• En El Diario conversamos con Carlos Trapani, coordinador general de la ONG Centro Comunitario de Aprendizaje para analizar la situación laboral de los niños, niñas y adolescentes en el país

Al menos 152 millones de niños son víctimas del trabajo infantil en todo el mundo, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Y en Venezuela, un país donde la realidad choca con la opacidad de las cifras oficiales, la cantidad de menores de edad que buscan empleos formales e informales para paliar las consecuencias de la crisis económica parece venir en aumento. Con la necesidad económica durante la cuarentena social por el Covid-19, aunado a que la mayoría de las escuelas no pueden impartir clases de forma remota por la falta de tecnología, el panorama puede agravarse.

Este 12 de junio, en el marco del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), publicaron un estudio en el que revelan que el incremento del trabajo infantil sería entre 1% y 3%, luego de la cuarentena por el Covid-19. En cifras, “entre 109.000 y 326.000 niños, niñas y adolescentes podrían ingresar al mercado de trabajo”, se explica en el documento. Esto se traduce en 152 millones de niños, y 73 millones de ellos están en situación de trabajo infantil peligroso.

Edades. Casi la mitad de esos 152 millones de niños tienen entre 5 y 11 años; 42 millones (28%) tienen entre 12 y 14 años; y 37 millones (24%), entre 15 y 17 años, según cifras de la ONU.

«En tiempos de crisis, el trabajo infantil se convierte en un mecanismo de supervivencia para muchas familias», explicó la directora ejecutiva de Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Henrietta Fore, quien subrayó que «a medida que la pobreza aumenta, las escuelas cierran y los servicios sociales disminuyen, más niños se ven empujados a trabajar».

Niña trabajando en la calle. Foto referencial

En Venezuela, las últimas cifras oficiales datan de 2007. Según el estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE), había 81.000 niñas, niños y adolescentes entre los 10 y 15 años de edad incorporados al trabajo. Sin embargo, de acuerdo con Carlos Trapani, coordinador general de la ONG Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), si bien la opacidad en las cifras de años más recientes no permite hacer un análisis más profundo de la situación de los menores de edad, esto revela también un incremento en la cantidad de casos.

“Lo que sí es evidente es que hay un contexto de emergencia; que hay un contexto de mucha privación; que hay una merma importante en el salario de las personas y sin lugar a dudas, este hecho social impacta en la dinámica de los niños. No es de extrañarse que haya un incremento en los niños que deciden trabajar. ¿Cuál es el principal problema, a mi juicio? El trabajo informal de los niños”, dijo Trapani para El Diario.

El también abogado explicó que en el mundo hay dos posturas polarizantes en relación con el trabajo infantil. La primera, explica, es la abolicionista, que prohíbe cualquier forma de trabajo de los niños; mientras que la segunda es la de reconocer como un impacto determinante en el presupuesto familiar en el que los niños eventualmente pudiesen contribuir. Entre esas dos posiciones, dice Trapani, está la legislatura venezolana.

El marco normativo contra la explotación laboral de los menores de edad, así como el correspondiente para garantizar el derecho a la educación está dado por la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA). El artículo 94, por ejemplo, establece:

Todos los niños, niñas y adolescentes trabajadores y trabajadoras tienen derecho a estar protegidos o protegidas por el Estado, las familias y la sociedad, en especial contra la explotación económica y el desempeño de cualquier trabajo que pueda entorpecer su educación, sea peligroso o nocivo para su salud o para su desarrollo integral”.

Además, el artículo 96 establece que en Venezuela solo está permitido el trabajo formal para aquellos adolescentes mayores de 14 años de edad. Dentro de las garantías que tienen estos trabajadores, explica Trapani, están el derecho a la seguridad social; la evaluación médica; la armonización entre el trabajo y la educación; horarios específicos para las jornadas de trabajo; el derecho a huelga; el derecho a la sindicalización; la identificación del carnet del trabajador; entre otras.

Carlos Trapani. Foto: Contrapunto al Día

Por lo tanto, el coordinador general de Cecodap apunta que el trabajo infantil en Venezuela es más bien un problema de políticas públicas para resguardar a los menores de edad en condición de trabajo informal, y no un problema normativo. Para Trapani eso implica, entre otros aspectos, reconocer que hay un problema de pobreza y de pobreza extrema que afecta principalmente a los niños, presentar datos actualizados; tener un buen sistema de registros de denuncias; establecer protocolos uniformes frente a situaciones de explotación laboral de niños; crear programas y servicios de rehabilitación y acompañamiento y programas de asistencia especiales para familias que se encuentran en pobreza o pobreza extrema; y fortalecer las escuelas como espacios de protección.

Todo esto según la necesidad de cada estado del país, advierte el abogado. “En la medida que haya zonas más deprimidas, en esa medida se incrementan los factores de riesgo para que el niño opte a trabajar incluso en formas adversas a su desarrollo, para poder sobrevivir”, dijo.

