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- En entrevista con El Diario la exembajadora y defensora de Derechos Humanos Maria Alejandra Aristeguieta comenta que el texto incluye temas que no debieron ser abordados | Foto principal: AP
Venezuela continua siendo un foco en materia de violaciones de Derechos Humanos tal y como lo demuestra el último informe publicado este 2 de julio por parte de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).
En el texto están recogidas las conclusiones del organismo respecto a las actuaciones en materia de DD HH llevadas a cabo por el régimen de Nicolás Maduro en el lapso comprendido entre junio del año 2019 y mayo de 2020.
Maria Alejandra Aristeguieta, ex embajadora en Suiza y defensora de DD HH, comenta en exclusiva para El Diario que, pese a que el informe resalta aspectos como las ejecuciones extrajudiciales también aborda aspectos que no debieron ser incluidos. Tales como el tópico concerniente a las sanciones impuestas por Estados Unidos y su impacto en la economía nacional.
Explica que el acuerdo de cooperación entre el régimen de Maduro y la oficina de la Acnudh surge a partir de una resolución aprobada en septiembre del año 2019. En la misma, y gracias al apoyo de un grupo de países afines a Maduro, se decidió crear un marco de cooperación que hiciera posible el abrir en Venezuela una sede del organismo encabezado por la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet.
Aristeguieta califica la decisión de incluir dicha información como un despropósito, pues representa una extrapolación por parte del organismo. Argumenta que el hecho de afirmar que las sanciones son la causa de la exacerbación de la crisis que afronta el país es un error de “proporciones colosales”.
Considera que el motivo por el cual la Acnudh pudo haber decidio incluir las sanciones en el informe es intentar “amansar” al régimen para no perder los espacios ganados.
Sostiene que es inaceptable afirmar que las sanciones han contribuido a agravar la situación de Venezuela sin que previamente se produzca una investigación de expertos en el tema económico.
“Considero que la presentación del informe de la forma en la que fue realizada representa una falta de rigurosidad ética. Si se analiza realmente la situación se puede evidenciar que la crisis económica en el país es muy anterior a las sanciones que fueron impuestas en el año 2019”, indica Aristeguieta.
La embajadora de Venezuela en Andorra, Carmen Alguindigue, comparte la visión en relación con las sanciones. Indica, en entrevista para El Diario, que las medidas impuestas por Estados Unidos han servido a manera de torniquete para frenar la gigantesca hemorragia que supone para las arcas del Estado venezolano los actos de corrupción cometidos por el régimen.
La defensora de DD HH señala que el informe puede ser visto como una radiografía de la situación del país, no obstante dice que se presenta la realidad venezolana de una forma mucho menos dramática de lo que ocurre en realidad. Señala que esto representa una dramática diferencia con respecto a los informes presentados en 2017, 2018 y 2019. A su juicio esto puede ser visto como una “naturalización” de la problemática que atraviesa Venezuela, lo cual cree que es altamente riesgoso.
La exembajadora indica que un ejemplo de la naturalización de la situación en Venezuela es la forma en la que se aborda el tema del carnet de la patria y su supuesto uso como mecanismo de política social.
“Me parece un exabrupto que se exprese de esa manera, cuando se sabe y se les ha manifestado reiteradamente a la oficina de la alta comisionada que dicho carnet es un instrumento de control social”, señala.
Alguindigue destaca que el informe publicado por la Acnudh “desnuda” el oscurantismo con el cual opera el sistema de justicia venezolano. Detalla que el hecho de que un organismo internacional deba ejercer presión para que se publiquen cifras oficiales demuestra la poca disposición del régimen a ser transparentes.
Otro aspecto que la embajadora en Andorra considera relevante es el hecho de que la oficina de la Acnudh pudo constatar la impunidad que se sufre en el país. Resalta según el propio informe tan solo 10 de cada 100 casos de asesinatos cometidos por cuerpos de seguridad del Estado son investigados por la justicia venezolana.
“Cuando se analizan los datos suministrados, se evidencia que el porcentaje de los casos de asesinatos relacionados con cuerpos de seguridad del Estado efectivamente investigados es de menos del 10%, siendo la cifra de los que han llegado a decidirse de solo 1%, lo que traduce un 99% de impunidad”, dice.
