• El informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) confirmó lo que ya era un secreto a voces: en el Arco Minero del Orinoco (AMO), los menores de edad son los más vulnerables ante la violencia que impera en el territorio. Américo De Grazia, diputado de la Asamblea Nacional, explicó la situación para El Diario | Foto principal: AFP

Explotación laboral, violaciones, y maltratos. Los 111.844 kilómetros que componen la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional «Arco Minero del Orinoco» (AMO), entre los estados de Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, se han convertido en la cuna de la violación de derechos humanos en Venezuela. Pero en estos sectores, donde los grupos terroristas imponen su ley para explotar minerales bajo la inacción cómplice del régimen de Nicolás Maduro, hay unas víctimas cada vez menos ocultas: los niños, niñas y adolescentes son usados para la minería, la prostitución y la guerra.

El último informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) fue contundente en señalar el modus operandi en esta zona. De acuerdo con la información que maneja el Acnudh, la actividad minera tanto dentro como fuera del AMO, está controlada por grupos delictivos organizados, los cuales reproducen el modelo del “pranato” que existe en algunas cárceles del país. El incremento de la presencia de estos grupos criminales, según el informe, ha coincidido con el fin a las concesiones a las empresas mineras extranjeras en el año 2011, además del aumento de los precios internacionales del oro en el año 2015.

AFP / Cristian Hernández

“Son estos los que deciden quién entra o sale de las zonas mineras, imponen reglas, aplican castigos físicos crueles a quienes infringen dichas reglas y sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluso recurriendo a prácticas de extorsión a cambio de protección.”, se lee en el informe. En otro apartado, también mencionan los asesinatos como forma de castigo.

AMO. La Zona de Desarrollo Estratégico Nacional «Arco Minero del Orinoco» (AMO), fue creada por decreto en febrero de 2016. Su extensión equivale al 12% del territorio venezolano y llega hasta el bioma amazónico.

En el documento de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet explican que la mayoría de las minas son controladas por grupos criminales organizados, llamados “sindicatos”. Sin embargo, el diputado de la Asamblea Nacional (AN) por el estado Bolívar, Américo De Grazia, aseguró para El Diario que los grupos terroristas se ramifican en varias asociaciones criminales. Según el parlamentario en el exilio, la zona es dominada por agentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), del Ejército para la Liberación Nacional (ELN), del Hezbolá y del Hamás.

En este contexto de dominación de estos grupos armados, los niños, niñas y adolescentes son los más vulnerables, especialmente los de las comunidades indígenas. Las mujeres también son las víctimas más frecuentes.

“La condición de los niños en estas zonas es de absoluta vulnerabilidad, de abuso sexual, de abuso laboral, de abuso crematístico, porque trabajan y lo que le dan es apenas para la comida. También hay desnutrición y descolarización. Y un niño al que le cierran la escuela y le niegas la comida, no le queda otra que servir a toda esta organización criminal”, explicó De Grazia.

El informe de la Acnudh detalla que la migración interna hacia la región minera “ha crecido dramáticamente” como consecuencia de la crisis económica. Como resultado, comunidades enteras de todo el país abandonan puestos de trabajos de sectores como la educación o la salud, en busca de mejores salarios y medios de subsistencia. “La inmensa mayoría no tiene experiencia laboral previa en la minería”, se lee en el documento.

De acuerdo con el diputado, por las informaciones que manejan las autoridades y representantes del estado Bolívar, una de las zonas del país en las que se acentúa la deserción escolar es justamente en el sur del Orinoco. “No hay solamente desplazamiento de comunidades enteras, sino abandono de escuelas enteras, que termina en manos de la actividad minera y en manos de criminales”, agregó De Grazia.

Explotación en la minería

Una vez en las zonas mineras, explica el parlamentario, a los niños se les utiliza para diversos fines. Entre ellos, el entrenamiento como sicarios, como traficantes de oro, de diamantes, de otros minerales y de drogas. A varios menores de edad se les ha visto en las zonas portando armas.

