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- José Ignacio Hernández, designado por la Asamblea Nacional como procurador especial de la República, conversó con El Diario luego de haber puesto su cargo a la orden por la polémica aprobación del fondo de litigios de 20 millones de dólares para “pagos de honorarios y gastos legales”
Decían los clásicos que en política la dificultad no está en el decir, sino en el no decir. También hay quienes dicen que el manejo de los tiempos para hablar y guardar silencio forma parte del arte de la política. José Ignacio Hernández, procurador especial designado por la Asamblea Nacional, así parece entenderlo. Sus palabras son meditadas y precisas para evitar cualquier mala interpretación.
Luego de poner su cargo a la orden el pasado 29 de enero, Hernández no dice qué le respondió el presidente Juan Guaidó, pero asegura hablar con frecuencia con él y seguir en su cargo. No dice tampoco si perdieron la confianza en él, pero explica que desde gente cercana al gobierno interino se filtró su carta en la que manifiesta las adversidades que enfrenta la Procuraduría; no reparte culpas entre quienes se oponen a la aprobación del fondo, pero explica que la decisión pone en riesgo la protección del dinero del Estado; no dice si sugirió el nombramiento de un contralor, pero espera se haga lo más pronto posible. Lo que sí expresa con claridad es que los recursos son insuficientes, y el régimen de Nicolás Maduro podría sacar ventaja de ello.
Hay quienes dudan de su palabra y transparencia. Pero él lo tiene claro: “La transparencia está allí, en más de 300 comunicaciones enviadas”, según comentó en exclusiva para El Diario. Sin embargo, algunas dudas están bien justificadas.
Desde que la Asamblea Nacional aprobó el fondo de litigios de 20 millones de dólares el pasado 28 de enero, en una sesión en la que el tema no estaba en agenda y no contó con la unanimidad de las fracciones (Primero Justicia y 16 de Julio salvaron su voto), su cargo es objeto de críticas. Una semana después, y luego de varias disputas políticas de por medio por tal decisión, Hernández da su explicación.
— ¿Ha tenido la posibilidad de reunirse con el presidente interino Juan Guaidó durante la visita de él a Estados Unidos?
— Sí. Yo sigo desempeñándome como procurador especial y mantengo pleno contacto con el presidente encargado. Hemos tenido reuniones de trabajo durante su visita a Estados Unidos.
— ¿Entonces, qué respuesta tuvo del presidente a la carta que le envió en la que puso su cargo a la orden?
— El ciudadano presidente encargado de la República es quien debería responder eso. Yo no puedo hablar ni en nombre del presidente interino, ni de la Asamblea Nacional.
— ¿Antes de publicar la carta, usted se lo comunicó al presidente Guaidó?
— Yo nunca publiqué esa carta. Esa fue una comunicación privada que se envió a un grupo muy reducido de personas, tanto al presidente como a otras personas del gobierno y la Asamblea Nacional, y alguien la filtró. Creo que hubo una situación poco regular porque ese tipo de asuntos no debería ventilarse en los medios de comunicación debido a que resulta totalmente contraproducente para los intereses de la nación. Quienes me conocen saben que ese no es mi estilo. Eso sería algo totalmente impropio de un funcionario del cargo que yo represento.
— ¿Cuál cree que pueda haber sido el interés de filtrar la carta que usted hasta ese momento no había hecho pública?
— No puedo responder esa pregunta porque no tengo la menor idea de cuál pudo haber sido el interés de la persona que filtró la carta.
— Desde el partido Primero Justicia argumentaron, luego de salvar su voto en la sesión en la que se aprobó el manejo del fondo de litigios, que el artículo 36 del estatuto que rige la transición a la democracia establece que “los activos de la República recuperados por la Asamblea Nacional no pueden ser dispuestos ni ejecutados hasta tanto cese la usurpación y se confirme el gobierno de unidad nacional”. ¿A su juicio, fue un error aprobar este artículo considerando que la Procuraduría no tendría fondos para funcionar?
