habitantes de La Invasión vivieron, el que hasta ahora, ha sido el momento más angustiante en los años que llevan habitando el lugar. Un cortocircuito avivó su mayor temor: quedar damnificados nuevamente.
Una sola casa es la que alberga la única fuente de electricidad en el lugar. Para llegar ahí, hay que caminar esquivando los colchones viejos que los niños usan de toboganes.
No hay cerámica, sino un camino de tierra lleno de basura a los costados y charcos de agua producto de los continuos problemas con las tuberías. Se accede al hogar por una pequeña abertura. En el sitio hay palos de por medio que sostienen la estructura. Al fondo está la caseta de electricidad, justo al lado de la cama en la que un bebé recién nacido toma una siesta.
Señalando el sócate quemado, Rosaura revive aquella noche en la que el incidente eléctrico perturbó la poca paz que si acaso tienen los habitantes de la zona.
Eran las 8:00 pm cuando Rosaura revisaba el sócate, concentrada, pero el olor a humo y unos gritos la obligaron a asomarse en la esquina de La Invasión. La madera se estaba consumiendo por un cortocircuito.
En ninguno de los ranchos vecinos había suficiente agua almacenada como para hacerle frente a las llamas. El pozo de aguas servidas fue la salvación para no perder las paredes.
A pesar de sentirse todavía confundida, Rosaura entró a la casa y rompió todos los cables que unen la electricidad. Lloraba mientras lo hacía, pero no se detuvo hasta hacerlo por completo. Había salvado a su familia. Fue la única que se atrevió a entrar a la casa de tablas corroídas que se quemaba aquella noche.
El incidente no pasó a mayores, pero dejó al descubierto la vulnerabilidad del caserío improvisado, no solo en su estructura, sino también en temas de servicios públicos. La electricidad que llega al sector es producto de tomas ilegales, con conexiones indebidas que originan situaciones como las del cortocircuito que se registró en septiembre.
El agua también es otra limitante en la zona. Los vecinos se surten gracias a tres tanques subterráneos que hay en el caserío, y con esa agua se bañan, preparan comida y en muchos casos, cuando no cuentan con recursos para buscar agua mineral, la beben.
La única manera de beber agua potable en La Invasión es recolectando en botellas plásticas vacías. Los envases se alinean y se acumulan en la entrada de una de las habitaciones, donde reciben la luz del sol y el agua de la lluvia, pues no existe otro lugar en el que colocarlas.
Los animales también se pasean por la esquina afectada por la humedad. Las camas de la habitación también están impregnadas de humedad y el techo que las cubre se encuentra incompleto, pues la mitad se derrumbó.
Rosaura es un testimonio vivo de los años duros por los que su familia atraviesa. Su piel está desgastada por el sol diario y las enfermedades a las que está expuesta diariamente. No quiere recordar sus problemas en voz alta. Responde con el ánimo desganado. Su voz se diluye cuando habla de su nieto que llora desconsolado y sus costillas se marcan en cada esfuerzo por tomar aire. Sus ojos gritan por ayuda.
Pero Rosaura sonríe mientras intenta dotar de cierta normalidad una situación que se muestra inhumana.
Un grito desesperado
En medio de la miseria y el abandono, las 37 familias que se aglomeran en el caserío petareño claman por ayuda urgente. Rosaura lidera los pedidos para que representantes del Estado venezolano visiten el lugar y puedan constatar ellos mismos las deplorables condiciones en las que deben sobrevivir.
Su prioridad es que puedan realizar un censo para que los integren a la Misión Vivienda Venezuela. Rosaura, al igual que los demás habitantes de La Invasión, están apartados de las ideologías políticas así que han recibido a diputados opositores y también a representantes de Nicolás Maduro.
En La Invasión dejan que lleguen todos esperando que puedan recibir la ayuda que necesitan, pero aseguran que su grito de auxilio sigue sin ser escuchado.
Rosaura Rivas exige que la comunidad de Petare los reconozca, y no los rechacen por ser «invasores».
Todos siguen a la espera, ocultos tras las rejas negras que los separan de las calles y de los demás vecinos del sector, quienes los ven como intrusos y no como personas que perdieron todo y hoy requieren de apoyo para comenzar de nuevo.
