• El equipo de El Diario conversó con Rafael Uzcátegui, sociólogo y coordinador general de la ONG Provea, para analizar las consecuencias de las descalificaciones por parte del régimen de Nicolás Maduro contra los venezolanos que vuelven al país por los pasos fronterizos. Foto principal: AFP

Joel habla con resignación, con incredulidad. “Cuando uno sale pa’ la calle, es diferente, pues. Te mira la gente, y es como si uno tiene un insecticida. Los espantas”. La razón, explicó el reportero Daniel Blanco, es que Joel cruzó a pie la frontera venezolana desde Ecuador hasta su país de origen. Al llegar a Venezuela, se sometió a semanas de cuarentena y se hizo ocho pruebas de covid-19, según la publicación en Twitter del periodista. Todas dieron negativo, pero igual afronta el rechazo social.

El relato de Joel es un reflejo de lo que viven los migrantes venezolanos que están retornando a su país, producto de la estigmatización que promueve el discurso del régimen de Nicolás Maduro. Desde el incremento de casos positivos del nuevo coronavirus, el chavismo los ha calificado como “armas biológicas”, “trocheros” o “bioterroristas” enviados por el gobierno de Colombia para referirse a estos connacionales. Todas estas definiciones, asegura Rafael Uzcátegui, sociólogo y coordinador general de la ONG Provea, tienen un trasfondo político por parte de las autoridades chavistas: responsabilizar de una situación crítica a terceros.

“Lamentablemente, este es un discurso que cala. El gobierno (de Maduro) tiene a su favor el uso de la hegemonía comunicacional y este tipo de matrices de opinión se difunden de manera masiva, además en un contexto de ansiedad, de precariedad de la gente”, comentó Uzcátegui para El Diario.

71.000 venezolanos

han retornado al país desde el inicio de la pandemia hasta la publicación de este reportaje, según cifras del régimen de Nicolás Maduro

En este sentido, desde Provea han recibido varias denuncias de migrantes retornados que han sufrido algún tipo de violencia, ya sea física o verbal. Esto se produce principalmente, según el coordinador general de la ONG, en estados fronterizos como Apure, Táchira y Zulia. Explicó que los agresores son personas que consideran que los migrantes ponen en riesgo su salud de forma consciente y premeditada y, en segundo lugar, que llegan en situación de necesidad para “competir” por los pocos recursos o ayudas estatales disponibles, como cajas de alimentos o por el suministro de agua potable.

“Son ejemplos claros que ante una situación de necesidad, los venezolanos se están colocando en contra de los propios venezolanos; de personas que tuvieron que salir en situaciones muy adversas y que están afectadas incluso emocionalmente; que vuelven al país pensando que pueden vivir bien, y son recibidos así por sus propios hermanos. Estamos documentando esto como parte de las políticas violatorias de derechos humanos en Venezuela”, agregó el sociólogo.

A pesar de esto, Maduro aseguró este 19 de julio que las críticas de maltrato y estigmatización contra los migrantes “no tienen razón” y son “injustas”. Según el funcionario chavista, a estas personas, a quienes no catalogó como venezolanos en un principio, se les ha dado todas las garantías que no tenían “en sus países de origen”.

“Ni en Colombia, ni en Ecuador, ni en Chile, ni en Perú, ni en Brasil. Todas las garantías sociales desde su llegada. Atención amorosa, cristiana, humana, solidaria, le hemos dado al que no tenía nada. Primero salud, atención, morada, cama, alimento, amor. Hay que ver lo que es atender a miles sin ayuda de nadie”, aseguró.

El origen de la discriminación

Las primeras muestras de asedio contra los retornados venezolanos fueron por parte del fiscal general nombrado por la asamblea nacional constituyente (ANC), Tarek William Saab, y de la ministra del chavismo para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela. Mientras que Saab los calificó como un “karma”, Varela los llamó “fascistas”, “golpistas camuflados” y “frustrados de las guarimbas”. De ahí en más, todas las alocuciones de los dirigentes chavistas han estado plagadas de insultos e improperios hacia los migrantes.

