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- José Antonio Oropeza, abogado y magíster en derechos humanos, señaló para El Diario que dicha medida podría obstaculizar el trabajo de las organizaciones civiles extranjeras
Una nueva resolución estableció el Registro Especial Automatizado de Organizaciones No Gubernamentales No Domiciliadas (Regong).
Dicha medida, publicada en Gaceta Oficial el 19 de octubre del año en curso y emitida en conjunto por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el de Interiores, Justicia y Paz, propone que las ONG que carezcan de domicilio en el territorio venezolano deban obtener una certificación en el registro. Esto como condición para poder laborar en el país.
Como justificación de la medida, el régimen venezolano indicó que se pretende proveer, a través del registro, “de elementos mínimos que les permitan realizar un acompañamiento cabal de sus actividades, vigilar y prevenir el fomento y desarrollo de cualquier actividad que resulte en delincuencia organizada, el terrorismo y su financiamiento, tráfico ilícito de drogas y otras actividades ilícitas”.
Resolucion ONG Internaciona… by El Diario
José Antonio Oropeza, abogado y secretario general de la Coalición por Venezuela —un conglomerado de organizaciones no gubernamentales que trabajan por mejorar las condiciones de vida de los venezolanos dentro y fuera del país—, señaló para El Diario que dicha medida podría afectar la acción de las ONG en el territorio nacional.
“Definitivamente están tratando de jugar a cuadro cerrado con la finalidad de que las ONG que no tienen filiales en el país, cuyo accionar se realiza en conjunto con asociaciones en Venezuela, tengan responsables en el territorio nacional”, dijo Oropeza.
Para ello, la resolución exhorta a las organizaciones no gubernamentales no domiciliadas en Venezuela a establecer una dirección fija o un representante identificado en el país que pueda ser consultado por los organismos del Estado.
Explica Oropeza que las organizaciones ahora deben enmarcarse en el plan de respuesta humanitaria del sistema de las Naciones Unidas. El mismo contempla a la Agencia para los Refugiados de la ONU (Acnur) y la Organización Internacional de Migrantes.
Dentro de los objetivos específicos de dicho programa, acota el abogado, las organizaciones deben acoplar su accionar para asegurar los medios de vida mediante un mejor acceso a los servicios básicos. Así como garantizar la protección de las poblaciones más vulnerables.
“En base a ello, enfáticamente se ordena que, para ‘preservar el Estado de Derecho’, toda las ONG deben ajustarse al plan de respuesta de emergencia humanitaria”, refiere Oropeza.
Sin embargo, el secretario general de la Coalición por Venezuela advierte que muchas organizaciones no trabajan de esa forma. Tampoco poseen una sede fija en el país.
Obstáculos
De acuerdo con Oropeza, la labor de las organizaciones no gubernamentales extranjeras en Venezuela es de asesoría y otorgamiento de recursos.
“La práctica de asociaciones extranjeras consiste en desarrollar proyectos, captar recursos y generar puentes emocionales con ONG nacionales para aportar a proyectos locales. Es preocupante entonces el establecimiento de ese registro, porque limita ese razonamiento”, indica Oropeza.
Advierte que la medida podría disuadir a muchas organizaciones para que disuelvan su vínculo “afectivo, emocional y laboral” entre asociaciones, al no poder contar con sedes fijas o representantes en el país.
Para Oropeza, las ONG no van a querer exponer a sus oficiales en Venezuela. “Esto supone además violaciones a la libre asociación, al libre trabajo. Y preocupa que se haga mención a la prevención del terrorismo. O a la asociación de capitales, términos que el régimen de Nicolás Maduro ha usado para inflingir terror psicológico en la colectividad”.
ONG venezolanas en el exterior
La labor de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela ha sido crucial durante la emergencia humanitaria en el país. Señala Oropeza que a partir de la crisis migratoria de venezolanos, que hoy se ubica en 5.400.000 venezolanos fuera del país, han creado miles de ONG que no han perdido el “puente emocional” con su patria.
“Todas buscan aportar a la superación de la vulnerabilidad de los venezolanos en los países de acogida y en la transferencia de recursos en metálico a Venezuela. El hecho de que muchas no tengan oficinas de base en el país, como dije, complicará su accionar en Venezuela”.
Asevera Oropeza que se viola el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que manifiesta que todos han nacido libres e iguales. “También el artículo 18, que se refiere a la libertad de pensamiento, el 19, que concierne a la libertad de expresión, porque limita la libertad al trabajo a través de un registro de la labor de las ONG a realizar un trabajo por los DD HH de otros ciudadanos”.
“Hay un trato discriminatorio hacia otros programas o proyectos que puedan estar interesados en desarrollar una labor en Venezuela”, concluyó.
Mientras que el régimen parece querer limitar el radio de acción de las ONG en medio de una de las crisis humanitarias sin precedentes en el país, muchas trabajan, incluso bajo la criminalización y con las uñas, para poder aportar a los ciudadanos que viven en Venezuela.