“A los niños indígenas los reclutan, a propósito de ingresarlos a sus filas. Hay niños indígenas con armas de fuego incluso más grande que ellos mismos, y que son entrenados en las distintas zonas, desde Amazonas hasta el Delta del Orinoco”, dijo De Grazia. Agregó que una de las comunidades indígenas más afectadas son los waraos, en la Sierra Imataca, zona tejida como reserva forestal, y en donde habita el Águila Arpía, animal en peligro de extinción.

Incumplimiento. En el decreto de creación del AMO, se estableció que la explotación de los recursos minerales se haría mediante la participación de los mineros, las pequeñas empresas mineras y las empresas públicas, privadas y mixtas de mayor tamaño, con arreglo a los principios de defensa de la soberanía nacional, respeto de los pueblos indígenas, transparencia y sustentabilidad.

Asimismo, a los menores de edad los utilizan como buzos, sin oxígeno, para explotar el coltán a cielo abierto. Esta, según el informe de la Alta Comisionada, es una de las prácticas de minería más utilizadas en el AMO y consiste en la excavación de grandes cráteres en la superficie terrestre.

“Los mineros han explicado que descienden sin ninguna protección, a veces incluso descalzos, para recoger rocas y subirlas en sacos. El trabajo se organiza en cuadrillas de cuatro o cinco mineros, que realizan turnos diurnos y nocturnos de aproximadamente 12 horas. Antiguos mineros contaron que los accidentes eran habituales y que, por ejemplo, habían presenciado deslizamientos de tierra que habían sepultado vivos a mineros”, recoge el documento de la Acnudh.

Fuentes de la Oficina señalaron que niños y niñas de tan solo nueve o diez años trabajaban en las minas. En estos trabajos que se hacen en gran medida sin contratos formales, dice el informe, el patrón de explotación laboral es que los mineros se ven obligados a entregar entre el 10% y el 20% del mineral extraído a los grupos criminales o elementos armados, y alrededor del 15% al 30% al propietario del molino donde se trituran las rocas para la extracción de oro.

Por lo tanto, la violencia en todas sus formas es el común denominador en el AMO. Las personas entrevistadas por el Acnudh indicaron que quienes no acatan las reglas impuestas por estas bandas y grupos son objeto de castigos corporales. Entre los castigos también se incluyen asesinatos.

En las minas, los asesinatos de los niños y adolescentes se producen, en su mayoría, porque son utilizados como carne de cañón, según el diputado De Grazia. Explica que los menores de edad mueren tapiados, porque los usan como “bulleros”, un término que hace referencia a que cuando hay una “bulla” de que en algún cerro hay oro, los mandan a verificar si esto es cierto. Si se produce algún desplazamiento de tierra, muy comunes en estos territorios, mueren de esa forma. Asimismo, en los enfrentamientos entre bandas, los primeros mutilados son los niños, según el parlamentario.

Sin embargo, por la dificultad de acceder a estas zonas y de la opacidad con la que se maneja la información del Arco Minero, es difícil comprobar estos hechos que menciona el diputado, o tener algún dato que refleje la cantidad de menores de edad que fallecieron haciendo estas prácticas. En los casos que recoge el informe de la Acnudh, todos son ciudadanos mayores de edad.

El mencionado documento cita estadísticas del régimen de Maduro según las cuales en el año 2019 en el estado de Bolívar se registraron 36 homicidios por cada 100.000 habitantes; en cambio, contrastan, la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) la cifra fue de 84 homicidios por cada 100.000 habitantes. Por su parte, en los municipios mineros de El Callao, Roscio y Sifontes, el régimen registró tasas de 94, 109 y 64 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Estos elevados niveles de violencia, afirma la Acnudh, se producen “a pesar de la importante presencia militar en el AMO y los municipios vecinos”. Afirman que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha establecido más de 25 puntos de control a lo largo de la carretera que atraviesa el estado Bolívar de norte a sur, conectando los diferentes pueblos mineros. No obstante, autoridades militares explicaron a la Oficina que su trabajo se dificulta por la presencia de las bandas criminales.

