Hemos asistido a un álgido debate en las últimas semanas, el cual se acentuó a partir de la emisión de un documento firmado por más de 20 organizaciones políticas democráticas, en el cual, se manifestaba que dichos partidos, no asistirían a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020, por cuanto las mismas se constituyen en una farsa electoral”, mediante la cual, Nicolás Maduro y su régimen, busca lavarse la cara ante la sociedad internacional para buscar oxígeno y recuperar legitimidad democrática, tanto de origen como de ejercicio.

A partir de allí, la opinión pública, pero sobre todo políticos y analistas de oposición se han enfrascado en una pelea cuerpo a cuerpo entre aquellos que piensan que hay que asistir sea como fuerea las elecciones, y aquellos que pensamos que no existen condiciones que hagan de este proceso electoral uno de carácter justo, libre y verificable. 

Como hemos explicado en muchas oportunidades, tanto dentro como fuera del salón de clases, desde 1999 ha habido un cambio trascendental en cuanto a identidad, intereses y percepciones de la democracia venezolana, que fue de un proceso de Democracia Representativa Liberal que permaneció desde la caída de la dictadura de Marcos Evangelista Pérez Jiménez, el 23 de enero de 1958 hasta 1999, cuando llegó a la presidencia Hugo Rafael Chávez Frías, dando así comienzo a la era de la Revolución Bolivariana.          

Hugo Chávez desarrolló desde 1999 hasta casi el momento de su muerte, en 2012-2013 una Democracia Iliberal o un “autoritarismo Competitivo” que no es otra cosa que un régimen que llega al poder por voto universal, directo y secreto, con lo que consigue la legitimidad de origen, pero ya una vez en el poder, comienza a asumir comportamientos y conductas crecientemente autoritarios.

Hugo Chávez, haciendo uso de su liderazgo carismático, de su populismo; a la par de las transformaciones que se fueron generando paulatinamente en el sistema político, ganó por lo menos 20 procesos electorales, siendo la excepción el referendo aprobatorio de la reforma a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que nunca se puso en entredicho en la sociedad internacional, su legitimidad tanto de origen como de ejercicio, esta última que se sustentaba, en la sensación de bienestar y de bonanza gracias a unos precios del petróleo que sobrepasaban los US$100/Bbl. 

Luego del fallecimiento de Chávez en 2013, llega a la presidencia Nicolás Maduro Moros, con la obligación, no solo de darle continuidad a la gestión de Hugo Chávez, sino que además le tocaba poner en práctica el llamado “Plan de la Patria”, que rezaba, siguiendo las consignas de Antonio Gramsci: “que ya la revolución había pasado su Punto de No Retorno, por lo que su objetivo estratégico debía ser la consolidación y definitivo establecimiento del Estado socialista-comunal”.

Empero las circunstancias no eran las mismas ni las más favorables para Maduro, quien obviamente no contaba ni con el carisma, ni las aptitudes populistas de su predecesor, y además tuvo que hacer frente a la caída de los precios del petróleo, que generaron obviamente una contracción en las políticas sociales distributivas aplicadas por la Revolución Bolivariana. 

En este orden de cosas, Maduro pierde las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, perdiendo también la hegemonía que requiere cualquier autoritarismo competitivo para mantenerse estable en el poder, a través del control de la arena legislativa. Así, la alternativa democrática alcanzaba la mayoría absoluta de 112 diputados a lo interno, mientras que en el continente se produce el llamado giro hacia la derecha en América Latina”, con lo que desde la OEA y desde diversas latitudes de América Latina se comienza a hablar del régimen venezolano como un “gobierno forajido”.

Muchos fueron los acontecimientos en 2017 y 2018 que hicieron que se percibiera un cambio en la naturaleza del régimen venezolano de un autoritarismo competitivo a uno de carácter hegemónico y donde además, Maduro perdió su legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio a los ojos de la sociedad internacional, primero con las elecciones no reconocidas en mayo de 2018 y luego con el desarrollo y agravamiento de una emergencia humanitaria compleja, que en pocas palabras, violentan los Derechos Humanos de los venezolanos: Aquellos inherentes a la persona humana; los derechos políticos, económicos, sociales y ambientales.  

Ante este estado de cosas, Nicolás Maduro y el proceso que encabeza necesita urgentemente tratar de lavarse la cara ante el mundo si quiere cumplir con el objetivo estratégico de permanecer y perpetuarse en el poder, retomar el control hegemónico del país sumado al dominio territorial que le ofrece la Fuerza Armada Bolivariana, y así cerrar el círculo totalitario de dominación.     

Por eso desde finales del mes de mayo de 2020, ha se llevado adelante un proceso de cooptación del poder electoral y de las Reglas y Condiciones electorales todas a su favor, siguiendo la premisa de que “la Revolución no iría a ninguna otra elección que no fuera capaz de ganar”

Maduro y su régimen ha decidido acelerar su deriva totalitaria para el control del país y definitiva instauración de la Revolución Bolivariana, a través de la acción de la Arena Judicial para ir “¡Al abordaje!” en similitud de la acción de los Piratas en altamar, del Poder Legislativo Nacional, primero a través de la violación de lo previsto de los artículos 295 y 296 de la Constitución vigente, que le otorga únicamente al Poder Legislativo, o lo que es lo mismo, a la Asamblea Nacional, a través de su Comité de Postulaciones, de la escogencia de los Rectores del CNE; haciendo que por una “supuesta omisión legislativa” se rompa uno de los principios fundamentales de cualquier democracia como lo es la división, autonomía y equilibrio de los Poderes Públicos, al designar el TSJ –Poder Judicial- dichas autoridades comiciales.