“Los vamos a colocar en una celda, bajo cuarentena pero con un proceso del Ministerio Público (…) así como lo hacen los Estados Unidos cuando por México se quiere ingresar”, dijo el secretario del gobierno del estado Zulia, Lisandro Cabello. Por su parte, Maduro llamó “virus colombiano” al covid-19, forma que ha repetido Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez en los informes diarios de contagios en Venezuela.

Asimismo, el 10 de julio Saab impuso el término de “trocheros” para identificar a personas presuntamente relacionadas con el cobro de paso por trochas. Según el fiscal del régimen, serían acusados por tráfico ilegal de personas, instigación a la desobediencia de las leyes, propagación de epidemia, incumplimiento al régimen especial de las zonas de seguridad, favorecimiento bélico, corrupción entre particulares y asociación para delinquir.

Dos días después, la cuenta oficial de Twitter del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), publicó unos tuits en los que estimuló a la población a denunciar de forma anónima a través de un correo electrónico a los migrantes, a quienes nuevamente se refirieron como “trocheros” y “bioterroristas”. Maduro replicaría la información en cadena nacional el 14 de julio.

Este 19 de julio, Maduro reafirmó: “los trocheros –a quienes luego sí calificó de connacionales- han contaminado ciudades enteras, entre ellos Caracas, Miranda, Aragua, Carabobo. Estados y ciudades. Hemos dicho, trochero, trochera, ponte al día”. Posteriormente, Jorge Rodríguez aseguró que entre 3.000 y 4.000 personas volvieron contagiados al país, principalmente desde Colombia. Señalaron al gobierno colombiano de hacerlo intencionalmente.

Todos estos calificativos “de criminalización y de estigmatización”, apunta Uzcátegui, contradicen a las recomendaciones de organismos internacionales con respecto a la comunicación del virus, la no estigmatización de los enfermos, y de generar las condiciones para un retorno seguro de los migrantes. Mencionó las Directrices Esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención de la pandemia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (Acnudh), la cual establece:

blank Las medidas de cierre de fronteras se deben implementar de manera no discriminatoria, de acuerdo con el derecho internacional y priorizando la protección de los más vulnerables. Las políticas y su implementación, incluido el retorno forzoso y la detención de inmigrantes, deben llevarse a cabo de acuerdo con las obligaciones de derechos humanos y es posible que deban ajustarse para garantizar que sean compatibles con estrategias efectivas de salud pública y mantengan condiciones adecuadas.
(…)
Considerando las letales consecuencias que un brote de covid-19 tendría, las personas refugiadas y migrantes en lugares formales e informales, en condiciones de hacinamiento e insalubridad deberían ser liberadas sin demora. Niños y niñas migrantes y sus familias y aquellas detenidas sin bases legales suficientes deberían ser inmediatamente liberadas. En ningún momento se ha hecho referencia.

Además, tanto Saab como el comandante de la REDI, Ovidio Delgado, ha advertido que las personas capturadas en las trochas podrían ser recluidas en la cárcel El Dorado, en el estado Bolívar. “Ya hicimos los trámites correspondientes. Estamos a la espera de una aprobación del TSJ”, declaró Delgado este 19 de julio.

De acuerdo a un documento publicado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), la selección de un determinado centro de detención con características especialmente inhóspitas, para quienes son criminalizados por ingresar al país por pasos no autorizados, es contraria a los estándares internacionales en materia de detención migratoria: “no solo la detención no funciona como elemento disuasorio, sino que la disuasión no es un fin legítimo para la detención de acuerdo con el derecho internacional”, establece un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) citado por la UCAB.

Al responsabilizar a los migrantes de la enfermedad y aislarlos –siendo este un caso previsible, por ser una enfermedad viral-, lo que se busca es minimizar e invisibilizar las denuncias de los migrantes, afirma Uzcátegui. El sociólogo estima que esto, a su vez, genera las condiciones que justifiquen la represión y los malos tratos hacia estas personas.

blank
Foto: EFE

“Las consecuencias pueden ser muy difíciles, porque en una situación de aumento de los casos, de aumento de la ansiedad y del nerviosismo por parte de la ciudadanía, se pueden dar y generar condiciones de persecución, de delación, de agresiones físicas y verbales. El gobierno no solamente está incurriendo en calificaciones que pueden ser señaladas como calificaciones que estimulan el odio sino que también se está estimulando una curiosa xenofobia de los venezolanos contra los propios venezolanos”, dijo el coordinador de Provea.