Un informe publicado a principios de 2020 por Human Rights Watch (HRW) recogió testimonios de menores de edad que estuvieron en el Arco Minero. Entre ellos,  un niño de 16 años de edad, con fractura de columna provocada por el golpe de un tronco mientras usaba una manguera de alta presión sin ningún tipo de protección. Otro de 17 años de edad, contó haber visto a miembros del sindicato amputar dedo por dedo de las manos de un minero acusado de haber robado oro, antes de amputarle lo que quedaba de ambas manos. Dijo que lo hicieron frente a otros mineros para que «todos pudieran ver».

Violación, trata y prostitución

La explotación en la minería produce, a su vez, otro tipo de violencia: la sexual. En estas zonas, documentó la Oficina de la Alta Comisionada, las mujeres, además de trabajar en las minas y como cocineras, son víctimas de violaciones, prostitución y trata. Entre ellas, dicen, también hay niñas adolescentes.

De acuerdo con el documento, la prostitución se organiza ya sea en pueblos cercanos o dentro de las zonas mineras en las llamadas “currutelas”, que son barracones construidos con tablones de madera “cuyos propietarios abonan una tarifa a los grupos criminales para poder organizar su actividad.”.

La organización de Mujeres Amazónicas Wanaaleru, en el informe Mujeres al Límite 2019, detalló que la violencia hacia las mujeres por motivos asociados a la actividad minera se centra en la construcción de poblados donde se instalan bares, casas de prostitución y ventas de comida controladas y administradas por los mismos trabajadores de la minería, quienes terminan haciendo negocios con fines de explotación sexual que derivan a su vez en altos índices de feminicidios y violencia territorial.

El informe Mujeres al Límite 2019 señala que la mayoría de las mujeres compradas son niñas y adolescentes quienes son violadas, maltratadas y obligadas a involucrarse en actividades criminales por militares, mineros o grupos armados. Las niñas y adolescentes que se encuentran obligadas en la vitrina de escogencia para intercambios sexuales o compra de esclavas son cambiadas por gramos de oro (entre 5 y 10, según la organización). Las más pequeñas, dicen, son las más costosas, pues mientras más edad tenga la mujer será menos solicitada y, por lo tanto, más económica.

Foto: Unicef / Claudia Berger

Todo esto ha ocasionado que enfermedades como el VIH sida, que estaban ya prácticamente erradicadas de las comunidades, hayan vuelto y comunidades enteras están infectadas, según el diputado De Grazia.

“Desafortunadamente, hay comunidades enteras –no voy a decir cuáles son, primero porque no estoy autorizado, y segundo, porque los exponemos- contaminadas con VIH, especialmente pemones, waraos y otra etnia. Esto es producto de la promiscuidad, de las violaciones, de toda esa corrupción lamentable y degeneración que ha terminado siendo el Arco Minero”, dijo el parlamentario.

Una vez embarazadas, los riesgos se incrementan por la misma actividad minera. De acuerdo con la organización de Mujeres Amazónicas Wanaaleru, la utilización de elementos como mercurio, cianuro y el polvillo generan en las mujeres, niñas embarazadas y al mismo feto, daños en su sistema nervioso y trastornos cerebrales que podría producir convulsiones, ataques cardíacos, parálisis, entre otras consecuencias. En el caso de los nacidos, señala que la probabilidad de que nazcan con graves deficiencias motoras, neuronales y cerebrales es bastante alta.

Ante esta realidad en el AMO, la Acnudh recomendó al régimen de Maduro adoptar medidas urgentes para poner fin a la explotación laboral y sexual, el trabajo infantil y la trata de personas dentro de este territorio, además de asegurar la regularización de las actividades mineras en condiciones de respeto del derecho a condiciones de trabajo justas y favorables.

Sin embargo, el diputado De Grazia considera que sería una “ingenuidad” pensar que el régimen chavista cambiará la situación en el AMO, aunque califica como un avance importante el oficio de la Alta Comisionada: “Ya cuando se habla del régimen de Nicolás Maduro, no se habla del socialismo del siglo XXI sino del Arco Minero de la muerte, de la violación de derechos humanos y de cómo esclavizan y prostituyen a los niños”, concluyó. 

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