— El artículo 36 del estatuto permite que la Asamblea Nacional, mediante acuerdos, autorice el uso de recursos públicos. Así se hizo en abril del año 2019 cuando se pagó bajo protesta los intereses del bono Pdvsa 2020, al igual que el 1 de octubre cuando se autorizó a Pdvsa a disponer de 2 millones de dólares y el 19 de noviembre cuando se autorizó al Banco Central de Venezuela a disponer de 2 millones de dólares. Por lo tanto, desde un punto de vista estrictamente legal, el artículo 36 del estatuto no impide que la Asamblea Nacional, mediante acuerdo legislativo, autorice el uso de recursos disponibles en cuentas bancarias en Estados Unidos. No se trata de activos que han sido recuperados de la corrupción o recuperados tras procesos litigiosos, se trata de cuentas bancarias que ahora están bajo el control del legítimo gobierno del presidente Juan Guaidó y que por lo tanto se trata de propiedades bloqueadas bajo el sistema de sanciones de EE UU, lo que requiere específicas licencias y regulaciones especiales para su uso y disposición.
— Es dinero controlado por el gobierno interino; sin embargo, en la explicación que hizo Primero Justicia para salvar su voto, señalan que los 20 millones de dólares “más que un fondo de litigios se parece a un presupuesto no sometido a controles”. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cuáles eran los controles que estaban previstos para el manejo de esos recursos?
— Prefiero no emitir opinión sobre controversias de naturaleza política, visto el carácter técnico del cargo que ocupo. En cuanto a los controles, ellos están definidos en el acuerdo del 19 de noviembre. En primer lugar, es preciso que se emita una factura, la cual es revisada y aprobada por mi oficina. Luego se presenta a las juntas ad-hoc del BCV o Pdvsa quienes deliberan, piden aclaratorias y aprueban. Posteriormente, el expediente se pasa a la comisión técnica la cual da su parecer y todo el material es luego remitido a la Asamblea Nacional en función a la rendición de cuentas.
Entiendo yo que la Asamblea Nacional tiene que afinar esta semana, el alcance de esos controles. Tal y como la oficina del procurador especial ha señalado. La urgencia con la cual debe atenderse el gasto público para defender los intereses del Estado no contradice que la ejecución de ese gasto se realice de acuerdo con los principios de legalidad, racionalidad y transparencia.
— ¿Cuál era la seguridad de que ese fondo de litigios no se destinaría a otros fines distintos a los que usted argumenta? ¿Cuáles eran las estrategias judiciales y extrajudiciales de la Procuraduría para resguardar esos recursos?
— Las estrategias legales de la oficina de la Procuraduría han sido informadas a la Asamblea Nacional y al gobierno, quienes tienen conocimiento de todos los casos. Además de los controles previos. Como expliqué, aplican al caso de cada factura más controles posteriores de la Asamblea Nacional y el contralor general de la República cuando se designe —que espero sea una decisión que pronto sea adoptada por la Asamblea Nacional—. En todo caso, al ser estas cuentas propiedades bloqueadas por la Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC) no es posible hacer ninguna transferencia que no tenga como destino un despacho de abogados para el pago de honorarios profesionales.
Si se desviase cualquier recurso de esas cuentas bancarias, además de estar violando la ley venezolana, también se estaría infringiendo el régimen de sanciones. Lo que de por sí impediría a los bancos aceptar estas transacciones. Los recursos en control de la junta administradora ad-hoc del Banco Central de Venezuela y la junta ad-hoc de Pdvsa siguen siendo propiedades bloqueadas por el Departamento del Tesoro y sujetas a la supervisión de la OFAC.
— Usted explica que esos fondos serían utilizados para el pago de honorarios y también para algunos gastos legales. ¿A quiénes sería realizado ese pago y cuáles son esos gastos legales?
— Gastos de horarios son los de los despachos de abogados que siguen las instrucciones del gobierno del presidente encargado Juan Guaidó, cuya contratación ha sido debidamente informada a la Asamblea Nacional. Y ha sido, además, consecuencia de procedimientos de consulta en los cuales se han entrevistado a otras firmas de abogados.