Subsecuentemente, y de la mano de Diputados opositores cooptados por vía del soborno a través de la Operación Alacrán, se procede al robo de las tarjetas, símbolos y siglas de los principales partidos políticos de Venezuela para crear una “Ficción de Plena concurrencia de los Partidos a las elecciones parlamentarias” siendo afectados Acción Democrática (AD) principal partido histórico de Venezuela, PRIMERO JUSTICIA (PJ) y más recientemente VOLUNTAD POPULAR (VP); partidos que concentran tanto la mayor cantidad de electores, así como las posiciones más firmes y confrontativas frente al régimen

Para finalizar este recuento de hechos, hay que llamar la atención respecto a la inclusión de una serie de novedades que llaman poderosamente la atención, en un proceso electoral como lo es el del 6-D 2020, que ha sido intervenido por el Poder Judicial, y en el cual se le ha dado ilegalmente una potestad legislativa al CNE y su directiva, bypasseando nuevamente a la Asamblea Nacional, con lo cual se rompe uno de los principales pilares de toda democracia moderna, el cual es el Principio de Autonomía, Equilibrio y División de Poderes. 

El número de escaños a elegir en el próximo parlamento unicameral del país, tradicionalmente de 167 bancadas, pasará a tener 227 diputados, lo cual representa un incremento de 66% del número de representantes, supuestamente para “adecuar la representación a los cambios demográficos del país desde 2015 a la fecha”. Resulta sumamente curioso que se realice este cambio en línea con un supuesto incremento demográfico, cuando la Emergencia Humanitaria Compleja ha hecho que por lo menos 5,5 millones de personas han salido de Venezuela desde 2018. Acá se cambian las reglas de Juego en lo que respecta al número de parlamentarios a elegir y sus mecanismos de adjudicación en lo que se refiere a los seleccionados por lista, los parlamentarios uninominales, y Diputados Nacionales y regionales. Específicamente, 48 de ellos serán electos por una lista nacional de “representación proporcional”, mientras que se mantendrán las 87 circunscripciones electorales.    

Esto sin duda es un nuevo atropello en la deriva autoritaria de un régimen que viola de nueva cuenta la Constitución y el Sistema de Partidos Políticos en Venezuela, en el intento de tratar de promover una elección no-competitiva con su propia “oposición” para tratar de influir en la Sociedad Internacional en función de obtener legitimidad. 

Todo esto sin contar que a la fecha, no se ha promovido una real depuración del Registro Electoral Permanente, tomando en cuenta el cambio de residencia de por lo menos 5.0 Millones de venezolanos, quienes tienen derecho a ejercer su ciudadanía de manera plena y escoger a sus legítimos representantes; y que hoy se les invisibiliza y excluye.

No se podría contar con Misiones de Observación Electoral Internacional verdaderamente técnicas, profesionales y que tengan acceso a todas las fases del proceso (antes, durante y después del mismo), como podrían ser las organizadas por la OEA y la Unión Europea, ya que ellas deberían haber sido invitadas por lo menos con 6 meses de anticipación. Se pretende insistir en la figura de “Visitantes” que no tengan incidencia real sobre las anomalías que pudieran surgir en el proceso. 

Persiste una política de Estado de Intimidación y Control Social, cosa que se ha profundizado e intensificado con la pandemia de la COVID-19. Esto sin duda dificultaría la presencia de testigos electorales en todas las mesas, además de lo relativo a la movilización “Express” de los votantes, o la colocación de los llamados “Puntos Rojos”, quienes realizar proselitismo político y fomentan el clientelismo político a partir de la asignación de dádivas a los electores como Cajas Clap, entre otros beneficios sociales.

Prosiguen violaciones a los Derechos Humanos, la existencia de Presos Políticos y de Conciencia, limitaciones a la Libertad de Tránsito por el territorio y actuación de grupos irregulares, cosa que sin duda imposibilitaría el desarrollo de una campaña electoral en igualdad de condiciones, etc.

Sumado a lo anterior, y dada la situación de censura, de cerco y bloqueo al Derecho a Informar que le impone el régimen a los medios de comunicación en Venezuela, sumado a la salida de Directv de Venezuela –empresa que poseía  44,12% del mercado de televisión por subscripción en Venezuela, con 2.052.407 usuarios, y su señal llegaba a los lugares más aislados- la Revolución Bolivariana podría estar jugando bien a la desinformación y/o a la confusión de los electores, sobre todo de los de las más bajas clases sociales, a los fines de que sigan votando por AD, PJ o VP creyendo que siguen siendo partidos contrarios a Maduro, cuando en realidad son estructuras clientelares al servicio de la Tiranía, que fueron coptadas gracias a la “Operación Alacrán”.

Definitivamente, para aquellos que dicen que así como se ganó las elecciones parlamentarias de 2015, se puede ir a las elecciones del 6-D de 2020 y dar la pelea; a ellos les decimos que las condiciones desde 2015 hasta acá han cambiado mucho, y que la decisión de no asistir a las elecciones no tiene que ver con abstencionismo, porque estamos seguros que hoy más que nunca, permanece viva la llama de la Democracia en los corazones de los venezolanos; más bien es una lucha por principios, una empresa que quiere que el voto sea la herramienta idea de transformación de nuestra sociedad en paz, por medio de unas elecciones verdaderamente justas y competitivas.

Lo que si no sería admisible es dejar de trabajar en la organización, concientización, articulación y movilización de los cuadros políticos de los diversos partidos, con un plan de acción claro que le ofrezca a Venezuela una hoja de ruta y unas banderas de lucha reales y conectadas a las necesidades y sentires más profundos de todos quienes vivimos en esta tierra de gracia. 

No ir a las elecciones no puede, ni debe ser parálisis; al contrario debe ser movilización, acción y lucha por la Libertad.   

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