- Los detenidos de la Comandancia General de la Policía del estado Yaracuy viven en condiciones extremas. El retardo procesal penal fue la causa de que se diera una de las más grandes fugas en los últimos años en Venezuela, de acuerdo con el OVP
A veces los presos no tienen otro medio para manifestar sus exigencias que su mismo cuerpo. Su propia carne. Una incipiente huelga de sangre en la Comandancia General de la Policía del estado Yaracuy es evidencia de ello.
El castigo de permanecer en el patio sin techo se debe a que, unos días antes, los detenidos del centro preventivo habían participado en la mayor fuga de presos que se ha registrado este año en el país, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
En la madrugada del 1° de agosto de este año, la avenida Caracas del municipio San Felipe de Yaracuy estaba inquieta. Los vecinos empezaron a cuchichear al percibir un movimiento extraño en la oscuridad. Lo que escuchaban eran los pasos de aproximadamente 100 reclusos que cruzaron 10 cuadras de alcantarillas, abriéndose paso entre las tuberías de aguas cloacales, para poder escapar y alcanzar la libertad.
A través de un hueco de dos metros por dos, atravesaron media cuadra desde las celdas hasta llegar a la tubería y de allí a una quebrada que va más allá del Parque San Felipe El Fuerte.
“34 se han recapturado, siguen tras la pista de 50 fugados y seis han sido ultimados por los organismos de seguridad durante la persecución”, señala el OVP.
Los nombres de los fallecidos, de acuerdo con el reporte de la organización no gubernamental, son: Juan Carlos Martínez Hernández, Naudan José Rodríguez Medina, Yonathan José González Gillarte, Miguel Arcángel Ramírez Rojas y Harold Daniel Cartaya Giménez. Una sexta persona aún no se ha identificado.
La razón de la fuga obedece, según activistas del OVP en Yaracuy consultados por El Diario, a la exigencia desoída de los privados de libertad:
Un centro preventivo “devenido” en centro penitenciario
La Comandancia General de la Policía de Yaracuy es un centro de detención preventiva que se estableció en la época del dictador Marcos Pérez Jiménez, cuando existía la seguridad nacional.
Ubicado en la avenida Caracas del municipio San Felipe, posee una capacidad de instalación de 80 privados de libertad. “En un país normal, donde se cumplen las leyes, un detenido debería estar 48 o máximo 72 horas en un sitio así, hasta que se presente formalmente por el delito que haya cometido o no”. La razón de ello, explica un abogado de OVP, es que los centros preventivos no cuentan con equipos multidisciplinarios, de atención integral, que permita a los detenidos redimir la pena, mediante el trabajo y el estudio. “Para que un privado de libertad llegue a ese esquema, debe ser evaluado por un equipo que comprende varias áreas”, señala.
Sin embargo, el OVP estima que había, previo a la fuga, una población aproximadamente de 800 detenidos. “Se trata de un hacinamiento de casi 1.000 %”, indica un activista consultado por El Diario. “Prácticamente se ha convertido en un centro penal, aunque ya existe un centro penal en la región”, acota.
Al hacinamiento de la comandancia se suman otros problemas de infraestructura, propios de instalaciones que llevan más de medio siglo construidas. Las lluvias, los cuartos colapsados de aguas negras, el tener que vivir en medio de paredes resquebrajadas y la pestilencia. Parte de las condiciones del lugar se denunciaron en redes sociales.
A los detenidos, de acuerdo con el OVP, no se les proporciona comida ni agua. “Desde hace años no lo hacen”, dijo. Tampoco les ofrecen atención médica integral -general, odontológica o incluso psicológica-, “la cual debe ser obligatoria por parte del Estado”.
La protesta y la exigencia de mejores condiciones de reclusión se libra dentro y fuera de los muros. “Tanto los privados de libertad como los familiares, que van día a día a los organismos jurisdiccionales, solicitan siempre que les respeten sus derechos humanos”.
Enfermedades
Carolina Girón, coordinadora nacional del OVP consultada por El Diario en un reportaje previo, aseguró que 73,46% de los presos fallecidos en las cárceles venezolanas murieron por desnutrición o tuberculosis. La cuarentena ha exacerbado esta situación.
Otras de las enfermedades comunes entre los presos son: patologías en la piel, escabiosis, colostomía, complicaciones respiratorias.
Aunque previo a la cuarentena se trasladaban medicamentos desde Caracas a la comandancia, la atención de la salud de los privados de libertad siempre ha sido deficiente, de acuerdo con el activista del OVP. Los familiares llevaban agua potable y comida, pero todo cambió desde el inicio del confinamiento.
“Me he reunido con los familiares de algunos de los presos y no han tenido acceso al establecimiento. Y los tribunales no están trabajando, por lo tampoco ha habido avances para solventar el retardo procesal. Aunque estas problemáticas tienen años. No empezaron con la cuarentena”, aclara.
Protestas en la comandancia
En enero de este año, los presos de la comandancia general iniciaron una huelga de hambre para protestar en contra del hacinamiento, el retardo procesal y además los maltratos por parte de los funcionarios.
“El trato de los guardias siempre ha sido agresivo, esa es otra de las razones por las que se inició el intento de huelga de sangre después de la fuga. Afortunadamente, los demás privados de libertad no se sumaron a ello”, indicó el activista de la OVP.
Los familiares de los detenidos viven en zozobra y preocupación. Ante la falta de información de los cuerpos de seguridad del Estado, el OVP ha exigido que se informe quiénes son los detenidos recapturados, que se respete el debido proceso penal de los privados de libertad y que se resuelva el grave problema de hacinamiento.
Este artículo de El Diario fue editado por: Irelis Durand |José Gregorio Silva | Yazmely Labrador | Génesis Herrera.