Estos despachos que atienden los más de 50 casos de arbitraje que enfrenta Venezuela, algunos de ellos han aceptado trabajar en condiciones gratuitas bajo determinado límite de tiempo; otros han aceptado diferir el pago de las facturas. Al día de hoy, es necesario avanzar no solo en el pago de los honorarios causados hasta 2019, sino también afrontar los correspondientes al 2020. Un país como Venezuela, con más de 50 litigios de arbitraje, con reclamaciones que superan los 15 mil millones de dólares, con una deuda pública interna de reclamaciones que puede superar incluso los 150 mil millones de dólares, con activos en el extranjero —particularmente Citgo— necesita una enérgica defensa judicial. Eso es lo imperativo, que pueda desarrollarse en el corto plazo cumpliendo los principios de legalidad, racionalidad y transparencia en el manejo del gasto público.
— ¿De cuántas personas específicamente estaríamos hablando? ¿A quiénes se le adeuda el pago de honorarios y cuántas personas han decidido trabajar ad honorem?
— No son personas, son firmas de abogados internacionales. La lista la tiene la Asamblea Nacional. Hay siete despachos de abogados que han obrado bajo las instrucciones del presidente encargado Juan Guaidó, a través de mi oficina. Ese dinero no es para el pago de salarios o nómina. No se le va a pagar directamente a los abogados, hay firmas de abogados que representan a Venezuela, lo cual genera honorarios. Se le paga a las firmas de abogados. Por ejemplo, Paul Hastings es la firma de abogados en Nueva York que representa a Pdvsa en el caso del Bono 2020. Ellos generan unos honorarios y hay que pagarle a esa firma.
— Entonces, de qué otra forma se podrían obtener fondos para que lo administre, considerando que este fondo de litigios, si bien fue aprobado por la AN, incluso usted ha pedido que se posponga?
— El único mecanismo es que se logren implementar los controles para la ejecución del fondo de litigios aprobado el 19 de noviembre, con el límite máximo aprobado el 28 de enero. Vista la dimensión de litigios que tiene el Estado venezolano y de lo comprometido de esos casos, es imperioso que se logre la efectiva inmediata implementación de estos controles. Yo, como procurador especial, espero que se logre en lo inmediato el consenso político que permita a la oficina a mi cargo cumplir con el mandato que se me dio. El cual es defender los activos de Venezuela, de los acreedores, de los bonistas, e incluso del propio del régimen de Maduro y de sus cómplices.
— ¿Por qué no se ha nombrado un contralor?
— La designación del contralor general de la República es una potestad soberana de la Asamblea Nacional. En realidad, no puedo dar información o mayor comentario al respecto.
— Los partidos que salvaron su voto también argumentaron ciertas irregularidades en la sesión de la AN para la aprobación de este fondo, eso hizo levantar más sospechas. ¿Fue un error haberlo aprobado de esta forma?
— La Asamblea Nacional tendría que responder sobre los señalamientos de presuntas irregularidades en esa sesión. Yo no soy consultor jurídico de la asamblea, ni estuve presente en esa sesión. Y, en realidad, no tuve nada que ver con esa sesión.
— ¿Se ha perdido la credibilidad en usted?
— No sé. Tendrías que preguntar a las personas si siguen creyendo en mí o no. O si siguen respetando o no mi trabajo. Yo seguiré haciendo lo mismo que he venido haciendo por casi ya un año.
— Usted en la carta sostiene que “las dudas arrojadas por estos partidos pudiesen ser empleadas para investigaciones relacionadas con el patrimonio público, lo que puede eventualmente comprometer mi responsabilidad penal de y la responsabilidad de los miembros de las juntas ad-hoc de PDVSA y del BCV que ordenan ese pago”. ¿A qué se refiere, puntualmente?
— Como la carta se filtró de manera indebida, no voy a realizar comentarios al respecto.
— ¿Cuál es el monto, que estima necesario, debe tener el fondo de litigio para poder afrontar la defensa de los activos de Venezuela en EE UU de manera correcta?
— El presupuesto presentado es de 20 millones de dólares como límite máximo para lograr pagar los honorarios causados en 2019 —aplicando por supuesto los controles del caso— y enfrentar los honorarios de 2020. Y no solo, aclaro, para la protección de activos en EE UU, en litigios, sino además para avanzar en la recuperación de activos en poder del régimen de Maduro, en disputa, incluso activos derivados de la corrupción, que es uno de los mandatos que otorga el estatuto que rige la transición a la oficina del procurador especial. Ese fue el monto máximo autorizado por la AN en acuerdo del 28 de enero.
