- El director de la organización civil Súmate, Francisco Castro, explicó para El Diario las condiciones necesarias para que se efectúen elecciones parlamentarias justas y transparentes. Denunció además la violación del sistema de adjudicación de escaños. Foto: EFE
Quedan 45 días para que se efectúen en Venezuela las elecciones parlamentarias convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Mes y medio para un evento en el que aún persisten, de acuerdo con organizaciones civiles, muchos obstáculos para que se realicen comicios justos que contribuyan para solucionar la crisis institucional que atraviesa el país. Entre ellos, la auditoría del nuevo sistema de votación, cuyas máquinas fueron presentadas el pasado 9 de octubre en un evento oficial de la autoridad electoral.
“El proceso garantizaría, entre otros aspectos, que los votos que se emiten sean los votos que se totalizan, que haya un voto por persona. Que se asegure el secreto del voto, y la integridad del sistema”, detalló.
Señaló que en Venezuela el sistema automatizado de votación ha contado, en los últimos procesos electorales, con un conjunto de auditorías que permitían asegurar la integridad del voto en términos de sistema. “Los votos que se emitían en el sistema eran iguales a los de las papeletas, y estos últimos eran iguales a los de los cuadernos. Todo era coincidente y de no ser así se podría determinar”.
Dicho método fue lo que, según Castro, permitió que se determinara el fraude electoral ocurrido en el estado Bolívar durante las elecciones del año 2017, “donde se manipularon los resultados de 13 actas”. Agregó que: “Eso no fue culpa del sistema, sino de las autoridades del CNE”.
De las nuevas máquinas de votación se sabe, por información difundida por el rector del CNE, Carlos Quintero, que cuentan con una pantalla táctil y con autonomía de 10 horas de funcionamiento, gracias a una batería de litio que permite el funcionamiento sin electricidad externa. El nombre de los nuevos dispositivos es EC21, y pretenden sustituir a las máquinas dañadas durante un incendio ocurrido en los galpones del CNE a mediados de marzo.
La auditoría más reciente, llevada a cabo el pasado 15 de octubre, dejó ver que se intenta mantener los métodos de trabajo en lo referente a los protocolos de seguridad, de acuerdo con información del periodista de El Diario, Eugenio Martínez.
“De los programas nada se sabe aún, solo que el nombre ExClé aparece en todos lados. En la primera presentación los funcionarios del CNE dejaron caer esta perla: (parafraseo) la máquina sabe de quién es el voto emitido, pero no importa porque no sabe por quién había votado esa persona. (esto requiere más y mejores auditorías)”, indicó Martínez.
Para Francisco Castro, es “absolutamente imposible que un grupo de expertos certifique la eficiencia del sistema” a estas alturas.
Condiciones justas
A lo largo de este año, Súmate ha denunciado las irregularidades que se han cometido en las etapas del proceso electoral. “Hemos dicho que el camino debe ser reconstruir las condiciones para que los comicios puedan cumplir con los estándares que se requieren y sean reconocidas, que cumplan con todos los parámetros de la ley”, indica Castro.
El director de la organización civil refirió que hay tres grandes grupos de condiciones que deben ser acatadas.
El primero es el referente a la propia autoridad electoral, que fue, en este caso, designada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). “Queda claro a la vista lo que ha sucedido con los rectores del CNE, que no fueron designados de acuerdo a la Constitución y no cumplen con los requisitos constitucionales para asumir esas funciones, lo cual es una doble violación a la norma. Las autoridades no deben obedecer a tendencias políticas específicas, y ha quedado evidenciado que los rectores sí pertenecen a representaciones partidistas particulares, lo cual los inhabilita”.
Asociado a esa condición, la modificación de actividades en el cronograma es otro aspecto sobre el que alerta Castro.
“Con este nivel de cambios, no había ocurrido nunca antes. Tenemos un cronograma electoral que es apenas una referencia, ya son muchísimas las actividades que han sido replanteadas, teniendo en cuenta que es sumamente complicado organizar un proceso electoral. Las normas electorales señalan claramente que no pueden haber modificaciones que luego de que haya sido publicado el cronograma electoral. De hacerse, debería ser bajo una justificación, una resolución o una publicación en Gaceta Oficial. 28 actividades han sido modificadas en el cronograma. 30% de las actividades del cronograma han sufrido modificaciones, esto es sumamente grave”, denuncia Castro.
