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- Cuando reclusos de la cárcel tachirense protestaron el pasado 16 de julio para exigir la aceleración de sus procesos penales, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) respondió con bombas lacrimógenas y armas de fuego. El Diario conversó con Raiza Pino, del Observatorio Venezolano de Prisiones, para conocer lo ocurrido
Los disparos, la sangre empantanando el suelo. La humareda de las bombas lacrimógenas lanzadas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) enrojeciendo cuantos ojos y gargantas alcance en el Centro Penitenciario de Occidente (CPO). Nadie pudo dormir en esa cárcel la noche del 16 de julio de este año.
“Llora, mi amor, llora, llora, llora”, le dice un hombre acongojado a un bebé. Lo menea de un lado a otro, tratando de apaciguar su angustia y estimulando el sollozo. Dicen que las lágrimas ayudan a expulsar de los ojos los compuestos químicos del gas lacrimógeno. Están en un cuarto diminuto, de paredes azules con detalles blancos, y está lleno de gente. La luz blanca y débil revela heridas y sudor en los cuerpos de los que acompañan al menor de edad.
¿El llanto de esa criatura habrá calmado los tiros, las bombas lacrimógenas, los alaridos? No lleva ni siete meses en este mundo —que poco conoce, pues no ha visto lo que se oculta tras los muros del CPO, donde ha vivido toda su vida amamantado por su madre— y ya sabe cómo se sienten esos químicos irritantes, exasperantes, en su tierna piel, en su nariz, en su cara, roja como un tomate.
“Señores, hay un niño aquí, dentro de las instalaciones. Dónde está el respeto a los ciudadanos de este país”, clama un recluso indignado.
Retardo procesal
El silencio de las últimas horas en el área de procesados militares del CPO (Procemil) fue interrumpido por un motín, cuando los detenidos, ante la desesperación de no contar con respuestas de las autoridades de sus necesidades, decidieron alzarse elevando los decibeles de sus exigencias.
“Cuando Iris Varela —ministra de Asuntos Penitenciarios del régimen de Nicolás Maduro— visitó el Centro Penitenciario de Occidente, hace poco, otorgó 150 libertades a presos ordinarios. Pero entre ellos no estaban incluidos los detenidos de Procemil, pues al ser militares, están bajo las órdenes del Ministerio de la Defensa”, explica la abogada Raiza Pino, del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), para El Diario.
Pocos días después de la visita de Varela, funcionarios de los tribunales militares visitaron Procemil. Dieron nueve libertades, prometieron a los demás privados de libertad que pronto se harían los trámites correspondientes para efectuar sus excarcelaciones. Aún esperan por la medida. A la lentitud de los traslados, de mantener gente que ya ha cumplido su condena y que debe estar libre, se le conoce como retardo procesal.
“A ello se le suma también el hacinamiento en Procemil, porque se trata de un espacio bastante reducido donde se encuentran actualmente 268 reclusos. Los privados de libertad fueron engañados en su buena fe. No han otorgado medidas cautelares, ni se han presentado los tribunales de control para realizar audiencias, por eso se produjo el motín”, asevera Pino.
El OVP registró que en el año 2018, la cantidad de privados de libertad en el país era de 46.775, y que la capacidad instalada de los 57 recintos de reclusión distribuidos en el país era de 20.776 plazas. Una sobrepoblación carcelaria crítica, que deviene en mayores niveles de violencia y detrimento de la salud de los presos.
Relata Pino que la mayoría de los detenidos en Procemil son funcionarios procesados por deserción. “Muchos decidieron irse del país por los problemas económicos que tenían. Cuando regresan, son verificados por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), y son detenidos al estar solicitados por deserción. Es un delito que no es grave, cuya pena es baja. Podrían salir con medidas cautelares. Pero desde marzo de este año —cuando fueron anunciados los primeros casos de covid-19 en el país— los tribunales están paralizados”.
De acuerdo con la organización no gubernamental Justicia Venezolana, en mayo de 2020 la cifra de militares detenidos en Venezuela se ubicó en 235.
Sin que los tribunales trabajen, sin respuestas, los detenidos en Procemil decidieron protestar.
Represión
El registro de lo ocurrido el 16 de julio llegó a los ciudadanos de Venezuela en forma de escenas inconexas. Los detenidos, de acuerdo con la abogada Pino, sin más armas que los insultos que proferían a los guardias nacionales, de sacudir violentamente las mallas de seguridad, de intentar prender sus colchones. Los organismos de seguridad, con equipamiento de guerra. Así inició el conflicto.
Siete heridos. La sangre empantanaba el suelo de Procemil, y ese olor a óxido se mezclaba con el del sudor, de la adrenalina. “¡Yo creo que usted, coronel, debe evaluar la situación! ¡Si hubiesen matado a alguien con armas de guerra cómo lo justifica usted! ¡Sabe que estamos reclamando un derecho!”, dijo a gritos uno de los reclusos durante un intento de mediación para disminuir la represión.
La evidencia del uso de armas de fuego quedó en la piel de los que recibieron disparos. Los heridos intentaban parar las fugas de sangre con retazos de franelas que buscaban desesperadamente.
En Procemil hay cuatro mujeres. Tres de ellas civiles. Y una de ellas se convirtió en madre en enero de este año, mientras estaba en custodia.
Entre detonaciones y gases, los reclusos intentaron poner al niño a salvo. “Tápense la cara, tápense la cara. Estamos tratando de poner al niño en un lugar seguro por los gases lacrimógenos”, dijo uno de los reclusos en un video. Para salir de sus celdas, las mujeres tuvieron que tumbar a patadas la puerta que las mantenía encerradas.
“Este coronel no puede quedar impune. Tiene que ser sancionado. Un niño que no ha cumplido ni un año está ahogado. Si ese niño muere dentro de las instalaciones ¿de quién será la culpa?”, dijo uno de los reclusos en un video mientras sostenía una bomba lacrimógena en la mano.
Carolina Girón, coordinadora del OVP, denunció lo ocurrido y exigió atención médica para los heridos y el bebé.
“Los presos grabaron videos de las presuntas agresiones, en los que además denuncian la violación de sus derechos humanos. Desde OVP clamamos por la integridad física y mental de estos privados de libertad, así como también exigimos atención médica para los heridos y para el bebé quien estuvo expuesto a gases lacrimógenos”, agregó Girón.
Hasta los momentos, se desconoce si los heridos fueron trasladados a centros médicos para ser atendidos apropiadamente.
Muerte
La revuelta también dio lugar al ajuste de cuentas pasadas, como todo momento de pasiones y confusiones. De la noche del 16 de julio, una persona resultó asesinada. Su nombre era Julio José Yánez Salazar, de 25 años de edad.
“Durante la confusión, fue apuñalado por otro recluso”, indica la abogada Raiza Pino, a quien no se le permitió la entrada a la medicatura forense. Los familiares de Yánez Salazar no habían podido retirar el cuerpo.
El joven fue uno más de tantas víctimas de la violencia del sistema carcelario nacional. Entre los años 1999 y 2018, han fallecido 7.270 reclusos en custodia de los organismos penitenciarios venezolanos.
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