— ¿Qué reglas de gobernanza actualmente no se cumplen en la Procuraduría?
— No, la oficina de la Procuraduría —que soy básicamente yo— cumple las reglas de gobernanza en términos de su relación con las juntas administradoras ad-hoc, Pdvsa y BCV principalmente. Pero, también, CVG, Bandes, Pequiven, con el centro de gobierno mediante la participación. Además, en reuniones regulares en el centro de gobierno, la Presidencia de la República también, por supuesto, y la Asamblea Nacional a través de las comisiones.
— ¿Qué consecuencias puede tener la no aprobación del fondo por la Asamblea Nacional en la defensa de los activos de la nación y cuáles son esos “riesgos innecesarios” que afrontó?
— El fondo ya fue creado y fue aprobado. La base legal es el acuerdo del 19 de noviembre que crea el fondo de litigios y el acuerdo del 28 de noviembre que aprueba el monto máximo. El problema no es tanto legal, sino de consenso político. Si no se logra contar con recursos necesarios para pagar gastos de despachos de abogados en el marco de los principios de legalidad, racionalidad y transparencia, simplemente no podremos seguir avanzando en la defensa judicial del Estado venezolano. Lo cual podrá derivarse en una defensa precaria, en victorias a los acreedores, a los bonistas que están demandado al Estado, en victorias eventualmente de los abogados de Maduro y en mayores riesgos en los activos de Venezuela en el extranjero. Es importante recordar que los activos, y en general la defensa del Estado, se encuentran en riesgo por la complejidad única de la crisis de la deuda pública venezolana, con litigios de más de 15 mil millones de dólares, por una deuda estimada en 150 mil millones de dólares.
— Al no tener recursos, usted menciona que se crearon “innecesarias ventajas a los abogados de los acreedores y del régimen de Nicolás Maduro. ¿Específicamente cuáles fueron esas ventajas?
— Te lo pongo así: tu equipo de fútbol está jugando un partido y se están enfrentando a un equipo que tiene dinero para uniformes y zapatos, y tu equipo no tiene dinero y están jugando descalzos. Obviamente, el equipo al cual se enfrentan tiene una ventaja competitiva. Eso me está pasando a mí. Los tenedores y acreedores de Venezuela pueden contratar a despachos de abogados muy diligentes, muy grandes, para interponer demandas, medidas. He venido recibiendo un promedio de dos o tres demandas al mes recientemente, por ejemplo. Nicolás Maduro sigue presentándose con abogados en casi todos los juicios en los cuales yo participo, cuestionando mi cualidad, en arbitrajes. De alguna manera les está pagando y, en cambio, la oficina del procurador especial se ha venido enfrentando a limitaciones presupuestarias. A pesar de ello, se ha logrado victorias importantes y tangibles en términos en protección de Citgo, suspensión de los principales juicios y cierto orden en el litigio que en enero de 2019 era francamente caótico, por el nivel único de la deuda pública venezolana.
— Usted puso su cargo a la orden. ¿Por qué, a pesar de las condiciones precarias con las que trabaja la Procuraduría, usted no ha decidido renunciar? ¿Tiene fe en que esta situación puede cambiar?
— El procurador especial es un cargo de alta confianza del gobierno. Yo soy la más alta autoridad en asesoría, consultoría y representación legal. En cargos como este, la renuncia tiene que limitarse a razones estrictamente personales. Si yo tengo que reactivar mi actividad académica, o si tengo que mudarme por temas familiares, o tengo alguna enfermedad, yo renuncio por razones personales. Así lo veo yo. No tengo ninguna razón personal que me lleve a renunciar. Es, simplemente, un impasse político que se ha generado. Para buscar o proponer una solución, recordé y ratifiqué que mi cargo se encuentra a disposición. Si la solución de ese problema pasa por disponer de ese cargo, pues esa será una decisión que estaré dispuesto a apoyar, porque el interés superior es la defensa del Estado.