¿Trabajo o explotación?

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo infantil en condiciones denigrantes califica como trabajo nocivo para el desarrollo físico y mental de los niños.

“Todo aquel trabajo que sea peligroso, que sea nocivo, que lo exponga a contextos de riesgo o de peligro, que interfiere con su proceso de aprendizaje, evidentemente compromete su desarrollo. Que el niño asuma responsabilidades, tareas, cargas que no sean acordes a su edad, es otra de las implicaciones. Aunado al riesgo a su integridad personal y sobre todo en términos emocionales, los estamos forzando a asumir unas responsabilidades que no corresponden con su edad”, explica Trapani.

En el año 1999, la OIT adoptó el documento conocido como Convenio 182, denominado oficialmente “Convenio sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata Para su eliminación” y, de manera más abreviada, “Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil”.

El documento, suscrito por 186 de los 187 países que integran la OIT, establece que las cinco peores formas de trabajo infantil son la esclavitud (se les retiene contra su voluntad desde el momento de su captura, compra o nacimiento), la trata infantil (compra, venta y traslado de niños para su explotación laboral), la servidumbre (cuando se ofrece mano de obra a modo de pago de un préstamo que no se consigue restituir en efectivo o en especie), la condición de siervo (cuando se obliga al niño a vivir y trabajar en tierras que pertenecen a otra persona, contra remuneración mínima o nula) y el trabajo forzoso (cuando se obliga a realizar algo en contra de su voluntad).

Trabajar sin educación

La educación en Venezuela es una de las áreas más golpeadas por la crisis. En ese sector, sin embargo, conseguir cifras oficiales resulta imposible. Al no tener data de la desescolarización (niños que han abandonado la escuela), explica Trapani, no se puede analizar si muchos de los niños o adolescentes que trabajan, ya sea de manera formal o informal, también estudian.

Lo que sí hemos percibido sobre todo en aportes en escuelas, donde nosotros damos algún tipo de asistencia y acompañamientos, es la preocupación de los niños en relación a los ingresos, en relación al presupuesto familiar. Es una preocupación que está ahí y genera un punto de inflexión en la protección de los chamos”, dijo el coordinador general de Cecodap.

En un estudio realizado por la ONU y el gobierno venezolano en 2009, titulado No más trabajo infantil: una meta posible de alcanzar, la organización internacional concluyó que un fenómeno que debía llevar a la reflexión era el “elevado y creciente número de niños, niñas y adolescentes que ni estudia ni trabaja”, puesto que eran más los niños y niñas que ni estudiaban ni trabajaban (100.349), que los que están incorporados en la fuerza laboral (81.000). No obstante, la ONU aseguró para ese entonces que Venezuela era uno de los países con menos niños, niñas y adolescentes trabajando en todo el territorio nacional.

La crisis económica y las malas políticas del régimen de Nicolás Maduro, sin embargo, ha creado más problemas que, a su vez, ha obligado a niños, niñas y adolescentes a trabajar. El fenómeno más importante es el de la migración.

«Hemos visto que la migración en Venezuela es forzada. Las familias migran porque en Venezuela no logran cubrir lo básico. Frente a esa insatisfacción de necesidades básicas, surge la migración como una opción de supervivencia. Nosotros cuando hemos estado en puntos fronterizos, lo que nos preocupa son las peores formas de trabajo infantil que rayan con forma de esclavitud moderna. Mendicidad, que sean colectores, que se sometan a trabajos que implican un esfuerzo físico, los imponen a riesgos. Son condiciones que se someten no solo al niño y al adolescente, sino también al adulto”, explica Trapani.

Foto: Cecodap

Una investigación de la Fundación Thomson Reuters en 2018 en Colombia, encontró 5.000 nuevos casos de trabajo infantil solo en el primer trimestre de ese año. De ellos, 350 niños eran venezolanos y se encontraban, en su mayoría, en aquellas provincias fronterizas entre Colombia y Venezuela.

El coordinador general de Cecodap explica entonces que no se debe criminalizar a todos los padres o representantes. Es este punto, hace una distinción: hay familias que tiene otra opción que trabajar todos sus integrantes para cubrir con sus necesidades básicas y otras en las que utilizan a los niños desde el punto de vista de la explotación. Es en esta última, dice, donde se deben imponer sanciones o procedimientos legales.

Por ello, Trapani recomienda a la sociedad civil “no normalizar los contextos de explotación laboral de los niños” y hacer las denuncias en los casos que lo amerite, abrir el debate en la población y asumir una postura más crítica sobre las condiciones que afectan a los menores de edad. “Frente a esa situación, la sociedad no puede ser. Creo que es fundamental en estos tiempos”, concluyó.

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