• En entrevista con El Diario la exembajadora y defensora de Derechos Humanos, María Alejandra Aristeguieta, lamenta que el documento no se refiriera a las recomendaciones que no han sido cumplidas por el régimen de Nicolás Maduro

Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) volvió a documentar, a través de un nuevo informe, la crisis en materia de derechos fundamentales que se vive en Venezuela.

Resolución 42/25. Contó con el apoyo de Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Brasil, Bulgaria, Chile, Croacia, República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, España, Hungría, Islandia, Italia, Japón, Perú, Ucrania y Reino Unido.

El texto, dado a conocer el 14 de julio, gira en torno a tres áreas fundamentales: la falta de independencia en el sistema de justicia venezolano, la situación de los Derechos Humanos en el denominado Arco Minero del Orinoco (AMO) y el impacto de la actividad minera en las comunidades indígenas al sur del país.

Maria Alejandra Aristeguieta, exembajadora en Suiza y defensora de DD HH, comenta en exclusiva para El Diario que este documento presenta importantes diferencias con respecto al divulgado a inicios de julio por la Acnudh. Porque evidencia un mayor nivel técnico en su elaboración.

informe Acnudh 14-07-2020 by El Diario on Scribd

Explica que esto es debido a que el anterior texto responde a la resolución 42/4 impulsada por el régimen de Nicolás Maduro con el apoyo de algunos países aliados a su causa; mientras que la más reciente resolución 42/25 fue producto de la presión ejercida por un bloque de países europeos, además de las naciones que integran el Grupo de Lima. 

“Son dos resoluciones cuyos orígenes y mandatos son distintos. Los solicitantes son distintos, por lo tanto el equipo tiene que escribir un poco atendiendo a esos intereses. A pesar de esto, el trabajo de la oficina de la Acnudh es documentar con acuciosidad y rigor técnico porque están ahí para promover y defender los derechos humanos”, afirma.

Resolución 42/4. Contó con el apoyo de Angola, Burkina Faso, Camerún, China, Cuba, Egipto, Eritrea, Fiji, Irak, México, Nepal, Pakistán, Filipinas, Ruanda, Sudáfrica, Túnez y Uruguay.

Señala como un hecho positivo que el informe se haya apegado, de forma estricta, a lo que era el mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

Considera que en este texto fueron incorporadas algunas de las recomendaciones que organizaciones como el Foro Penal venezolano habían realizado a raíz del documento publicado a principios de julio.

Arco Minero

Foto cortesía

Aristeguieta se muestra complacida con la inclusión del tema del Arco Minero en el informe presentado por Bachelet. Argumenta que esto fue posible gracias a un sostenido y arduo trabajo diplomático. 

“Esa fue una acción de diplomacia que se logró hablando con los distintos Estados miembros del Consejo. El razonamiento detrás de esto es que el Arco Minero engloba una serie de irregularidades que no se pueden apreciar desde la distancia, a menos que se coloque el foco sobre ello”, señala.

La exembajadora dice que esta es la primera oportunidad en la que una figura internacional, como la Acnudh, se refiere a la grave situación en materia de DD HH que se está produciendo desde hace años en el AMO. Apunta que anteriormente todas las denuncias realizadas en referencia a lo que ocurría en la zona sur del país eran realizadas por Organizaciones No Gubernamentales defensoras de DD HH y por el gobierno interino a través de sus representantes.

Ubicación. El Arco Minero está conformado por los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro.

Sin embargo, la defensora de DD HH lamenta que en el informe no se especifique quiénes son las personas responsables de que se vulneren los derechos, tanto de los mineros como de los pueblos indígenas que habitan en esa región del país. 

“Me hubiese gustado ver, cuando hicieron referencia a los grupos armados, que estos fuesen señalados por sus nombres. Pero decidieron no hacerlo, tal y como ocurrió también con respecto a los grupos criminales que se mencionan en el informe”, agrega.

Pese a esto califica como otro hecho positivo que se haya señalado que el comportamiento de dichos grupos al margen de la ley es similar al visto en los denominados “pranatos”.

Presos políticos

Afirma que no todo lo presentado en el informe es positivo, pues cree que este tiene una serie de “pequeños detalles” que con el tiempo pueden llegar a tener graves implicaciones. Un ejemplo de ello es el uso de las palabras “personas detenidas”, para referirse a aquellos ciudadanos que se encuentran privados de libertad por razones políticas. 

Nosotros podemos sobreentender que esos son los presos políticos, pero en la terminología de DD HH el calificativo correcto es ‘personas detenidas arbitrariamente’ o ‘presos políticos’ y al quitarles ese apelativo se podría caer en la narrativa del régimen en la que afirman que en Venezuela no existen presos políticos, sino políticos presos” Maria Alejandra Aristeguieta

Estima necesario que desde la oficina de la Acnudh se informe públicamente el motivo por el cual se optó por no utilizar el término preso político en el informe.

La defensora de DD HH cree que el lenguaje utilizado en el informe viene dado por la política de no confrontación bajo la cual se rige Bachelet. Considera que esta modalidad de presentar sus informes forma parte de una búsqueda de colaboración por parte de la Acnudh con respecto al trabajo que vienen desarrollando en el país.

Aristeguieta no comparte la visión presente en el informe acerca de los supuestos “esfuerzos” llevados a cabo por el Ministerio Público (MP) afín al régimen que se garantice la rendición de cuentas de aquellos funcionarios que han violado DD HH. Considera que, tal y como lo han indicado los representantes de los diversos países que conforman el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, no basta con hacer esfuerzos. Argumenta que lo importante es hacer cumplir la ley, no el “hacer esfuerzos por cumplirla”.

