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- Las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos en Venezuela, estuvieron durante años documentando los abusos de poder y llevándolos a instancias internacionales
Luego de esta publicación del informe de la Misión internacional independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas ONU, las organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan por la defensa de los derechos humanos como Provea, Cepaz y Justicia, Encuentro y Perdón, aseguraron en exclusiva para El Diario que el documento, de 443 páginas, refleja la grave realidad de la situación en materia de DD HH de Venezuela.
La Misión publicó este 16 de septiembre un informe donde acusó al régimen de Nicolás Maduro de crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos.
El texto señala que las detenciones en algunos casos equivalen a desapariciones forzadas de corta duración con torturas, tratos crueles, incluidos actos de violencia sexual.
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Provea: El informe llega en el momento adecuado
Rafael Uzcátegui, director del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), expresó que está “totalmente” de acuerdo con la información de la Misión. Indicó que el informe “reivindica” el trabajo que han realizado la sociedad civil y los familiares de las víctimas de violación de derechos humanos.
“Creo que el informe refleja de una manera muy fidedigna la gravedad de la situación venezolana. Provea va a continuar alimentando de información a los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos que ya están activos trabajando en Venezuela para que así se pueda crear más presión sobre los culpables de los crímenes de lesa humanidad”, sentenció Uzcátegui.
Resaltó que el informe de la misión de la ONU llega en “un momento importante y adecuado” para hacerle ver a la comunidad internacional. Asegura que ya no hay excusas para sugerir que no hay la suficiente información sobre lo que sucede en el país en materia de DD HH.
Cepaz: Las ONG impulsamos la creación de la Misión
Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), afirmó que el informe de la Misión refleja que existen patrones de criminalidad donde el régimen de Venezuela tiene responsabilidad.
La directora ejecutiva señaló que nunca es tarde para visibilizar las graves violaciones de los DD HH que ha perpetuado la administración de Nicolás Maduro o la de cualquier país. Recordó que las ONG de derechos humanos fueron partícipes en la creación de esta Misión que permitió identificar las ejecuciones extrajudiciales que realizan las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) por órdenes del régimen.
La Misión examinó 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes. En el documento se concluye que el régimen de Venezuela y los agentes estatales ordenaron y contribuyeron con violaciones flagrantes de los derechos humanos.
Justicia, Encuentro y Perdón: El informe es un aliento para las víctimas
Martha Tineo, coordinadora general de la organización Justicia, Encuentro y Perdón resaltó que la llegada del informe es oportuna tomando en cuenta el esfuerzo de la sociedad civil por documentar y mostrar los abusos y tratos crueles del régimen de Maduro.
Afirma estar de acuerdo con lo recabado en el informe de la Misión. Sostiene que el texto representa la realidad y la verdad por la que muchas organizaciones de los derechos humanos han trabajado por años.
¿Es posible avanzar en una acusación penal internacional contra el régimen de Nicolás Maduro?
Beatriz Borges resaltó que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ya ha iniciado una investigación en contra del régimen de Maduro, sin embargo, aún no se ha concretado una acusación definitiva. Aseguró que gracias al informe es probable que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) realice una investigación en contra del líder chavista.
“Los insumos que brinda la Misión de Determinación de Hechos en su informe debería impulsar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a realizar la investigación en contra de Nicolás Maduro, de altos cargos Ministeriales e incluso de funcionarios de los distintos cuerpos policiales y militares de Venezuela”, ratificó Borges.
Aseguró que es probable que en la CPI se inicie una acusación en contra de Maduro y su entorno luego de la publicación del informe.
¿Qué implicaciones tiene el informe?
Los expertos en derechos humanos aseguraron que el informe tiene implicaciones fuertes, ya que puede ser remitido a la Fiscalía de la CPI y así impulsar una acusación. Además afirmaron que va a permitir que la discusión del tema Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU podría generar más presión sobre el régimen venezolano.
“Tiene todas las implicaciones posibles. Esta Misión está integrada por investigadores expertos internacionales que se han dedicado a hacer una investigación absolutamente transparente e imparcial respecto a estos hechos”, detalló Tineo.
Rafael Uzcátequi resaltó que el informe tendrá muchas implicaciones en la discusión internacional sobre la situación venezolana, sobre el tipo de presiones que se deberían implementar. “Al ser un organismo con una alta experticia técnica, se convierte en un documento que es muy importante para la comunidad internacional”, acotó.
Beatriz Borges explicó que la importancia de las Misiones independientes de investigación de hechos, radica en que han tenido un valor importante para evitar que las graves violaciones a derechos humanos perpetradas queden en la impunidad.
Destacó que en la mayoría de los casos, las conclusiones han sido utilizadas por distintas instituciones internacionales y nacionales para proceder a la determinación de responsabilidades individuales. “Este es un gran primer paso hacia la justicia”, sentenció Borges.
¿Cómo hacer que los responsables rindan cuenta?
La Misión internacional independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU señala expresamente como responsables de los crímenes de lesa humanidad a Nicolás Maduro, Nestor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz y Vladimir Padrino López, ministro de Defensa.
Beatriz Borges directora ejecutiva de Cepaz recordó que estos funcionarios, al igual que muchos otros del régimen, tienen una restricción de libertad de facto.
“De salir del territorio venezolano, corren el riesgo de ser privados de libertad y juzgados en cualquier otro Estado democrático. Además, el deber de responder por crímenes de lesa humanidad no prescribe, por lo que esas restricciones se perpetúan de aquí al futuro”, aseguró Borges.
Por su parte, Uzcátegui (de Provea) explicó que en una situación “normal” sería el propio Estado el que toma las decisiones para investigar y sancionar a los responsables de los crímenes. Añadió que como en Venezuela no existe separación de poderes, solo queda apelar a los organismos internacionales.
“Hay que acudir a las instancias internacionales de protección para que los responsables puedan rendir cuentas. La mayoría de los mecanismos de respeto de los derechos humanos son mecanismos que se basan en los buenos oficios diplomáticos y los compromisos de buena fe de los diferentes Estados”, destacó Uzcátegui.
Las organizaciones pro defensa de los derechos humanos mantienen las esperanzas de que gracias al informe de la Misión internacional independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas se pueda obtener justicia sobre tantos crímenes de lesa humanidad.
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