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- La relación con Venezuela es uno de los temas que ha marcado la política exterior del gobierno de Donald Trump durante casi todo su mandato. Las sanciones y el apoyo al gobierno interino de Juan Guaidó, son su centro de acción para sacar del poder al régimen de Nicolás Maduro
Estados Unidos y Venezuela eran muy buenos amigos hasta que llegó Hugo Chávez al poder en 1999. La relación política desde entonces fue tensa y en 2010 ambos países retiraron sus embajadores. No obstante seguían siendo socios comerciales, básicamente petroleros. En 2015 el presidente Barack Obama declaró a Venezuela una amenaza para la seguridad de su país, comenzaron las sanciones individuales, pero los buques seguían yendo y viniendo.
El gran giro se produjo en agosto de 2017, cuando de la mano del presidente Donald Trump se agregaron las sanciones sectoriales y con ellas el colapso definitivo de la relación. Además, la Justicia estadounidense avanzó en casos contra las cabezas del chavismo, poniendo incluso una recompensa por su captura, bajo la acusación de ser integrantes de una red de narcotráfico.
El rentismo petrolero venezolano respiraba gracias a la venta de crudo a Estados Unidos y de comprarle los insumos necesarios para procesarlo, así como gran variedad de mercancías. Esa dinámica se rompió por completo con las sanciones, dándole un la estocada final a una industria petrolera que ya venía en decadencia producto de la mala gerencia y la corrupción. Con ello la economía venezolana terminó de colapsar.
A más de tres años de impuestas las primeras sanciones económicas, la relación política está en un punto muerto, el comercio en mínimos históricos y el país sumergido en una densa crisis humanitaria. Tanto Trump, como Joe Biden, el candidato demócrata a la presidencia, abogan por elecciones libres y la salida de Maduro, lo que no está claro es cuál es la estrategia más efectiva para lograrlo y el rol de las sanciones en ese proceso, sobre el que existe un intenso debate.
¿Qué pasará con las sanciones si gana Joe Biden?
El regreso de los demócratas a la Casa Blanca marcaría un cambio en la forma de acercarse a la crisis venezolana. “Una administración Biden no buscaría desmantelar las sanciones contra Venezuela de inmediato, y ciertamente no sin mayores concesiones del régimen de Maduro”, señala Paul Angelo, exfuncionario del Departamento de Estado y especialista en temas latinoamericanos del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, en inglés), en una comunicación electrónica para El Diario.
Un asesor de alto nivel de Biden dijo recientemente al New York Times que el líder demócrata buscaría establecer negociaciones con Maduro una vez que haya fecha para unas nuevas elecciones y presionarlo a que se comprometa a organizarlas de manera justa.
“El objetivo final de la presidencia de Biden sería utilizar las sanciones y el alivio de las sanciones de una manera inteligente y multilateral para dar paso a elecciones libres y justas en Venezuela”, agrega Angelo.
Una de las preocupaciones que generan las sanciones son sus efectos colaterales, en el sentido de que no solo afectan la capacidad económica del gobierno de facto, sino que han “aumentado los costos de transacción y han ralentizado la labor tanto del sector privado como de las organizaciones de ayuda humanitaria, cuyas cuentas y transacciones bancarias son frecuentemente bloqueadas”, señalan Moisés Rendón y Claudia Fernández en un artículo del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, en inglés).
Uno de los efectos inmediatos de las sanciones, especialmente a partir de 2019, fue el desplome del comercio entre Venezuela y Estados Unidos. Gracias al boom de los precios del crudo, en 2008, el total de comercio entre ambos países alcanzó su máximo histórico de $64.014 millones, de los cuales $51.402 millones correspondieron a exportaciones venezolanas, de acuerdo con datos de la Oficina de Análisis Económico (BEA, en inglés).
Conforme fue cayendo el precio del crudo y la producción de Pdvsa, las cifras tanto de importaciones como de exportaciones fue en declive. En 2018, año previo a la prohibición de compra y venta de productos petroleros, las estadísticas estadounidenses reflejan un comercio total entre las dos naciones de $19.063 millones, una caída de 70% con respecto a su pico histórico. Entre enero y agosto de 2020 (último dato disponible) el total del comercio es de $794 millones (1,2% del récord de 2008).