El segundo aspecto es el relacionado con el Registro Electoral (RE) establecido por el CNE. “Había que hacer una actualización del registro electoral de 4.200.000 ciudadanos, pero se habilitó un proceso ampliamente insuficiente para lograr estas metas, con puntos distribuidos de manera sesgada. Solo se logró la inscripción de 200.000 personas aproximadamente”, aseveró.
El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) denunció, el pasado 30 de julio, que los puntos de actualización del registro (551) fueron insuficientes. Pese a que hubo una prórroga, en un comunicado difundido en su sitio web, la organización civil consideró que la medida “no maquilla siquiera los factores determinantes de unos resultados que seguramente dejaron mucho que desear; esto es, la poca promoción que se hizo del evento, el escaso tiempo del cual se dispuso, un número insuficiente de oficinas de centros para el Registro, el hecho de que las dependencias encargadas de la cedulación no intervinieran activamente en la jornada estando muchas de sus oficinas cerradas y, finalmente, pero no por ello menos importante, la pandemia”.
Paralelo al RE, la criminalización de los partidos políticos por parte del régimen continúa. Castro reiteró, desde Súmate, la denuncia sobre las designaciones ad hoc de al menos nueve organizaciones nada más en los últimos meses.
Por último, la libertad con la que los ciudadanos pueden asistir a las elecciones, a juicio de Castro, está comprometida. Las razones: la compra de votos, intimidación e incluso la campaña anticipada, “con recursos del Estado”. Agregó además que: “Las declaraciones del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, de que no iba a dejar que la oposición tomara el poder en Venezuela, son sumamente preocupantes, teniendo en cuenta las responsabilidades técnicas de las Fuerzas Armadas en el Plan República”.
“Violaron la Constitución al cambiar el sistema de adjudicación de escaños”
Como sumamente graves calificó Francisco Castro las modificaciones que se hicieron en el sistema de adjudicación de escaños en estas elecciones parlamentarias.
“En primer lugar, violaron la Constitución. El artículo 186 explica taxativamente cuál es el número de diputados que debe tener la Asamblea Nacional, y aumentaron el número de diputados de forma grosera. Además, violan el respeto al principio de la proporcionalidad, ya que la forma en la que están distribuidos los escaños no garantizan la proporcionalidad”.
Para Castro, el sistema es tan injusto que un partido minoritario “podría lograr dos terceras partes del Parlamento”, por lo que no duda en calificarlo como un sistema de minorías.
Para Castro, el incremento de diputados se hizo teniendo en cuenta criterios políticos que podrían favorecer al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
“Si hacemos un análisis mucho más específico, podemos ver que hay estados en los cuales la oposición ha tenido un rendimiento histórico superior en términos de votación, y en donde la cantidad de votos que deben obtenerse para lograr un diputado es muy superior a los estados en donde el oficialismo ha tenido un mejor desempeño en términos de votos”.
El PSUV, explica, tiene el 60% de su respaldo en estados pequeños y en poblaciones rurales. “En Amazonas, por ejemplo, se elige un diputado por cada 29.000 habitantes, mientras que en el estado Zulia se elige un diputado por cada 175.000 habitantes. Eso lo que quiere decir es que los habitantes del Zulia tienen menos diputados. El Amazonas tiene una representación, en términos proporcionales, mayor al estado Zulia”, aclara.
Hay estados donde hay una “clarísima sobrerrepresentación”, de acuerdo con Castro, como Amazonas, Apure, Cojedes, Delta Amacuro, Vargas, Yaracuy, Sucre, Portuguesa.
Poco más de mes y medio es lo que queda. Por el momento, ya parte de la comunidad internacional decidió rechazar los comicios.
La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución de rechazo en contra de las elecciones, con 21 votos a favor, cuatro en contra y nueve abstenciones. Y el régimen se mantiene firme en efectuar el proceso de votación en diciembre, pese a la pandemia por covid-19.