Abordaje profesional

Según Rafael Uzcátegui, el tratamiento que ha hecho Nicolás Maduro a la pandemia del covid-19 tiene objetivos políticos y militares. “Si él lo entendiera cómo es, que es una emergencia sanitaria, tuviera que, en principio, convocar a todos los sectores de la sociedad, y especialmente el de las personas que tienen el conocimiento científico para diseñar el abordaje de la enfermedad”, dijo.

Por ello, considera que el acuerdo entre el chavismo y la Asamblea Nacional (AN), junto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), debe ser considerado como positivo en este sentido, pero que es solo un primer paso.

“Hay que exigir que en el espíritu de ese primer acuerdo, se continúen las conversaciones para poner el bienestar de la población en un primer plano y la diatriba política en segundo plano. Pero las elecciones están encareciendo las condiciones para esa posibilidad y las autoridades deberían tener las suficiente flexibilidad para que puedan revisar o prorrogar el cronograma”, dijo en referencia a las elecciones parlamentarias que convocó el régimen de Maduro para el 6 de diciembre.

Venganza contra el migrante

La violencia discursiva del chavismo para demeritar a sus adversarios no es algo novedoso. “Escuálidos” o  “apátridas” son insultos que normalizó el expresidente Hugo Chávez. Asimismo, el chavismo ha hecho de la homofobia una política discursiva. Todo esto, afirma Uzcátegui, tiene el propósito de hacer “inferiores” a sus adversarios, al mismo tiempo que los deshumanizan, los convierten en una cosa. Una vez que están en una posición de “inferioridad” o no son iguales, pueden ser agredidos o exterminados simbólica o realmente, apunta el sociólogo.

blank
“Cuando se convierten en una cosa, no es algo que es similar a mí, y por supuesto eso quita las inhibiciones morales para la agresión física y verbal. Esta polarización, que afortunadamente se ha debilitado en los últimos años por la crisis económica, sigue teniendo efecto en la diatriba política en nuestro país”, dijo Uzcátegui.

Con esta discusión, sin embargo, el régimen chavista intenta ocultar el verdadero tema de fondo, dice el coordinador de Provea: por qué hay una crisis migratoria, por qué los venezolanos se fueron en condiciones precarias, y por qué están regresando de igual forma. La imagen de niños, mujeres y hombres caminando, con rostros cansados y cuerpos golpeados por las horas bajo el sol, fue el primer contacto con la realidad venezolana para muchos gobiernos del mundo.

blank
Foto: AFP

De tal manera que el sociólogo considera que esta es también una forma de venganza contra los migrantes:

“En años anteriores, a pesar de todos los informes en materia de derechos humanos, nosotros no tuvimos tanta atención sobre la gravedad del problema hasta el año 2017, cuando empezaron a aparecer las imágenes de los venezolanos caminando, que se iban sin dinero, en situaciones desesperantes, y esas imágenes y esa situación fue el peor daño a la imagen internacional de Nicolás Maduro. Entonces efectivamente este maltrato, la ausencia de políticas para recibirlos, en condiciones precarias, tiene que ver con esa venganza por haber ayudado a destruir lo poco bueno que quedaba de esa imagen internacional. Hay retaliación en ese sentido”.

Estos discursos, sumados a la hegemonía comunicacional, son trampa fácil para las sociedades, dice Uzcátegui. Por ello, considera que las personas deben pedir información veraz de autoridades competentes, como científicos, además de verificar las informaciones que llegan por redes sociales. “Es precisamente eso, el desasosiego, la preocupación, lo que genera alarma, y lleve a las personas a tomar iniciativas que son señalar a sus vecinos, a agredirlos verbal o físicamente”, aseveró. 

Noticias relacionadas