“Impartir justicia no se puede valorar a partir de esfuerzos. La cuestión es que se cumplan las recomendaciones presentes en los informes que ha publicado la Acnudh, además de los tratados en materia de DD HH que han sido firmados y ratificados Venezuela”, afirma de forma tajante.

Torturas

De acuerdo con el informe, Acnudh pudo documentar 16 casos de tortura o malos tratos ocurridos entre junio del año 2019 y mayo de 2020. No obstante, aclaran que dicha cifra podría ser significativamente mayor debido a los patrones de desapariciones forzadas utilizados por las fuerzas de seguridad del Estado.

Detallan que entre los mecanismos de tortura utilizados por los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) destacan la asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, la inmersión de la cabeza del detenido bajo el agua, las descargas eléctricas en los párpados y la violencia sexual en forma de descargas eléctricas en los genitales.

“Las personas detenidas también estuvieron expuestas a bajas temperaturas y/o luz eléctrica constante, esposadas y/o con los ojos vendados durante largos períodos y sometidas a amenazas de muerte contra ellas y sus familiares”, señala el informe.
El texto añade que a raíz de las torturas sufridas, los detenidos desarrollaron problemas psicológicos tales como depresión insomnio, ansiedad, estrés postraumático, e ideas de suicidio.

Independencia del sistema de justicia

Foto cortesía

Otro de los temas centrales del informe presentado por la Acnudh es el concerniente a la falta de independencia del poder judicial en Venezuela. Destacan que esta no es una preocupación reciente, pues en los anteriores informes también se ha hecho mención a esta problemática.

“El Acnudh identificó varios factores que socavan considerablemente la independencia del poder judicial. En particular la inseguridad en la titularidad de los jueces, la inexistencia de un proceso transparente para su designación, la presión política que se ejerce sobre ellos (por ejemplo, en forma de amenazas de despido), la precariedad de sus condiciones de trabajo y las restricciones a su libertad sindical”, se lee en el informe.

En el texto se indica que dichos factores merman la capacidad del Poder Judicial para controlar el ejercicio del poder de otras instituciones, así como para velar por el respeto de los DD HH.

En el informe se evidencia también la preocupación de la Acnudh ante lo que denominan como un uso continuado de la jurisdicción militar para enjuiciar a civiles, situación que contraría el ordenamiento legal venezolano.

Utilizan como ejemplo de esta problemática el caso del dirigente sindical Rubén González, quien fue condenado por un tribunal militar en 2019 a cinco años y nueve meses de cárcel por supuestamente “injuriar a las Fuerzas Armadas”. Indican que el uso de la justicia militar impide la independencia judicial, pues en la jurisdicción penal militar venezolana los fiscales, jueces y abogados son considerados militares en servicio activo, por lo que actúan bajo el principio de obediencia jerárquica.

Recomendaciones

Aristeguieta señala que es fundamental que desde la oficina de la Acnudh se dé un seguimiento a las recomendaciones realizadas, tanto en el presente informe como en los anteriores. Explica que de no hacerlo, tal y como ha venido sucediendo hasta el momento, el régimen de Nicolás Maduro continuará haciendo caso omiso a dichas sugerencias.

¿Qué pasa con toda esta serie de recomendaciones? ¿A dónde van a parar todas esas recomendaciones? ¿Por qué no se le hace seguimiento? ¿Cuál es la instancia que debería hacerle el seguimiento, no debe ser el Consejo?” Maria Alejandra Aristeguieta

Considera que en este informe se pudo haber recordado la larga lista de recomendaciones a las cuales el régimen ha optado por hacer oídos sordos. Es por ello que lamenta que se perdiese dicha oportunidad al no incluirlas en el texto.

Comenta que existe un riesgo muy grande de que debido a la normalización de la crisis que se vive en el país, el tema venezolano deje de estar entre las prioridades de la comunidad internacional. Cree que llegado el caso Venezuela podría ser visto como una nueva Corea del Norte, un Estado fallido al cual solo se le recuerda cuando anualmente se le condena por los crímenes que cometa la dictadura de ese país.

“Hay que evitar que nos quedemos en ese limbo. Hay otros temas en agenda; por ejemplo, hoy el tema a nivel mundial es el coronavirus, no es Venezuela. Hace año y medio el tema en todas partes era Venezuela”, argumenta.

Aristeguieta sostiene que en el ámbito internacional se han logrado grandes avances, por lo que se debe presionar para que no se produzcan informes de poca calidad, tal y como algunos sectores consideraron el presentado a principios de julio. Sostiene que el riesgo que se corre con ese tipo de documentos en entrar en el limbo en el que se encuentran las dictaduras de larga data que aún permanecen en el poder.

Otro factor que puede conspirar en contra del país es la posibilidad de que “de tanto correr la arruga” se produzcan cambios en los gobiernos que apoyan el restablecimiento de la democracia.

“No olvidemos que Maduro y su gente ha estado apostando al desgaste y al cansancio desde el día uno”, concluye.

El tiempo parece ser el enemigo de la causa venezolana. Por ello la defensora de DD HH es enfática en afirmar que se debe continuar trabajando para evitar que el foco de la comunidad internacional deje de alumbrar sobre Venezuela.

Este artículo de El Diario fue editado por: José Gregorio Silva |Génesis Herrera |Yazmely Labrador.

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