Pero las sanciones son de amplia aplicación y limitan los negocios petroleros que Venezuela puede hacer con otros países con un efecto inmediato en el comercio exterior del país. Una estimación del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) indica que las importaciones totales de Venezuela cerrarán este año en $6.200 millones, una caída de 52%, en comparación con 2019. Mientras, las exportaciones registrarán una baja de 68%, al culminar en $7.500 millones (apenas 7% del total del año 2012, cuando se batió el récord histórico).
¿Qué pasará con las sanciones si gana Donald Trump?
Un segundo mandato de Donald Trump supondría una continuidad de la estrategia de sanciones, aunque el mandatario no descarta reuniones o conversaciones directas para negociar su salida (como de hecho ocurrió en octubre). La permanencia del republicano en la Casa Blanca sí garantizaría un reconocimiento de Guaidó más allá del 5 de enero de 2021, cuando vence el periodo constitucional de la actual Asamblea Nacional, único órgano de poder legítimo en Venezuela.
A diferencia de su antecesor, Barack Obama, el presidente Trump ha marcado una línea más dura contra Maduro y se convirtió en el principal aliado internacional de la oposición venezolana y de Guaidó como mandatario interino. Por el lado de las iniciativas que se han presentado en el Congreso estadounidense, principalmente de apoyo económico, han contado con el apoyo de miembros de ambos partidos.
En una audiencia ante el Senado, el enviado especial de Trump para Venezuela, Elliott Abrams, afirmó en agosto que Estados Unidos es el principal donante de ayuda humanitaria para el país con un monto total de $856 millones en asistencia desde el año 2017.
“En un segundo mandato el presidente puede ir en cualquier dirección: vamos a hablar con él (con Maduro), vamos a sacarlo a patadas, vamos a incrementar la presión… Puede suceder cualquier tipo de cosa, pero algo va a suceder”, asegura Juan Cruz, director del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en una entrevista con Infobae.
No obstante, las críticas a la falta de resultados concretos de la estrategia de sanciones es cada vez más intensa, así como los llamados a reformarlas o simplemente levantarlas por completo.
“El reciente intento de la administración (de Trump) de negociar directamente con el círculo íntimo de Maduro ha expuesto la insuficiencia de las sanciones de la administración como una herramienta punitiva para sacar a Maduro del poder”, señala Angelo.
Un informe del economista Luis Oliveros publicado por la organización Defensa de los derechos humanos en las Américas (WOLA, en inglés), señala que incluso considerando el declive en la producción petrolera que venía arrastrando Pdvsa (antes de 2017), las sanciones le han impedido a la estatal petrolera recibir ingresos estimados en $30.949 millones.
“Las sanciones tienen un efecto directo en la industria petrolera del país, generando una importante disminución en los ingresos fiscales en divisas, trayendo consecuencias negativas en la brecha fiscal, en el nivel de las importaciones y la actividad económica”, concluye Oliveros.
La producción petrolera venezolana se encuentra a niveles de los años 40, con un bombeo estancado en los 390.000 barriles diarios de crudo, acumulando 19 meses (hasta septiembre) por debajo del millón de barriles diarios. La prohibición de comerciar con Pdvsa, impuesta en febrero de 2019, representó el fin de una larga historia de comercio petrolero con Estados Unidos.
“Incluso si la administración Trump introduce nuevas sanciones contra Maduro, éstas se aplicarían unilateralmente y, por lo tanto, es poco probable que aíslen y limiten al régimen”, agrega Angelo, quien asegura que hasta ahora Estados Unidos ha trabajado de forma desarticulada con socios claves como los europeos.
Con quien sí se ha articulado Trump para presionar a Maduro es con varios países latinoamericanos, a través del Grupo de Lima. Una presión política más que todo. Además, lanzó en abril de este año una enorme operación antinarcóticos, que según Abrams “le ha costado a los cárteles de la droga y a Maduro $3.000 millones”, por el decomiso de 100 toneladas de cocaína y marihuana.
Abrams dijo también que se está considerando una lista de empresas turcas que hacen negocios con el gobierno de Maduro para definir sanciones en su contra. Esta iniciativa seguiría la que se viene aplicando a compañías rusas e iraníes, principales aliados del régimen chavista.
Es difícil encontrar en la historia reciente de la relación entre Venezuela y Estados Unidos unas elecciones en el país del norte que sean tan significativas para los venezolanos y aunque Maduro asegure que no ve diferencias entre Biden y Trump, y, por otro lado, Guaidó no exprese públicamente su preferencia por uno o por otro, los resultados de los comicios tendrán un impacto significativo para el desarrollo de la crisis.