Añade que dictar cursos de DD HH a funcionarios de los órganos de seguridad del Estado no tiene ningún impacto si al momento de ejercer sus funciones acatan la política represiva que emana desde el régimen.
Múltiples aristas
En el informe se documentan ataques perpetrados por colectivos en contra tanto de políticos opositores, manifestantes y periodistas. Resaltan que en dichos sucesos los funcionarios de seguridad optaron por no cumplir con su deber de impedir actos violentos, al permanecer indiferentes.nnDestaca el caso ocurrido el 11 de febrero cuando partidarios armados del régimen de Maduro arremetieron contra 12 periodistas. Los comunicadores se encontraban en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar realizando la cobertura del arribo del presidente interino Juan Guaidó, cuando fueron atacados.nn“También se recibieron denuncias de bloqueo del acceso a las redes sociales en torno a las fechas más señaladas de las manifestaciones”, se lee en el texto.nnOtro tema que fue mencionado en el informe fue el aumento de las protestas ciudadanas exigiendo entre otras cosas acceso a servicios públicos como agua, denunciando escasez de combustible y los altos precios de los alimentos.nnDetalla que entre julio de 2019 hasta mayo de 2020, se registraron 10.026 protestas en todo el país.nnEl documento también hace mención a las persecuciones a las cuales han sido sometidos los diputados a la Asamblea Nacional a través de detenciones y el retiro de la inmunidad parlamentaria a 28 legisladores por órdenes del Tribunal Supremo de Justicia afín a Maduro.nn“A junio de 2020, el Tribunal Supremo de Justicia había retirado la inmunidad parlamentaria a 28 asambleístas de la oposición; cuatro estaban detenidos y uno se encontraba bajo arresto domiciliario; mientras que 36 asambleístas habían abandonado la República Bolivariana de Venezuela o se habían escondido, muchos de ellos acusados de traición, conspiración, incitación a la insurrección”, dice el informe.n
Utilidad del informe
Al ser consultada sobre la utilidad del informe de la Acnudh, Aristeguieta explica que este puede ser empleado para llevar el caso venezolano a la Corte Penal Internacional (CPI). El motivo de ello es que en cada uno de los documentos presentados por organismos internacionales documentan de forma pormenorizada los casos de violaciones de DD HH.
Recuerda que esto ya ha ocurrido en el pasado con el informe publicado en 2017, el cual se utilizó para ilustrar y complementar la denuncia realizada por las violaciones de los derechos fundamentales perpetrados durante las protestas ocurridas ese mismo año.
Comenta que estos también sirven para validar las denuncias realizadas por Organizaciones No Gubernamentales (ONG) venezolanas sobre la crisis que vive el país. Señala que el hecho de que una figura independiente como la Organización de la Naciones Unidas refrende las denuncias permite buscar apoyo en otros gobiernos para aplicar una presión en contra del régimen de Maduro.
Agrega que si bien Bachelet en su condición de Acnudh no está habilitada para llevar el caso venezolano a la La Haya, sede de la CPI, si puede intercambiar información de forma oficiosa con otros organismos internacionales del Sistema de Naciones Unidas.
Considera que si la exmandataria chilena continúa asumiendo una posición “equilibrada” ante el caso venezolano, el único beneficiado será el régimen de Nicolás Maduro y quiénes quedarán en una peor posición serán las víctimas cuyos DD HH fueron vulnerados de forma flagrante y reiterada.
Alguindigue añade que el informe pone en evidencia cómo el tema venezolano y la resolución de la crisis que se vive en el país continúa siendo una prioridad para la comunidad internacional.
Aristeguieta hace un llamado a la alta comisionada para que tenga presente los rostros de las casi 200 personas que le plantearon sus casos durante su visita a Venezuela. Cree que es importante que no los olvide, pues la defensa de sus Derechos Humanos es el mandato que ella debe atender y defender los intereses de los más vulnerables debe ser su prioridad.
“Ella entró a la reunión como presidenta Bachelet y salió de allí como alta comisionada Bachelet. Ese fue el momento de giro de su proceso de aprendizaje como alta comisionada”, recuerda.
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